PACHUCA. – El exsubsecretario de Finanzas de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Pablo P.M., quien actualmente enfrenta un proceso por peculado, distrajo 68 millones 795 mil 10 pesos de la administración pública cuando tenía acceso al dinero de al menos cinco cuentas bancarias del Instituto Hidalguense de Educación, de pagos correspondientes a nóminas y programas educativos de los años 2012 y 2013.
Las distracciones que en la SEPH se realizaron en perjuicio de la administración pública suman 686 millones 999 mil 974 pesos, ilícito que presuntamente se realizó en coautoría con José Antonio T.D., ex subdirector de recursos financieros de la dependencia, ambos, figuraron en la administración del exgobernador José Francisco Olvera Ruíz.
Sin embargo, este día en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Poder Judicial del Estado de Hidalgo se llevó a cabo una de tres audiencias intermedias que enfrentará el ex subsecretario de Finanzas, quien arribó a la sala tres con su uniforme de reo, camisa blanca y chaleco café.
Dicho proceso corresponde a la causa penal 354/2016, mediante la cual se le imputa el desvío de 68 millones 795 mil 10 pesos, que distrajo en su desempeño en el gobierno estatal que culminó el 4 de septiembre de 2016.
TRANSFERENCIAS Y EXPEDICIÓN DE CHEQUES
Durante la formulación de la acusación que expuso el Ministerio Público al juez de control Ciro Juárez González, quien presidió la audiencia, se narró de manera cronológica la distracción de más de 68 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública estatal.
Cuando Pablo P.M. laboró en dicha dependencia tuvo acceso a cinco cuentas asentadas en la institución de banca múltiple grupo financiero Santander México, Banorte y en el Banco Nacional de México (Banamex).
A través de esas cuentas bancarias expidió durante el año 2012 cinco cheques a nombre de José Antonio T.D., quien en ese entonces se desempeñó como subdirector de recursos financieros de la SEPH.
El primero de los cheques se otorgó por 9 millones 200 mil pesos; un segundo documento por 9 millones 800 mil y un tercer cheque por un millón 300 mil pesos.
La cuarta y quinta póliza refieren a 1 millón y 400 mil pesos respectivamente, dinero que en su conjunto suman 21 millones 700 mil pesos, del total de la cantidad que se le imputa en la causa penal 354/2016.
Al año siguiente, en 2013, el imputado por peculado ordenó transferencias bancarias a una cuenta de Santander, dinero que del 13 de febrero al 11 de noviembre de ese año fue entregado en efectivo al subdirector de recursos y coautor del ilícito, José Antonio T.D.; esto, a través de la Compañía Mexicana de Traslado de Valores (Cometra) S.A. de C.V.
Este ente que se encarga de la recolección, custodia y entrega de valores en un determinado destino, llevó 47 millones 95 mil 10 pesos en efectivo que realizó a través de cuatro entregas.
La primera, data del 13 de marzo de 2013 por 11 millones 600 mil pesos; cuatro meses después, en julio Cometra entregó a José Antonio T.D., 12 millones 498 mil 750 pesos.
Mientras que en septiembre otorgó 11 millones 498 mil 560 pesos, la última entrega de valores se hizo el 11 de noviembre de 2013 por la cantidad de 11 millones 497 mil 700 pesos.
En total el Ministerio Público contabilizó 68 millones 795 mil 10 pesos que se distrajeron en perjuicio de la administración pública. De los cuales, 21 millones 700 mil pesos se desviaron en 2012 y 47 millones 95 mil 10 pesos en 2013.
PIDEN PENA MÁXIMA PARA PABLO
En Hidalgo, el Código Penal señala que comete el delito de peculado aquel “servidor público que para su beneficio o el de otra persona física o moral, se apropie, utilice o distraiga dinero, valores, fincas o cualquier otro bien perteneciente a los Poderes del Estado, Dependencias o Entidades de la Administración Pública”
Por lo que durante la audiencia intermedia el Ministerio Público peticionó una pena máxima de 12 años, así como la reparación del daño por más de 68 millones de pesos y una multa de 380 Unidades de Medida de Actualización (UMA) que significarían más de 30 mil 600 pesos.
Además, el imputado Pablo P.M. sería suspendido de sus derechos electorales y tampoco podrá ejercer cargos públicos durante 12 años; es decir, el mismo tiempo de pena que propone la fiscalía.
Tras esta audiencia, el procedimiento continuará con el juicio oral, en donde le Ministerio Público expondrá 12 pruebas testimoniales, cuatro periciales y 67 documentales.
Cabe recordar que fue el 9 de noviembre de 2018 cuando aprehendieron al ex subsecretario de Finanzas de Educación Pública de Hidalgo en el estado de Morelos, desde esa fecha y hasta el momento continua su proceso por peculado recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, toda vez que un juez de control dictó como medida cautelar la prisión preventiva.
Sin embargo, el desvío de 68 millones de pesos no es el único proceso penal que enfrenta, sino que también está vinculado por peculado en las causas penales 355/2016 por la cantidad de 126 millones 871 mil 653 pesos y 362/2018 por un monto que alcanza los 491 millones 333 mil 311 pesos.
RETARDOS, APLAZAMIENTOS Y UNA “DEFENSA PASIVA
Durante la audiencia intermedia, el abogado José Manuel Quintanal Hernández asistió al imputado para solicitar que la audiencia programada para este 13 de agosto fuera aplazada 10 días, petición que negó el juez de control.
Lo anterior, tras recordar que el 4 de julio se le concedió a la defensa un mes con una semana para estudiar los medios de prueba en contra del acusado.
El abogado del imputado tampoco presentó pruebas para demostrar que Pablo no distrajo los más de 68 millones de pesos, por lo que acotaron que su defensa será “pasiva”.
Lo que la defensa pudo analizar fue que de los medios aportados por el Ministerio Público podemos percatarnos que no hay como tal el peculado al que se refiere; entonces, nosotros a través de los mismos medios ofertados vamos aclarar que nuestro representado no cometió los hechos por el cual se le acusa”.
Quintanal Hernández agregó que durante el desahogo de pruebas en la etapa de juicio oral podrían llamar como testigo al ex gobernador José Francisco Olvera Ruíz, situación que ya habían planteado con anterioridad.
mai