Este sábado la condición del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, pasó de enfrentar el libertad el proceso penal por el que se le investiga, a ser recluido bajo la figura de prisión preventiva.
Asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude específico y falsificación de documentos son los ilícitos que se le atribuyen, por el agravio de al menos 50 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informa La Jornada.
Por ello, desde este día 7, el ex magistrado se encuentra en el penal estatal Venustiano Carranza.
El pasado 9 de mayo Enríquez Soto fue vinculado a proceso junto con el también ex magistrado del TSJE Jorge Ramón Marmolejo Coronado. Los imputados son acusados como coautores materiales de los delitos mencionados.
Entonces, un juez de control les impuso una garantía económica de 15 millones de pesos cada uno para poder llevar su proceso en libertad, con la condición de no salir del estado.
No obstante, por garantía de su vida, Marmolejo Coronado está recluido en el penal federal número 4, en El Rincón.
Otro de los vinculados es el exjuez Baldomero Zamora Rodríguez, a quien se le asignó una garantía económica de cinco millones de pesos, además de tener que firmar cada ocho días ante la autoridad. Se encuentra imposibilitado para salir del país.
De acuerdo con Petronilo Díaz Ponce, fiscal general de Nayarit, se han asegurado 3 millones 850 mil pesos en efectivo tras iniciarse las pesquisas del caso, así como un reloj de oro y tres inmuebles.
MODUS OPERANDI
A través de juicios simulados, los magistrados lograron, entre 2013 y 2018, la afectación patrimonial de al menos 50 mil derechohabientes del Infonavit de los estados de Nayarit, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
Un “megafraude que asciende a cerca de 2 mil 50 millones de pesos.
Para ello, era necesario estar al pendiente de los usuarios que se incorporaban a la cartera vencida, al dejar de pagar puntualmente su crédito.
Al ubicar los objetivos, se simulaba el envío de la notificación al deudor sobre el riesgo de perder la vivienda, para que se generara un expediente de omisión por parte del usuario y declararlo en rebeldía.
El siguiente paso eran los juicios simulados llevados a cabo en edificios del centro de Tepic, y posteriormente trasladados a juzgados de Compostela y Xalisco. Los jueces que firmaban estos dictámenes han sido suspendidos y llamados a comparecer ante las autoridades, ellos se´rian quienes han aportado datos para que se avance en las investigaciones que han llevado a la detención preventiva de Enríquez Soto.
djh