Con 149 cuentas aún bloqueadas debido a la investigación por presunto lavado de dinero que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) busca justificar la licitud de los recursos con contabilidad y estados financieros de 2007 a 2019.
Documentos, que integran 51 cajas que el rector Adolfo Pontigo Loyola entregó a la UIF, fueron validados por la coordinadora de Administración y Finanzas, Gabriela Mejía Valencia, quien fue designada en el cargo en enero de 2016 y enfrenta un proceso por su presunta participación en delitos electorales (causa penal 253/2018) mediante el uso de recursos de la institución para el financiamiento de campañas de un partido político, en el proceso comicial del año anterior.
Según la UAEH, los oficios contienen la ruta histórica de todos los movimientos financieros y las entidades en las que se han depositado año con año, así como los rendimientos que, afirmó, ha obtenido. También, aseguró, define en qué momento se obtuvo el cambio de divisa.
En la documentación, de acuerdo con Pontigo Loyola, también se encuentran los convenios con la Administración Pública de la Federación y con la Administración Pública Estatal; contratos de apertura de cuentas en diversas instituciones financieras; pólizas de ingresos de subsidios federales y estatales; resultados de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado; presupuesto de egresos autorizados por la Federación y el estado, así como estados financieros dictaminados por auditor externo certificado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Asimismo, la integración de los Fondos de Jubilación, los cuales se administran a través de fideicomisos irrevocables. Con esto, consideró, podrá justificar la procedencia lícita de los recursos.
Las cuentas personales del rector y del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán –líder del grupo que ejerce el control político de la casa de estudios, y responsable del manejo financiero–, también fueron congeladas al ser parte de la indagatoria de la UIF, que presume posibles actos de corrupción, incluidos conflicto de interés y venta ilegal de hidrocarburo.
La semana anterior, de manera definitiva, el juez segundo de distrito de Hidalgo negó el amparo 493/2019 contra el descongelamiento de sus cuentas bancarias a Pontigo Loyola.
El Consejo de la Judicatura Federal determinó no otorgar el amparo después de la audiencia del 10 de mayo a la que asistió el representante legal del funcionario para presentar lo que consideró evidencia de trasgresiones a los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales establecen que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.