La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió al gobierno de Hidalgo justificar el uso de 29 millones 923 mil 106 pesos que recibió en 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y transfirió al Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inhife) y a la Universidad Autónoma del Estado (UAEH), ya que presume un posible daño a la hacienda pública.
En la auditoría financiera 968-DS-GF, parte del segundo informe de la cuenta pública de la anterior anualidad, el ente fiscalizador detectó que 41 millones 600 mil 300 pesos no habían sido pagados al primer trimestre de 2018, los cuales estaban pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación.
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De ellos, 30 millones 973 mil 300 pesos competían al Inhife y 10 millones 627 mil pesos a la UAEH, quien, determinó, no contaron con registros específicos que permitieran identificar las operaciones realizadas con los recursos de Remanentes FAM 2017, transferidos por el fideicomiso de distribución.
En el transcurso de la inspección, el gobierno acreditó el uso de 13 millones 814 mil 200 pesos; no obstante, la auditoría no refiere la proporción respecto a cada una de las instituciones implicadas.
En su dictamen, la ASF expone que el estado no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que derivó en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Por ello, emitió una recomendación para que elabore un programa de ejecución de obras y acciones para la aplicación del Fondo, con el objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación del dinero público.
También había determinado un subejercicio de Remanentes FAM 2017 por 35 millones 590 mil 800 pesos, de los cuales 13 millones 814 mil 200 pesos corresponden a la Universidad Autónoma y 21 millones 776 mil 600 pesos al Instituto Hidalguense de la Infraestructura; sin embargo, tras la intervención de la ASF, justificó la aplicación de 13 millones 814 mil 200 pesos, sin solventar el resto.
Por el manejo financiero, el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados también solicitó a la entidad que elabore un informe trimestral y que notifique al Órgano Interno de Control o su equivalente los avances en la aplicación de dichos remanentes.
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Por la posible asignación de pagos indebidos en uno de los contratos de obra de la carretera Atotonilco-Zacualtipan, en el tramo Atotonilco-Cerro Colorado, la ASF requirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la justificación o reintegro de un millón 705 mil 767 pesos y de 18 millones 157 mil 767 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. En éste, también está involucrado el ayuntamiento de Pachuca.
La alcaldía, según el informe de la cuenta pública, dispuso de ese recurso de un fondo de 28 millones 942 mil pesos, pero los aplicó a localidades que no son zonas de atención prioritaria o en los niveles de rezago más amplio, por lo que no se apegó a la Ley de Coordinación Fiscal.
De igual forma, observó 2 millones 478 mil 180 pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercidos por el gobierno, de recursos remanentes que, hasta el pasado 31 de marzo, no habían sido devueltos a la Tesorería de la Federación.
mvf