TIJUANA.- Este lunes inicia formalmente la transición de la gubernatura en Baja California, pero la gobernante electa, Marina del Pilar, ya mostró sus primeros desacuerdos con Jaime Bonilla Valdez, el mandatario saliente.
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Sobre todo por las polémicas iniciativas que el todavía ejecutivo estatal envió a la XXIII Legislatura local cuando estaba por concluir, como la propuesta para ampliar el periodo del fiscal general de 6 a 9 años (para concluir en 2028), y la entrega a los municipios de los organismos operadores de agua.
Y aunque no dio detalles sobre las implicaciones, la próxima gobernadora también dijo que recientemente fue modificada la Ley de transición.
“Lo que queremos y buscamos es que este proceso se haga muy ordenado, y no de la noche a la mañana”, dijo la próxima gobernadora en entrevista durante la sesión solemne de instalación de la XXIV Legislatura local (2021-2024).
La propuesta de reforma en favor del fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, compadre del gobernador, finalmente no fue presentada durante la Legislatura XXIII, que concluyó este sábado 31 de julio, y Marina del Pilar se pronunció en contra de la iniciativa que le impondría fiscal para todo el sexenio.
Creo que cumplir con el periodo que tiene actualmente es lo mejor, y lo estaríamos platicando con él en su momento. No estamos de acuerdo con la ampliación y tampoco con los tiempos en los cuales se da esta ampliación
En cambio, adelantó que presentará una reforma para crear de nuevo la Secretaría de Seguridad estatal, desaparecida por la administración bonillista que convirtió a la Policía Estatal Preventiva (PREP), en Guardia Estatal, y la dejó a cargo de la fiscalía.
LOS ORGANISMOS DE AGUA, LA ÚLTIMA INICIATIVA DE BONILLA
Caracterizado por aprobar todas las propuestas que envió Bonilla Valdez durante su bienio, el congreso saliente de mayoría morenista con sus aliados, los partidos del Trabajo (PT), y Verde Ecologista de México (PVEM), antes de irse votó a favor de entregar a los municipios las comisiones responsables del manejo del agua que hoy administra el estado.
Marina del Pilar dijo que está de acuerdo con ese ordenamiento de la Constitución que han exigido ayuntamientos anteriores, pero la propuesta del gobernador no fue consultada a nadie, e incluso dejó ver que le fue ocultada al gobierno entrante.
Sí fue sorpresiva la iniciativa porque nosotros solicitamos una lista a la Secretaría General de Gobierno, de cuáles iniciativas estaban en el congreso, y esa iniciativa no estaba dentro de esa lista
La reforma, aprobada el pasado miércoles 28 de julio 29 con 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, quebró la hegemonía morenista en el Congreso con un debate por la celeridad con la que estaban votando el tema.
También abrió la discusión sobre la condición de las finanzas municipales para absorber a los organismos endeudados y ahora obligados a devolver millones de pesos a empresarios que se ampararon por cobros que calculó la empresa Fisamex, contratada por el gobernador Jaime Bonilla para realizar “auditorías de agua”.
Al final del día la empresa Fisamex hizo un compromiso con el estado donde están recibiendo millones de pesos de comisión y debería responder por no hacer bien su trabajo y estar perdiendo los amparos el gobierno del estado. Están poniendo en riesgo las finanzas públicas estatales”, señaló la gobernadora electa
Marina del Pilar, que iniciará su sexenio el próximo 1 de noviembre, declaró el mismo sábado que hay elementos para recurrir a los tribunales y echar abajo la reforma sobre los organismos de agua.
Un día después, integrantes de la XXIV Legislatura que lograron la reelección y votaron en contra de la propuesta en la anterior, anunciaron que interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Cada vez son más las resoluciones en donde los ministros de la corte suspenden acciones de los congresos estatales al realizarse indebidamente los procedimientos (...) En este caso se violaron procedimientos legislativos elementales y diversos preceptos legales”, dijeron los diputados morenistas que acompañarán a la gobernadora electa durante la mitad de su sexenio.