URUAPAN.- Con el expediente abierto por la desaparición del activista defensor de los bosques, Homero Gómez González, suman ya cinco investigaciones y tres quejas las presentadas en este año ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.
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En cuanto a las quejas se refiere, éstas han sido presentadas en contra de autoridades de seguridad pública, procuración de justicia y del sistema penitenciario estatal.
En esos casos, se presume violación al derecho a la debida diligencia, al derecho a la legalidad y seguridad jurídica y al derecho a la salud, respectivamente.
Desde principios de enero, la esposa de un recluso del Centro de Alto Impacto Número 1 con sede en el municipio de Charo, denunció falta de atención médica a su familiar.
En la queja, la familiar estableció que el reo presentaba signos de taquicardia y la respuesta del centro penitenciario fue darle una pastilla para controlarlo.
A decir de la esposa, el recluso no presentó mejoría, por lo que volvió a solicitar ayuda al personal del penal.
“Le dicen que no lo pueden atender porque están muy ocupados… por lo cual acudo a ustedes (CEDH) solicitando su apoyo, pues temo por su vida”, señaló la familiar.
Ante ello, el organismo inició una investigación para conocer de fondo el asunto y en su caso generar una recomendación a la autoridad penitenciaria.
A estos casos se suman las quejas de oficio en torno al asesinato de Fidel Ávila Gómez, locutor y gerente de una radiodifusora de Huetamo, así como de la desaparición del activista ambientalista, Homero Gómez González, en el municipio de Ocampo.
Con el registro de estos primeros expedientes, el organismo vislumbró una tendencia similar a los últimos cuatro años en donde el mayor número de quejas se concentró en esos tres rubros, además de educación y salud.
La CEDH informó que en el año 2019 la CEDH atendió más de 3 mil 400 quejas principalmente en contra de las autoridades de seguridad pública, educación, procuración de justicia, sistema penitenciario y salud.
El año pasado, dijo, los cinco principales derechos vulnerados, por acción u omisión de las autoridades del ámbito estatal y municipal fueron:
Derecho a obtener servicios públicos de calidad, a no ser sujeto de detención ilegal, a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, a la fundamentación y motivación; así como a la inviolabilidad del domicilio.
El año pasado, la CEDH un registro de 2 mil 215 quejas, 670 orientaciones y 485 canalizaciones, haciendo un total de 3 mil 370 personas atendidas en las seis regiones del estado en donde el organismo tiene oficinas: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.
En el 2019 fueron las autoridades de seguridad pública, educación, procuración de justicia, sistema penitenciario y salud las que concentraron el mayor número de quejas con 471, 380, 351, 174 y 85, respectivamente.
Por lo que respecta a las autoridades municipales fueron los ayuntamientos de Morelia, Zitácuaro y Zamora, los que registraron más quejas con 99, 71 y 39 asuntos.
Por región, es Morelia la que tiene más expedientes de quejas con un total de 921, seguido de Zamora con 655, Lázaro Cárdenas 636, Uruapan con 429, Zitácuaro 394 y Apatzingán 335.
En un recuento, la CEDH, informó que de 2016 a 2019, se registraron un total de 9 mil 933 quejas en las seis visitadurías regionales del organismo.
Además, se atendieron 5 mil 294 orientaciones y mil 978 canalizaciones, por no ser competencia de la CEDH, lo que hace un total de 17 mil 205 asuntos atendidos.
El organismo insistió que, en ese periodo de tiempo, también fueron las autoridades de seguridad pública, procuración de justicia, de fiscalía, educación, sistema penitenciario y salud, las que concentraron el mayor número de quejas.
Precisó que en este lapso de tiempo los principales derechos vulnerados fueron:
Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, a no ser sujeto de detención ilegal, a la fundamentación y motivación, a obtener servicios públicos de calidad y a la debida diligencia, a una educación libre de violencia, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros.
Por lo que respecta a las recomendaciones emitidas por violaciones a derechos humanos fueron 342, en ese mismo periodo.
De ese total en 2016 se emitieron 99; en 2017, 90; en 2018, 75; y en 2019 se tenía un registro de 78 recomendaciones.
Las autoridades a las que mayor número de recomendaciones se dirigieron fueron: procuración de justicia (118), seguridad pública (94), educación (32), fiscalía (30) y salud (15).