TIJUANA.- A tres meses de que concluya su administración, el gobernador Jaime Bonilla entregó, de manera directa, la concesión del servicio de verificación vehicular a la empresa Worldwide Environmental Products, Inc, la cual arrancará operaciones en septiembre y generará por lo menos mil millones de pesos de ganancias.
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La obligación se impondrá a más de dos millones de vehículos que transitan en el estado, a los que se suman los “chocolate” y los incluidos en el programa de Identidad Vehicular, promovido por el mismo gobernador saliente.
La empresa cobrará 100 pesos por verificación y el gobierno aplicará una cuota de 500 pesos y 50 más si el trámite es extemporáneo, es decir generarán ganancias superiores a 400 pesos por verificación, lo que ya ha generado molestias en amplios sectores de la sociedad de Baja California.
Recientemente se aprobó eliminar las restricciones de concesiones y servicios durante el periodo de transición, lo que abre la puerta a Bonilla para firmar concesiones a distintos servicios que otorgue el gobierno estatal.
Amador Rodríguez, secretario general del Gobierno, informó que la compañía estadunidense fue elegida entre 13 propuestas, pero no se dijo ni por cuánto tiempo, ni el precio exacto ni las condiciones del servicio.
En el ámbito nacional existen 16 estados que cuentan con programas de verificación de vehículos acorde a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Otro punto criticado es la intención de volver obligatorio el servicio, ya que incluso el gobernador panista, Francisco Vega, lo hizo voluntario, por lo que se trata de un acto para captar recursos.
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