Main logo

Detienen a suegro de Angélica, niña vendida por 120 mil pesos en Guerrero

Es acusado de violación y trata de menores, al pagar 120 mil pesos para que Angélica, de entonces 11 años, se casara con su hijo

Escrito en ESTADOS el

CHILPANCINGO.- Luego de que se conociera la historia de Angélica, una niña de 15 años que fue vendida a los 11 por 120 mil pesos, en Cochoapa el Grande, y luego sufriera abusos sexuales de su suegro, Rutilio Julián Moreno, este miércoles la Fiscalía General de Guerrero lo detuvo en Tlapa. Es acusado de violación y se integrará otra carpeta por trata de menores.

TAMBIÉN LEE: Revela Segob conversaciones entre policías y Guerreros Unidos

Este sujeto, en represalia por haberlo denunciado, la mandó a encarcelar en la comunidad de Dos Ríos; a cambio de su libertad pedía la devolución de los 120 mil pesos, más 90 mil pesos de “intereses”.

La Fiscalía estatal también está integrando una carpeta de investigación en contra de Juan Martínez Vázquez, padre de Angélica, por el delito de trata de menores de edad, debido a que recibió los 120 mil pesos para que contrajera matrimonio con el hijo de Rutilio.


Respecto a los integrantes de la Policía Comunitaria, de la localidad de Dos Ríos, que encarcelaron a Angélica durante 11 días, se les integró una averiguación previa por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, en agravio de la mamá de Angélica, debido a que le habrían provocado un aborto.

LA HISTORIA DE ANGÉLICA

La violencia contra la mujer en México no tiene freno; en las zonas más pobres del país, mujeres y niñas se enfrentan a otras agresiones, como lo son los matrimonios forzados. Este es el caso de Angélica, una joven de 15 años, que además de ser “comprada” para casarse, ha vivido otros ataques por parte de su suegro y de la policía de su comunidad.

Angelica es una niña na savi, de 15 años, que fue “comprada” para casarse con un joven cuando solo tenía 11 años, en Cochoapa el Grande, Guerrero.

Angélica se casó con Rafael Julián, un joven de su misma comunidad, quien se fue a Estados Unidos a trabajar como una alternativa a la falta de empleo, dejando a la niña en la casa de sus padres; no obstante, su suegro, bajo el argumento de que “pagó dinero” por la niña, intentó violarla en al menos cuatro ocasiones.

Angelica le contó el ataque a su familia, con quienes fue a denunciar el intento de abuso; estos también la ayudaron a salir de la casa de sus suegros. Sin embargo, este “escape” solo trajo más violencia contra la menor.

Elementos de la Policía Comunitaria de la zona detuvieron a Angélica y a su abuela, una mujer de más de 70 años, por haberla protegido. La menor permanecería encerrada hasta que su familia “devolviera el dinero” que su agresor y comprador “pagó por ella”; a los 120 mil pesos que originalmente se pagó por la menor, se le sumaron intereses de cuatro años, por lo que la suma exigida era de 210 mil pesos.

Angelica, de solo 15 años, estuvo encarcelada en la Casa de Justicia de Dos Ríos, de la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, durante 11 días hasta que su caso salió a la luz.

Se detalló que por este evento resultaron encarceladas no solo Angélica y su abuela, sino también tres menores de 10 años, hermanas de la víctima de violación.

Este domingo, a las 7 de la noche, Angélica fue liberada y junto a su familia, su abuela, papá, tía y sus tres hermanitas fueron para Ometepec con el Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del estado.

LA OTRA TRAGEDIA

La madre de Angélica, quien fue a llevarle comida, fue presunta y brutalmente agredida por el comandante de la Policía Comunitaria; este la golpeó hasta provocarle un aborto (estaba embarazada de trillizos) y casi muere.

La señora fue trasladada al hospital de Ometepec, en donde se presentó todo el caso y fue posible movilizar a las autoridades para liberar a Angelica, quien salió de la cárcel comunitaria este domingo 10 de octubre.

No obstante, debido al caso de Angélica, diversas colectivas y organizaciones que buscan proteger los derechos humanos se han movilizado en Oaxaca pidiendo que las prácticas relacionadas con el matrimonio forzado y la “compra” de niñas termine e, incluso, sea sancionada.

Actualmente, se pide justicia y protección para Angélica y su familia.

INTERVIENEN AUTORIDADES Y DH

Los coordinadores de la Policía Comunitaria de Dos Ríos que tenían encarcelada a la menor por la devolución del dinero que se pagó cuando la casaron son Paulino Hernández Martínez, Carlos Martínez Cano, y Daniel Alberto Jacinto.

El secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicano (SAIA), Javier Rojas Benito, y de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) empezaron a mediar en el problema, igual que el Alcalde Bernardo Ponce García, que informaron que acudirán al poblado para atender la situación de violación a los derechos humanos de las mujeres na savi.

En la mañana, la Codehum condenó los hechos ocurridos en Cochoapa El Grande, “donde una mujer indígena perdió a sus tres bebés, presuntamente a consecuencia del maltrato de la Policía Comunitaria de dicho municipio”.

Añadió que el perito médico de la Comisión realizó valoración médica a la señora Concepción, ofreció asesoría y acompañamiento y, la institución realizó las gestiones necesarias para una atención médica especializada en el Hospital Regional de Ometepec, de seguimiento a la investigación en el Ministerio Público y por la liberación de las menores de edad y su abuela por la Policía Comunitaria de Dos Ríos.

Asimismo, la Secretaría de la Mujer hizo un llamado a periodistas y ciudadanía a no compartir imágenes de internet sobre los hechos que afectan la integridad de las víctimas. Los primeros datos conocidos fueron difundidos a través de portales de noticias de la región.

VIOLACIONES E IMPUNIDAD

Con un pronunciamiento, activistas, colectivas y organizaciones de derechos humanos del estado y nacionales denunciaron que la tolerancia de los matrimonios forzados por el Estado a la fecha, ha perpetuado y abonado a fortalecer el contexto de impunidad e indiferencia por las autoridades de todos los niveles de gobierno, “lo cual configura la violencia feminicida”.

En el escrito que a las 8 de la noche tenía más de 100 firmas estatales, y continuaba recibiendo adhesiones de apoyo, recordaron que los matrimonios forzados, como el presente, violentan los derechos humanos, y la venta de niñas configura el delito de trata de personas.

Subrayan que los hechos del 9 de octubre en Cochoapa, “devienen de un conflicto relacionado con la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes menores de edad en la región de la Montaña con fines de realizar matrimonios forzados con hombres adultos, práctica que data de muchos años y que ha sido tolerada por el Estado y sus agentes, so pretexto de respetar los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas de la región de la montaña de Guerrero”.

FISCALÍA INVESTIGA

La Fiscalía General de Guerrero investiga la retención de los integrantes de una familia en Cochoapa el Grande, entre ellos cuatro menores de edad, por parte de la Coordinadora Regional del Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), por privación de la libertad personal y lesiones calificadas.

De acuerdo con un comunicado, los hechos señalados indican que los imputados Carlos “N”, comisario municipal del poblado de Dos Ríos, Rutilo “N” e Hilaría “N”, junto con la Policía Comunitaria, el día 30 de septiembre, sacaron a la familia de su vivienda, ubicada en el poblado Joya Real, para trasladarla a una celda en la casa de justicia comunitaria de la localidad de Dos Ríos.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación en agravio de los integrantes de esta familia para deslindar responsabilidades.

MATRIMONIOS FORZADOS

Los matrimonios forzados de niñas y adolescentes, así como las violaciones sexuales por parte de personas cercanas como familiares y vecinos, son prácticas que se han vuelto frecuentes en comunidades de la Montaña de Guerrero.

Soledad Ureiro, activista por los derechos sexuales y reproductivos, explica que, justificándose con los usos y costumbres, las mismas familias pueden hacer en cualquier momento un contrato con un hombre y entregar a sus hijas contra su voluntad.

Además, menciona que las figuras de autoridad como los abuelos suelen abusar de las niñas y los niños y muchas veces son encubiertos por otros familiares, quienes incluso obligan a las víctimas a guardar silencio.

El año pasado, Soledad hizo una campaña que consistió en una serie de fotografías donde aparecían unas niñas de la Montaña de Guerrero sosteniendo unos carteles que tapaban sus caras, en los cuales se narraban las violaciones que vivieron.

“Esos casos yo los atendí y esas fotos yo las tomé, creo que se debe seguir replicando ese mensaje, hay mucho que mencionar al respecto”, dice.

Una de las historias es la de Julia, de 15 años. “Mi papá me violó y mi familia me obligó a perdonarlo”, se lee.

“Me llamo Reyna, tengo 8 años, mi maestro abusó de mí y cuando por fin hablé de ello dijeron que yo mentía. Dejé la escuela, él continúa”, es otro de los testimonios.

Aunque no tienen una estadística, personal de la CEDH está visitando localidades para dar seguimiento a los matrimonios infantiles que le reportan. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), realizada en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sostiene que en México 4.45 por ciento de las adolescentes entre los 12 y los 17 años se ven afectadas por estas uniones forzadas.

Desde 2017, el Código Civil de Guerrero establece los 18 años como la edad a partir de la cual está permitido contraer matrimonio. Este marco jurídico local está respaldado a nivel nacional e internacional.


rst