TUXTLA GUTIÉRREZ.- A´ngel Emmanuel Ancheyta Villafuerte, defensor de derechos humanos, está retenido y encarcelado desde el 16 de agosto de este año en dos localidades distintas: Nueva Palestina y Fronterza Corozal, municipio de Ocosingo, en la Selva de Chiapas, por un fraude que no cometió.
TAMBIÉN LEE: Sujeto intenta explotar bonba casera en Chiapas; lo detienen
Si él llegó a ese sitio fue para aclarar el ilícito en el cual incurrió otro abogado que le solucionaría un problema agrario a la gente; sin embargo, y pese a su buena voluntad, desde ese día ya no salió de allí y, sin duda, su vida peligra.
Hasta el momento, ninguna instancia gubernamental, entre éstas la encargada de la política interna del estado, Cecilia Flores, se ha acercado al lugar con el argumento de que ése es un asunto entre particulares, es decir el Estado no tiene nada qué ver.
En un video que circularon los propios comuneros inconformes pocos días después de plagiarlo, el egresado de la Maestri´a en Defensa de los Derechos Humanos del Centro de Estudios para la Construccio´n de Ciudadani´a y la Seguridad, de la Universidad Autónoma de Chiapas, explicó que las autoridades de Bienes Comunales de ese sitio mantenían su promesa de que él estaría bien, que no lo tocarían.
De hecho, Ángel llegó de forma voluntaria a ese lugar para informarles sobre el arrendamiento que se tiene con los Bienes Comunales y la asociación “Natura Ecosistemas; incluso, los pobladores le solicitaron que, como abogado, llevara a efecto el juicio permitente; “pero les dejé en claro que no era mi materia, y que les recomendaría a otro profesional de la misma”, confesó en esa ocasión.
Por ello, les comentó que él solo los podría ayudar con la parte de la jurisdicción voluntaria, es decir el aviso indubitable, el cual consiste en avisar que los pobladores ya no deseaban tener ningún trato con las personas.
ÓSCAR, EL DEFRAUDADOR
Ante ello, les presentó al abogado Óscar Rodrigo Trujillo Cancino para que se encargara de la situación, pero este personaje se aprovechó de la pandemia y de la confianza que le brindaron las autoridades del lugar para cometer un fraude, e incluso les dijo que el mismo Juzgado solicitó garantías por daños a la naturaleza.
Entre otras cosas, Trujillo presentó documentos falsos de esa instancia, mismos que también están dentro de una denuncia que Ángel presentó hace como tres meses en contra de él.
En esa “mala jugada”, inclusive aparecieron personas que se hicieron pasar como depositantes del dinero de los Bienes Comunales, y quienes retiraron ese recurso, es decir 850 mil pesos, ahí están, “por eso vine a aclarar la situación, porque se ha mal entendido”, explicó el retenido.
De hecho, no solo Ángel resulta afectado, sino el mismo pueblo y sus autoridades, de ahí la importancia, según él, de evitar denunciar supuestas agresiones en su contra, “que todo sea mediante el diálogo, y que se retiren esas denuncias contra estos pobladores”, dijo.
TRISTEZA E INCERTIDUMBRE
Apenas la semana pasada, el litigante se abrazó y platicó con su madre y padre, a quienes les permitieron visitarlo solo por unas horas.
La incertidumbre aumenta porque ellos no han podido reunir el recurso que les exigen para liberarlo. Además, los comuneros lo mantienen encarcelado y lo han movido de una sede a otra, es decir de Nueva Palestina, Ocosingo, a Frontera Corozal y viceversa. En la actualidad, está en esta última localidad.
Olaf Ballinas Coronel, mediador en la problemática y amigo de la familia, lamenta que la autoridad sea omisa en cuanto al rescate, “lo que es lamentable porque la protección de la vida sí depende del Estado”.
Según lo que observaron en la visita pasada, Ancheyta está afectado física y sicológicamente, debido a que recibe amenazas veladas de que algo más podría ocurrir.
UNA PIEDRA EN EL ZAPATO
Ángel se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables. Dentro de su trayectoria, ha colaborado como defensor del derecho a la vida y la salud de los habitantes del ejido Emiliano Zapata, por las afectaciones que ha generado el relleno sanitario en Tuxtla Gutie´rrez que administraba la empresa “Proactiva”, hoy “Veolia”.
Ante este último tema, Ballinas supone que, como el secuestrado representa a esas personas en un tópico de grave contaminación del agua ante la deficiente infraestructura del primer tiradero de la capital chiapaneca (ya clausurado), es por eso que el gobierno que encabeza Rutilio Escandón no intenta mediar en el caso.
“Como es una ‘piedra en el zapato’, porque incluso intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de ahí vino la sanción al Estado mexicano, entonces el gobierno lo ve como un peligro como litigante en materia de derecho humano ambiental”, argumenta el también director de Consolidación Estatal Humanitaria de México (Conshume).
OTRAS VOCES SE UNEN EN APOYO
En la misma semana de la retención de Ángel, un grupo de defensores de derechos humanos del estado demandó la intervencio´n del gobierno y del rector de la Unach para la liberacio´n del abogado, pero el exhorto fue estéril.
A través de una misiva, explicaron que Ancheyta fue retenido de manera ilegal por habitantes de esa comunidad, quienes presuntamente amenazaban con quitarle la vida.
Mientras el tiempo transcurre, los daños colaterales también avanzan: los papás y la hermana de Ángel presentan depresión, pues no dan crédito a lo que viven.
“Pero en este asunto ya hablamos no solo de secuestro, sino de extorsión, porque condicionan su libertad; de hecho, ya hay varios delitos que cometen los comuneros”, resalta Olaf Ballinas, a quien le extraña que la Fiscalía General del Estado aún no ejecute la orden de aprehensión en contra del defraudador Óscar Trujillo.
Además, deja entrever que ni siquiera ha habido avance en la carpeta de investigación ante la denuncia interpuesta por los comuneros por el delito de fraude.
No obstante que ya acudieron ante otras instancias, como el Tribunal de Justicia o al Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien creen que es una de las principales responsables es Cecilia Flores, secretaria general de Gobierno, porque no ha intervenido, a pesar de que cuenta con delegados, asesores y coordinadores en cada región para mediar en este tipo de casos.
rst