Una estudiante de la Secundaria Federal número 7 General Emiliano Zapata en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estuvo a punto de ser expulsada de la escuela por irse de pinta.
El director de la escuela estaba convencido de que las faltas de Mabel de 14 años eran suficientes para dejarla sin educación. La madre de la menor, Claudia Berenice Sosa García, pidió ayuda legal al considerar que la decisión era injusta. La semana pasada, un juez federal les otorgó una suspensión de amparo que ordenaba el regreso inmediato a clases de Mabel.
Por esa razón, Sosa pidió el apoyo de Raymundo Ramos, activista y fundador de la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien tomo el caso desde el 20 de septiembre, cuando la joven fue expulsada de la secundaria.
El defensor dijo que la decisión del director del plantel, Estuardo Ramírez no se apegaba al reglamento escolar y que él y la madre de Mabel debieron recurrir a un juzgado después de agotar otras vías de negociación.
El problema inició cuando el director encontró a la estudiante y a otros alumnos en los pasillos de la escuela en horario de clases y eso ameritó que Mabel fuera suspendida por tres días, pero ella prefirió no contarlo en casa. Al día siguiente la madre de la menor la dejé en la escuela como todos los días, pero como estaba suspendida se fue a una cafetería que está a cuatro calles, explica Sosa. Los empleados del local reportaron a la estudiante con las autoridades escolares.
"Eso hizo enfurecer al director. Le dijo que estaba expulsada y no se tomó la molestia de informar a su mamá", cuenta el defensor de Derechos Humanos. Berenice Sosa se presentó al día siguiente en la escuela a intentar abogar por su hija, pero el funcionario le comunicó que había tomado una decisión de expulsarla.
Ante la situación el activista intento hablar con el director del plantel, argumentado que Mabel no tenía reportes de mala conducta ni malas calificaciones y que sus faltas ameritaban una sanción menos drástica que la expulsión, ante su negativa, se pidió la intervención a un funcionario de la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas, pero no tuvo ningún efecto. Presentaron entonces una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que emitió una medida cautelar para reincoporar a Mabel a clases. El director de la secundaria tampoco aceptó esta recomendación del organismo, como queda constatado en el siguiente oficio.
El Juzgado Tercero de Distrito de Tamaulipas estuvo de acuerdo. Mediante la suspensión de amparo ordenó al director permitir la entrada de Mabel a la escuela y entregar un informe de lo sucedido ante el juez. En caso de negarse nuevamente, el funcionario podía ser arrestado, explica el activista.
Mabel regresó a su escuela el pasado jueves.
El defensor de Derechos Humanos considera que, antes de sancionar a los niños o adolescentes por un acto de indisciplina, es necesario orientarlos y buscar atención especializada para mejorar su conducta.
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