Xalapa, Ver.- En Veracruz se vive el estiaje más crítico de los últimos 16 años, con un déficit de lluvias de hasta 50 por ciento y niveles de ríos bajos; sin embargo, el decreto para eliminar la veda y permitir el uso de agua en 300 cuencas del país, dos de estas ubicadas en la entidad, no ha sido cancelado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y las cuencas de los ríos La Antigua y Actopan, pueden ser explotadas gracias a las concesiones entregadas.
Actualmente en la entidad 203 de los 212 municipios se reportan con condiciones de sequía y cuatro de estos con “sequía excepcional”, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que ha generado pérdidas en cultivos, incendios y escasez total del agua en embalses, arroyos y pozos.
Esto ha sido consecuencia de un déficit de hasta 50 por ciento en la caída de lluvias, que ha impactado en las cuencas que corren con niveles por debajo de su promedio, por lo que activistas temen que al estiaje se sume la explotación de las aguas de los ríos y que con eso se ponga en riesgo su caudal y la sobrevivencia de quienes habitan en estas cuencas.
Ambientalistas observan que la alteración del régimen hídrico de las cuencas pueda generar que comunidades asentadas en las partes bajas se queden sin agua para consumo familiar pero también para sus cultivos.
La “herencia” de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto no ha sido eliminada por el Gobierno de AMLO, a pesar de que aseguró sería una de sus primeras acciones como Jefe del Ejecutivo federal, señaló el integrante de Pueblos Unidos de la Cuenca de La Antigua (PULCAR), Alejandro Gallardo.
“No ha cumplido, también hemos estado pidiendo el acercamiento con el Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez), hemos mandado los documentos pertinentes y no nos hemos reunido con él; hasta ahora con el delegado de de los Programas Sociales hemos tenido alguna plática y el tema da para mucho”.
DECRETO EXPRÉS
En junio de 2018, apenas unos días antes de la elección federal, el entonces presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto para el uso del agua de 300 cuencas en el país; dos de estas en Veracruz: La Antigua y Actopan.
De esta manera se permitió el uso por un volumen de 45.6 millones de metros cúbicos en el río Actopan y de 51.33 millones de metros cúbicos anuales en el río La Antigua, para usos doméstico y público urbano.
La justificación es que antes del decreto la veda impedía el uso del agua incluso para dotar de este líquido a comunidades; sin embargo, especialistas y defensores de derechos humanos advirtieron que el fin era la privatización del agua en México.
En el documento se declaró el objetivo del restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales, incluidas las reservas; “así como la modernización de los servicios de agua en el Estado de Veracruz para hacerlos más eficientes”.
Afirma además que la cuenca hidrológica del Río Actopan drena una superficie de 2 mil 45.8 kilómetros cuadrados de agua y en el caso de la cuenca La Antigua, a una superficie de 3 mil 443.9 kilómetros cuadrados.
Determinó conformar una zona de reserva parcial de aguas para destinarse al uso ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua, por un volumen de 256 y 988.51 millones de metros cúbicos, respectivamente.
CONCESIONES COMO “CHEQUE EN BLANCO”
El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez Almazán, señaló que tan solo en los primeros dos meses después de haberse emitido el decreto de Peña Nieto, en todo el país se entregaron 400 permisos para que empresas hagan uso del agua de los ríos.
En el caso de Veracruz el activista Alejandro Gallardo, señaló que al menos dos empresas iniciaron sus labores ofensivas para que los habitantes de La Antigua avalen la instalación de minihidroeléctricas. Se trata de las empresas Constanza Energética SA de CV y Perseveranza Energética.
En el caso de Constanza Energética en 2018 reactivó sus proyectos para la instalación de una minihidroeléctrica en los ríos Matlacobatl y Tillero, cercanos al río Los Pescados.
El proyecto abarca desde Teocelo a La Isleta, cercano al ingenio Mahuixtlán y la barranca de Matlacobatl y la empresa compró terrenos en Tuzamapan, localidad de Coatepec, para establecer esta central generadora de energía por unos 125 mil 36 megawatts por hora, según el proyecto 30VE2013E0018 entregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2013.
Para ello se instalaría una presa derivadora, una línea de transmisión de aproximadamente 13 kilómetros y la instalación de 25 torres y cuatro postes troncocónicos para llevar el flujo eléctrico hasta la central eléctrica de Coatepec.
DISMINUYEN NIVELES DE LOS RÍOS
El temor de los activistas y organizaciones de la sociedad civil por la explotación de las aguas por parte de empresas ha aumentado con la disminución del caudal de los afluentes. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Actopan y La Antigua el déficit de aguas va desde los 30 hasta los 70 centímetros.
La explotación de las aguas de estas cuencas pondría en riesgo a millones de habitantes que viven o se sostienen de actividades cercanas a estos ríos, como en el caso de La Antigua, en donde la explotación pone en riesgo a más de un millón de habitantes, desde la localidad de Barranca Grande en Ixhuacán de los Reyes hasta la localidad de Salmoral, en La Antigua.
MUCHO DISCURSO, PERO NADA DE ACCIÓN
Aun así, los activistas aún esperan que dadas las condiciones el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra y derogue el decreto, tal como lo prometió el pasado 24 de junio de 2018, cuando en Guadalajara el entonces candidato a presidente por la coalición “Juntos haremos historia”, anunció que daría marcha atrás al decreto, pues antes ya había prometido terminar con las privatizaciones.
“Acaban de firmar apresuradamente un acuerdo para privatizar el agua. Ese acuerdo va para atrás, se va a derogar. Ya no va a haber privatizaciones”, garantizó frente a sus simpatizantes.
En el plano local, también los diputados morenistas se han pronunciado al respecto, han realizado foros para darles voz a los activistas; sin embargo, hasta ahora no hay respuesta legal sobre sus peticiones.
En Veracruz en agosto del año pasado la entonces diputada local de Morena, María del Rocío Pérez Pérez, organizó el Foro Diálogo Ciudadano “El agua en nuestras cuencas. Los decretos presidenciales, una amenaza para la vida. Por la construcción integral de políticas públicas sostenibles”.
En este se reunieron especialistas, defensores de los derechos humanos y medio ambiente, pero lo ahí planteado no derivó en alguna acción de política pública o exhorto del Legislativo Veracruzano para impedir la explotación de las cuencas.
A la fecha Pérez Pérez ocupa la Secretaría de Medio Ambiente.
AMPARO EN LA CONGELADORA
Cabe destacar que organizaciones de la sociedad civil han impulsado amparos contra el decreto de Enrique Peña Nieto, pero a un año de haberse solicitado este no ha logrado ser dictaminado.
Si bien se logró la suspensión provisional de los efectos del decreto, el juez federal está en espera de que los peticionarios presenten pruebas de los daños que generaría la entrega de concesiones en las aguas de las cuencas de La Antigua y Actopan.
Actualmente el proceso está en espera de que las organizaciones entreguen un peritaje antropológico, que servirá para aportar elementos cuantitativos y cualitativos para determinar si existe un daño al patrimonio de los pueblos.
Parte del amparo se basa en que los pueblos no fueron consultados por la administración federal pasada para conocer su opinión sobre la eliminación de las vedas y que los estudios que avalaron el decreto son obsoletos, y no dicen lo que está pasando en los ríos, en los que lejos de tener más agua hay una disminución en su caudal, que sumado a la explotación de sus aguas provocarán estiajes cada vez más severos.
El juez advirtió que con la implementación del decreto, “las comunidades de quejosos corren el riesgo de que se puedan afectar sus derechos a gozar del mínimo vital que requieren y la región donde ellos habitan no sean objeto de manera arbitraria de un uso desmedido del agua, pues la eliminación de las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país (que equivalen al cincuenta por ciento de lagos y ríos del país), significa que no habrá impedimentos para la extracción de aguas en estas cuencas”.
Aunque a que el amparo no ha sido dictaminado, el pasado 25 de marzo la directora general de la Comisión del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, aseguró que el decreto está detenido, “por instrucciones del Presidente” y que por ello ya no se entregan concesiones.
Pese a ello, legalmente no se ha firmado un decreto que derogue lo impulsado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque nuevamente prometieron buscar que las reservas sean utilizadas para la protección ecológica y el derecho humano al vital líquido.