TUXTLA GUTIÉRREZ.- “Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda…, está en peligro de muerte, la vida es muy corta, la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala, trata de salvar su vida”; este texto es parte de una de las primeras amenazas de muerte que recibió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dirigida a su director, Pedro Faro.
Por ello, la mañana de este lunes, el “Frayba” manifestó su preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha 1 y ellos mismos.
De hecho, Faro explicó que han recibido, desde noviembre y en lo que va de diciembre, amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz.
Recordó que las amenazas comenzaron el 12 de noviembre, cuando casi a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha.
Sin embargo, la intimidación no paró ahí: el día 19 de ese mismo mes, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 21:00 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del “Frayba”. En ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio.
A raíz de estas amenazas, Pedro Faro especificó que han documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, dijo, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano.
Por ello, comentó que la defensora afectada interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas, mientras que el “Frayba” efectúa diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales.
Sin embargo, destacó que la garantía y protección no sea hecho efectiva de parte del Estado mexicano, por lo que para él minimiza la situación de riesgo que, por las circunstancias, “valoramos que vienen de agentes del propio Estado”.
A un año del actual gobierno, aseveró que persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos, “lo que se decanta en la obstrucción hacia la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de pueblos originarios”.
En ese sentido, demandó garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores mencionados, así como de los presos que se organizan en “La Voz de Indígenas en Resistencia”, “La Verdadera Voz del Amate” y “Viniketik en Resistencia”.
Entre otras acciones, sugirió Implementar las medidas inmediatas para obtener la libertad de Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, privados “arbitrariamente” de su libertad y a quienes el Estado mexicano les ha violado sus derechos humanos.