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Alejandra, desaparecida por ''parecer migrante''

En México la desaparición forzada esta a niveles de países en guerra como Siria y Pakistan

Escrito en ESTADOS el

Miguel recibió la noticia de su madre, lo escuchado desde el otro lado le congelo el cuerpo, su hermana, Alejandra*, de tan sólo 17 años, no había llegado a su destino, no sabía dónde estaba, su estado: desaparecida.

La última vez que la vio fue un día anterior, el 22 de junio de 2015, antes de su madre la acompañara a abordar un camión en el municipio de Motozintla, Chiapas, para visitar a su padre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Alejandra se encontraría con su papá con el fin de que le ayudara con la preparación de algunos alimentos, pero nunca llegó.

La ausencia de Alejandra provocó el inicio de su búsqueda encabezada por la familia.

Miguel recordó que una de sus vecinas también había viajado en el mismo autobús que su hermana, por lo que se comunicó con ella para saber qué era lo que había sucedido.

La confundieron con migrante

La mujer le contó que aproximadamente a las 02:30 horas del 23 de junio de 2015, al llegar al punto de inspección migratoria en San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, agentes del Instituto Nacional Migración (INM) obligaron a Alejandra a descender del transporte con el argumento de que la menor parecía guatemalteca.

Tras bajarla del autobús, los oficiales le indicaron al chofer que continuara con su destino, pues la  joven de 17 años sería entrevistada.

Al escuchar las palabras de su vecina, Miguel viajó al lugar, encontrando una caseta migratoria cerca de donde bajaron a Alejandra del camión.

Los agentes del INM confirmaron la historia de la mujer, pero añadieron que al identificar la nacionalidad de Alejandra como mexicana, pues cargaba su Clave Única de Registro de Población (CURP), la dejaron ir.

Sin embargo, los oficiales detallaron que la liberación de Alejandra fue alrededor de las 03:00 horas del 23 de junio de 2015.

Miguel les reclamó el por qué habían permitido que se fuera sola en la madrugada, y más siendo menor de edad, pues desde esa fecha se encontraba desaparecida.

La búsqueda y sospechas contra el INM

Ante ello, el hermano acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para levantar la denuncia sobre la desaparición de Alejandra, mismos que acompañaron a los familiares de la menor a reportar los hechos a la Procuraduría General de la República (PGR).

Por su parte, la familia de Alejandra comenzó a realizar la búsqueda en Frontera Comalapa, donde se entrevistaron con pobladores del lugar, quienes les aseguraron que personal del INM anteriormente ha detenido a otras menores para venderlas.

Con dichas declaraciones, familiares responsabilizan al INM de la desaparición de Alejandra. 

Las sospechas de la participación directa del organismo nacional en los hechos, incrementó cuando este se negó a entregar las videograbaciones registradas en la caseta de migración donde fue vista por última vez la menor, argumentado que fueron resguardadas por la Dirección General de Control y Verificación Migratoria (DGCVM) de ese instituto.

A su vez, la Dirección de Derechos Humanos del INM informó se encontraba imposibilitado para proporcionar la videograbación solicitada, ya que el almacenamiento de información del sistema era sólo de 60 días.

 

Las contradicciones

Además, la misma CNDH detectó contradicciones en las distintas declaraciones de los agentes del INM que detuvieron a Alejandra.

En la declaración que realizaron al organismo defensor de los derechos humanos, aseguraron que la primera entrevista – dentro del autobús- fue realizada por ambos.

No obstante, ante la autoridad ministerial manifestaron que fue sólo uno de ellos quien realizó la revisión al autobús en el que viajaba Alejandra y quien determinó que debía interrumpir su viaje por sus “facciones extranjeras”.

Asimismo, a la CNDH dijeron que, cuando ya estaban en la caseta migratoria, en un “momento de descuido” la menor abandonó esas instalaciones sin que pudieran percatarse hacia donde se dirigió, por lo que de manera inmediata procedieron a su búsqueda dentro de las instalaciones de la caseta de verificación migratoria y en los alrededores.

Mientras que ante el ministerio público aseguraron que ambos observaron el momento en que la adolescente decidió abandonar las instalaciones de la caseta de migración, sin percatarse hacia donde se dirigió, ni realizar alguna acción inmediata tendente a su búsqueda y localización.

También, ambos agentes precisaron ante las autoridades que pidieron a Alejandra que esperara a que pasara el siguiente transporte para irse, pero esta abandonó las instalaciones, detalle que no mencionaron a Miguel cuando acudió a la caseta migratoria. 

Otra de las discrepancias es que los agentes, en la tarjeta informática que entregaron a su superior, refrieron únicamente a Alejandra como la pasajera que bajaron del camión, mientras que en sus declaraciones ministeriales y ante la CNDH mencionaron a dos personas como “aseguradas”, añadiendo a un hombre más, mismo que dejaron ir al comprobar su nacionalidad antes que a la menor.

Hasta la fecha, nada se sabe de Alejandra. Familiares únicamente han sido informados de rumores, los cuales aseguran ha sido vista en Comitán de Domínguez, sin tener información oficial al respecto.

A su vez, ningún funcionario ha sido investigado o retirado de su cargo por los señalamientos.

Por el caso de Alejandra, la CNDH emitió una recomendación por desaparición forzada, así como a la violación a la libertad de tránsito y por discriminación dirigida a la INM, a la PGR, a la Fiscalía General de Chiapas y al Gobierno de Chiapas.

Más de 30 mil desaparecidos

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta el 30 de abril del 2017, se reportan en el país 31 mil 53 desaparecidos.

Casi la mitad de las desapariciones sucedieron en cinco estados: Tamaulipas (5 mil 657), Estado de México (3 mil 754), Jalisco (2 mil 744), Nuevo León (2 mil 501) y Sinaloa (2 mil 444).

Las mismas cifras detallan que el año pasado, 2016, fue en el que más casos de desaparición se han reportado, con 4 mil 670 casos.

Pese a estos datos, contradictoriamente en México no hay una cifra real del número de ciudadanos desaparecidos.

En el informe “El Registro estadístico de la Desaparición: ¿Delito o circunstancia?”, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) evidencia las deficiencias de las autoridades en materia de desapariciones.

El ONC detalla que el estatus de los registros de personas desaparecidas no son óptimos, calificando la respuesta del Estado como “lenta, improvisada y poco transparente”.

“Tras 10 años de altos índices delictivos y violaciones a derechos humanos (haciendo referencia a la llamada ‘Guerra contra el Narcotráfico’ iniciada en la administración de Felipe Calderón), aún no hemos logrado construir un registro confiable de desaparecidos que permita identificar las causas del problema, analizar sus tendencias y definir líneas de acción claras, coherentes y evaluables”.

Desaparición forzada: Mexico a los niveles de Siria y Pakistán

Sobre desapariciones forzadas, donde agentes del estado están involucradas directamente, como en caso de Alejandra, el ONC mencionó que “la impunidad es la regla”.

El fracaso del gobierno mexicano en combatir las desapariciones en el país se ve reflejado, según el ONC, en las diversas asociaciones y colectivos que han tratado de combatir la problemática con sus propios medios y de esta forma, generar datos y protocolos que contribuyan en la búsqueda de personas e investigación de los casos.

En 2016, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró en un informe que la desaparición forzada en México alcanza niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán.

En el país fueron reportados 136 casos de desaparición forzada en México de 2008 a 2015, cifra sólo superada por Paquistán y Sri Lanka, con 144 y 282 casos, respectivamente.

Mientras que desde 1980 a 2015 se tienen contabilizados 545 casos de desapariciones forzadas.

Dicho informe detalla que los años con mayor número de casos de desaparición forzada coinciden con periodos en que las Fuerzas Armadas han intervenido en tareas de seguridad y orden interno.

En los dos últimos años, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, han sido una práctica constante en México, según el GTDFI.

Este grupo de la ONU, sentencia: México no posee un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas.

*Se cambió el nombre de las víctimas para proteger su identidad