MÉRIDA.- El alcalde de la Ciudad, Renán Barrera Concha deberá ofrecer una disculpa pública a la señora María Ravelo Echevarría, madre de José Eduardo Ravelo Echeverría, el “Güero”; en cumplimiento a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo determinó que existieron múltiples violaciones a los derechos humanos del joven, que ocasionaron su muerte. Y María fue víctima de la violencia institucional al intentar buscar justicia. En el documento se dirigen al presidente municipal de Mérida con el siguiente exhorto.
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“Ofrecer una disculpa pública institucional a MB (madre biológica); así como, a los demás familiares directos, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio consistentes en su derecho a la vida, la libertad e integridad personal y seguridad jurídica con motivo de la retención ilegal, y la tortura que derivada del uso excesivo de la fuerza que motivo la pérdida de la vida de PV (José Eduardo)”, se lee.
La CNDH solicitó que el Ayuntamiento de Mérida en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgue el pago de una indemnización. Además de inscribir a María y su familia en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), para que tengan acceso a los fondos de asistencia.
Barrera Concha también deberá coadyuvar a la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las conductas delictivas cometidas contra José Eduardo. Colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de quejas contra los policías que participaron directa e indirectamente en la retención ilegal de la libertad del joven. Al caso de la persona que no le proporcionó asistencia médica.
El alcalde tendrá un plazo de seis meses para procesos de selección y evaluación de la Policía de Mérida y en un lapso de 15 días, de aceptar la recomendación emitir una carta a todos los Jueces Calificadores del Ayuntamiento para ajustar sus protocolos a los establecidos en el Capítulo III, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida.
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LA DETENCIÓN DE JOSÉ EDUARDO, EL “GÜERO” FUE ILEGAL
Luego de un análisis la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la detención de José Eduardo fue ilegal, al igual que su traslado a la cárcel pública. No existía una orden de aprehensión, ni hubo flagrancia de hechos.
El “Güero” ingresó entre las 10:31:48 y las 10:31:59 de la mañana, iba a bordo de la Unidad 269. Lo obligaron a descender del vehículo a las 10:32:40, pero de acuerdo al informe policial homologado lo presentaron a las 13:26 del 21 de julio del 2021. Es decir, 2 horas con 54 minutos después.
Todos los involucrados directa e indirectamente cometieron violaciones a los derechos humanos de José Eduardo y transgredieron lo dispuesto en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, pues no actuaron de acuerdo a las funciones y su normatividad
SÍ HUBO TORTURA
Se estableció que sufrió tortura por uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Municipal, lo cual también se sustenta en la denuncia del 24 de julio del 2021 ante la FGE en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales. La premisa se sostiene aún más con la declaración de un testigo que ingresó ese mismo día a los separos.
Aunque de acuerdo al videoanálisis de las cámaras de vigilancia de los días 21 y 22 de julio, posterior al ingreso de José Eduardo en la celda 8, no se observan agresiones por parte de los policías, los sufrimientos que generaron las acciones de los policías se traducen en tortura; le fue afligida durante al menos 42 minutos.
Finalmente, el 6 de octubre el órgano de la CNDH analizó las certificaciones médicas y el expediente clínico del Hospital Agustín O''Horán. Expidieron una opinión de la mecánica de lesiones, las cuales señalaron fueron a causa de la detención y también consideraron como innecesarias. No había necesidad de golpearlo y someterlo de esa forma.
Reiteraron que la Policía Municipal realizó el acto intencionalmente. Desde su detención,15 policías participaron en el uso excesivo de la fuerza, en tanto otras 5 personas son responsables por negligentes. Todas conscientes del estado vulnerable de José Eduardo lo permitieron.
Es importante mencionar, que el médico que lo inspeccionó también fue negligente. La recomendación de la CNDH detalló que asentó que había consumido drogas y que presentaba lesiones, pero nunca solicitó se le realice un examen toxicológico. Tampoco le brindó la asistencia médica que requería.
FGE: INCONSISTENCIAS EN LA NECROPSIA
En la necropsia, el personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) omitió llevar a cabo el exámen proctológico. La persona encargada se justificó con que había presencia de heces fecales. Sobre esto la CDNH advirtió que es un exámen común y debe hacerse antes del lavado del cadáver y del estudio de necropsia, aún en más en donde antes de morir, la persona denunció ser víctima de violación.
En ese sentido, solicitaron a la FGE continuar con la carpeta de investigación de la violación, y enfatizaron que fue un médico legista de la propia Fiscalía, quién señaló existían huellas de penetración anorrectal reciente.
Asimismo, deberá continuar con la investigación del homicidio y ayudar a la FGR en la integración de la carpeta 4, iniciada por tortura, atribuible a la Policía Municipal de Mérida.
(djh)