TUXTLA GUTIÉREZ.- Al menos 100 mil de las más de 200 mil hectáreas con las que cuenta la región Norte de Chiapas, la cual abarca cerca de 20 municipios, estarían en riesgo de deslaves y deslizamientos de gran magnitud debido al constante cambio de uso de suelo, provocado sobre todo por la ganadería intensiva y extensiva que acabó con bosques y selvas.
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Solo el año pasado, los efectos de los huracanes Eta e Iota dejaron una estela de desastre: 95 puntos colapsaron por tres grandes deslizamientos de tierra en 195 hectáreas de la región, pero la desgracia alcanzó a municipios como Francisco León, Ixtacomitán, Tapilula, Rayón, Pantepec, Chapultenango, Tecpatán y Solosuchiapa, entre otros.
Como parte de las afectaciones, además de los caminos y puentes destruidos, 60 familias perdieron sus hogares y tres personas quedaron sepultadas por los aludes.
Pese a que uno de los poblados, La Candelaria, en Francisco León, quedó prácticamente inhabitable, decenas de familias tuvieron que retornar a sus viviendas al no contar con un espacio dónde empezar de nuevo.
Fermín Ledesma Domínguez, investigador del Centro de Lengua y Cultura Zoque, explica que ante este complejo panorama, solicitaron el apoyo de geólogos guerrerenses para hacer los estudios necesarios en esa zona y buscar la forma en que esas familias se asienten en áreas más seguras.
Explica que es necesario que las autoridades volteen a ver a las familias afectadas por Eta e Iota.
De hecho, solo tres comunidades recibieron, de forma provisional, 4 hectáreas en total para “levantar” sus hogares: San Antonio el Canelar, en Rayón; Candelaria, en Francisco León, y Carmen Tonapac, en Chapultenango, lo que para los especialistas es insuficiente.
Las poblaciones se sienten abandonadas por los gobiernos federal y del estado, pues lo único que les han dado son enseres domésticos y una hectárea comprada, de ahí se carece de un proyecto de construcción de viviendas
Lo que ahora afecta e impacta, acepta, es la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues las poblaciones zoques quedan a la deriva, en el abandono.
Por su parte, Rosalba Pérez Gutiérrez, directora de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero, apunta que, de ahora en adelante, los pobladores de esas localidades zoques tienen que capacitarse para cambiar o detener el cambio de uso de suelo, y enfocarse en otras prácticas menos nocivas y más amigables con la naturaleza.
Aunque se estima que el cambio de uso de suelo data de al menos tres décadas, la especialista refiere que lo más seguro es que una gran parte del estado esté en la misma problemática, con “demasiados focos rojos” de sitios vulnerables.
Lo que es imposible, dice, es que se pueda pasar de puntos rojos a verdes para habitarlos, “pero sí se puede pasar a naranja, o hasta amarillo, si recuperamos ese anclaje natural, con reforestación, por ejemplo, de especies endémicas, cuyas raíces son profundas y que crecen muy rápido”.
MINERÍA, OTRO “DOLOR DE CABEZA”
De nueva cuenta, Fermín Ledesma advierte que también analizan si de alguna forma las actividades extractivas como la minería tienen alguna relación, sobre todo con la muerte de peces en el río La Sierra, producto de las descargas de la empresa Frisco, misma que carece de permisos para esa actividad.
En sí, no tenemos evidencias concretas de si la minería afecte a esa región, pero como es una minería subterránea, se habla de microsismos, vibraciones, por el uso intensivo de explosivos
En el poblado El Beneficio, municipio de Solosuchiapa, hay decenas de casas agrietadas por esas prácticas, ejemplifica el experto.
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