ESTADOS

Acusan a Unach de despidos injustificados; Universidad lo niega

Docentes denuncian que rectoría comenzó la “cacería de brujas” contra docentes de todas las facultades; Universidad sostiene legalidad en sanciones

  • CHRISTIAN GONZÁLEZ/CORRESPONSAL
  • 05/02/2021
  • 16:17 hrs
  • Escuchar
Acusan a Unach de despidos injustificados; Universidad lo niega
Desde Rectoría comenzó la “cacería de brujas” contra personal docente de todas las facultades; hay al menos 100 casos de despidos injustificados. Foto Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Asociación delictuosa, plagio, así como falta de probidad y honradez, usurpación de funciones y desacato, son algunas de las acusaciones en contra de personal docente de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) de entre 15 y 30 años de antigüedad, promovidas desde el Área Jurídica de Rectoría de esa casa de estudios. La máxima casa sostiene que las sanciones tienen sustento jurídico. 

También lee: Estudiantes de la UACH se van a paro por feminicidio de Mariana

De acuerdo con información proporcionada a La Silla Rota, las autoridades universitarias comenzaron, desde el año pasado y en plena pandemia por la  covid-19, una especie de “cacería de brujas” en contra de docentes que, incluso, estaban a punto de jubilarse.

Esta medida, según fuentes consultadas, se debería a una severa crisis financiera que atraviesa la máxima casa de estudios chiapaneca desde hace meses, pues incluso está documentada la falta de pagos de impuestos que se descuentan a los trabajadores.

Tres maestros de la licenciatura en Ingeniería Civil que, tras publicar en el año 2017 ?con la venia de la misma Unach? un libro sin fines de lucro pues era material didáctico para los propios alumnos, hoy se enfrentan a un proceso legal injusto.

Su infierno “vio la luz” el 14 de diciembre pasado cuando, sin previo aviso, les retuvieron su sueldo. Francisco Grajales Marín, con 31 años de servicio en la Facultad de Ingeniería (Titular A), ya pensaba en los trámites de jubilación, cuando le cayó la acusación por presunto plagio.

Su sorpresa es que fue llamado a la Rectoría de la Unach, donde firmaría un finiquito. Una vez ahí se dio cuenta de que la problemática era más grave de lo que parecía: había al menos una decena de profesores y profesoras en la misma situación.

Como el trabajo que encabezó fue colectivo, también resultó afectada Ivet Adriana Samayoa Aquino, con dos décadas como docente de la misma Facultad (Asociada C), quien en repetidas ocasiones ha solicitado el documento de prueba de lo que la acusaban. “Hagan de cuenta que nadie sabe nada, que no pasó nada”, lamenta.

UNIVERSIDAD AVALA Y DESPUÉS CASTIGA

Para ellos resulta increíble que la misma Universidad -que avaló, financió, diseñó y distribuyó el libro, el cual incluso recibió un reconocimiento en la Feria Internacional del Libro en Colombia- hoy los tenga “contra las cuerdas” solo porque utilizaron el texto sobre construcción sustentable para cuestiones de carrera docente, un estímulo que reciben por actividades extracurriculares.

Fue como el pretexto perfecto para querernos sacar; es imposible que nos quieran despedir por una actividad extra-académica, pero a nombre de la Unach

De hecho, el “error u omisión” de los docentes fue obviar el entrecomillado de un pequeño párrafo del texto. Sin embargo, no solo serían ellos los culpables, sino la misma Unach y la editorial que lo lanzó. Aunque ellos propusieron una fe de erratas, no los escucharon.

Para los afectados, hay dos personajes clave en esta maraña: el jurídico general de la institución, Enrique Pimentel González Pacheco, y el propio rector, Carlos Faustino Natarén Nandayapa.

Ese abogado general me dijo que tenía que firmar (su despido), y que el aguinaldo y sueldos seguirían retenidos, entonces le dije que no lo haríamos; luego nos hicieron el cambio de pago a cheque, cuando se hacía vía nómina”, cuenta Francisco Grajales, de 72 años de edad

En el caso de Ivet, de 46, lo único que la Unach le otorgó fue el número de proceso administrativo, el AG/DJ/DAJ/41/2020. No hubo más.

Otro caso es el de una maestra de Comitán, Ana María Ramos, a quien acusaron de asociación delictuosa. De hecho, la amenazaron con “estudiar” toda su trayectoria de al menos una década para atrás, como una forma de intimidarla, coaccionarla.

“Para ese abogado general, es asociación delictuosa porque en esos materiales participan desde 3, 4 o 5 autores, y de ahí se agarra”, evidencia Javier Aguilar, abogado defensor.

CASO ELISEO TRINIDAD: TRIPLE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS

Pero los casos de injusticias supuran por todos lados. Eliseo Trinidad Hernández recibió un correo electrónico, apenas el pasado jueves, sobre la notificación de que esa casa de estudios ?para la cual laboró por casi 16 años? le rescindiría el contrato laboral. Una injusticia más.

Sin embargo, el hostigamiento hacia él se fraguó desde 2013, cuando una alumna lo acusó de varias situaciones, lo que generó que las autoridades universitarias le prepararan un juicio sumario; “pero no hubo una denuncia de acoso, de otras situaciones, ni se comprobó de lo que me señalaba”, recuerda.

En esa ocasión no solo recibió el respaldo de la comunidad estudiantil, a través de marchas, sino que él mismo inició una huelga de hambre. Tras el “linchamiento mediático” que sufrió, en poco tiempo la situación cambió a su favor, pues se comprobó que en ningún momento incurrió en irregularidades.

Para evitar más vicisitudes, es cambiado de la Facultad de Derecho, en San Cristóbal de Las Casas, al Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (Cecocise) en Tuxtla Gutiérrez, a donde llega en 2013.

Empezó otro tipo de hostigamiento: le negaban la carga académica; pero fue en 2019 cuando tres alumnos de la Maestría en Derechos Humanos planean un ayuno parcial en contra del entonces coordinador de esta misma, José Adriano Anaya, y de quien acusaban como acosador, el docente Alfonso Martínez Lazcano.

No obstante, Trinidad, también reconocido como defensor de derechos humanos interpuso, desde noviembre de 2019, una queja ante la CEDH (número 1152/2019) porque lo habían dejado fuera del Cecocise de forma injusta. “Los coordinadores de la Maestría y del Centro, José Adriano Anaya y Delia Estrada, respectivamente, argumentaban que yo les armé esa huelga”.

El 7 de noviembre de ese año, envió al jurídico de la Unach, Enrique Pimentel, la queja interpuesta ante el CEDH para que le respondiera sobre ese asunto. Hasta la fecha no recibe nada e, incluso, enseña las pruebas, firmas y sellos de que fue ignorado.

En esa ocasión, la propia autoridad universitaria reconoció que Eliseo era víctima de hostigamiento laboral, es decir, se aceptaron las medidas precautorias.

Sin embargo, apenas el 13 de enero pasado le enviaron un correo cuyo contenido era un citatorio para una audiencia para dos días después, vía aplicación Zoom; lo peor de todo no es eso: aún no le confirmaban las pruebas que según tenían en su contra, acción que contraviene a la propia Ley Federal del Trabajo, pues dicha notificación se debió hacer por escrito y de forma personal.

“A quienes trabajamos de forma honesta nos sacan, pero a los acosadores ahí los mantienen, siguen dando clases de Maestría, no han sido investigados; hay una incongruencia”, argumenta quien, sin dudar, advierte que esta práctica sistemática de despedir docentes sin una justificación sólida es maquilada por el propio titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Unach, Enrique Pimentel.

Pese a que ya lo despidieron, aún no sabe quién o quiénes lo señalaron y cuáles son las pruebas, y por qué, a más de un año de haber enviado la queja de la CNDH, no le han contestado la misma.

OMISIÓN, PERO DE LA UNIVERSIDAD

Para él, hay una indiferencia institucional, lo que pudo haber vivido la propia joven doctora Mariana Sánchez Dávalos, asesinada en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, el 28 de enero pasado; “pareciera que estas autoridades esconden documentos, eso le debió pasar a ella, y ahora al parecer nos lo hacen a nosotros”, argumenta.

A diferencia de los otros docentes, a los que sí les ofrecían un cheque, el caso de Eliseo es diferente: lo intentaron amedrentar, al fabricarle delitos, y de esa forma sacarlo, pero sin un centavo en la bolsa.

De nueva cuenta, Javier Aguilar, abogado defensor, asevera que ha habido una serie de arbitrariedades en todos los casos, pero lo que es evidente es que se quieren desalojar plazas para meter a posibles recomendados.



En todos los casos, hay otra traba: los nuevos centros laborales y el tribunal en la materia no se mantienen abiertos, pues hay suspensión de actividades por la pandemia.

Francisco, Ivet y Eliseo temen ahora que la propia universidad les invente otros delitos, pues hasta el momento los ha “paniqueado” con empezarles un proceso administrativo. “Como si fuéramos delincuentes”, dice la maestra.

LA CRISIS SE EXTIENDE

Pero la crisis también alcanzó a otras universidades, como la de Ciencias y Artes de Chiapas que, a finales del año pasado, también aplicó “la guillotina”, de forma injusta, contra un grupo de profesores e investigadores de prestigio.

Al parecer, la molestia del entonces rector, Rodolfo Calvo Fonseca (quien renunció a su puesto porque al parecer participará por un cargo de elección popular en junio de este año), es que tres docentes del área de Energías Renovables poseían pruebas de un desvío de recursos por parte de dicho personaje: es decir, cerca de 8 millones de pesos no se invertirían completos en una obra en esa facultad.

La represión llegó apenas en diciembre. De forma verbal, el reconocido académico e investigador del área de Investigación e Innovación en Energías Renovables, Neín Farrera, fue despedido por parte de las autoridades de esa casa de estudios.

De acuerdo con el docente, hasta el momento no sabe por qué se tomó esta “drástica decisión”, así como les ocurrió a otros dos compañeros de su misma facultad.

En un texto que publicó en su cuenta de Facebook, el doctor en Ciencias en Desarrollo Sustentable y dos veces ganador del reconocimiento al Mérito Estatal de Ciencia y Tecnología, manifestó: “Me da mucha pena y tristeza (por nuestra universidad) que sin ninguna justificación nos despidan a mí y a varios compañeros que solo nos dedicamos a trabajar y que habíamos ganado una plaza de tiempo completo, por un proceso legal”.

En su caso, dijo, solo le avisaron de forma verbal y aunque ha solicitado que le notifiquen por escrito, no lo han hecho, “aunque sí me han confirmado que el próximo semestre ya no estaré en la universidad”.

Neín Farrera ha dirigido 10 tesis de posgrado (maestría y doctorado), desarrollado más de 25 tecnologías energéticas renovables (mismas que ha donado a la institución en 2020), entre otros.

“Hemos trabajado intensamente por años (y lo seguimos haciendo) en comunidades rurales marginadas y con productores del campo, con instituciones del gobierno así como con empresas industriales locales”, resaltó.

Esta medida tomada en su contra, aseveró, sin duda atenta con sus derechos humanos y sobre todo con los derechos de sus estudiantes, quienes se quedan sin dirección de tesis. “Con esto peligra el PNPC-Conacyt de nuestros posgrados y la estabilidad del instituto con los mejores indicadores de la universidad (más del 90% por ciento somos SIN, o éramos)”.

RECHAZA UNIVERSIDAD “CACERÍA DE BRUJAS

La secretaria general de la Universidad Autónoma de Chiapas, María Eugenia Culebro Mandujano, aclaró que todas las sanciones contra académicos tienen un soporte jurídico, por lo que rechazó que se trate de una “cacería de brujas”.

Se considera importante destacar que las y los académicos que han sido separados de la Universidad por la comisión de un delito (plagio), no constituye una violación a los Derechos Humanos ni violencia de género.

Tampoco se trata de un asunto de saneamiento de finanzas universitarias, sino una falta de probidad en el trabajo académico. Si a los estudiantes se les sanciona cuando se identifica una copia o plagio, con mucho mayor razón es el caso de los académicos.

Deseamos destacar que el delito de plagio fue identificado a partir de la participación libre y voluntaria en un programa federal en que las y los académicos se registran para cobrar un estímulo económico mensual (sobresueldo) de aproximadamente $15,000 pesos mensuales, durante un periodo de 12 meses. Las y los académicos que desean participar, firman bajo protesta de decir verdad la autenticidad de los documentos, y aceptan las reglas de participación del mismo.

Por todo lo anterior, y porque el origen del financiamiento del programa de estímulos denominado “Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente” (PEDPED), la Universidad ya ha dado parte a las autoridades competentes y, por tratarse de recurso público de orden federal, también se dará parte a la Auditoría Superior de la Federación.

Adicionalmente, se presentará una denuncia ante el Ministerio Público, quien determinará si existen otros delitos dentro de los hechos. Aquí es importante destacar que el plagio es un delito del orden federal.

No se trata de una “cacería de brujas”, como se menciona en la publicación, sino de una actividad inherente a la vida universitaria que busca fortalecer la calidad académica y hacer un ejercicio responsable de los recursos públicos.

NO SON ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Es importante destacar que las y los profesores de tiempo completo cobran un salario de 40 horas a la semana, de las cuales se atiende un máximo de 18 frente a grupo, pues el salario incluye también un tiempo para hacer investigación, escribir libros, artículos, brindar asesoría a los estudiantes, entre muchas otras actividades que engloban la vida académica. Por ello, no se trata de actividades “extraescolares” -como se menciona en la nota- sino de actividades propias de la jornada de las y los académicos. 

La Secretaría de Educación Pública tiene ya conocimiento del caso, y nos ha pedido rendir un informe detallado de cada uno de las y los académicos sancionados, así como de las acciones legales que tomará la institución sobre el tema.