SONORA (La Silla Rota).- El pasado 15 de abril, la revista Proceso reveló que un tío de la Gobernadora Claudia Pavlovich, Rafael Pavlovich Durazo, abusó su posición familiar para lograr arrestar a cinco campesinos, con el fin de apropiarse ilegalmente de terrenos ejidales donde la minera estadounidense Penmont, extrae grandes cantidades de oro, en Caborca.
“El pasado 12 de abril acudieron a las tierras, propiedad del Ejido el Bajío, 24 patrullas de la Policía Estatal de Sonora y al menos tres de la Policía Municipal de Caborca, además de diversos civiles, para despojar de sus tierras a los campesinos que son los legítimos dueños de las mismas”, citaba el medio al abogado Jesús Thomas, representante de los ejidatarios.
En la publicación, se detallaba que la orden de aprehensión, solicitada el 28 de marzo por el tío de la gobernadora, tardó dos semanas para que el Ministerio Público integrara la averiguación.
Por esta razón, decenas de efectivos policiales se presentaron en el Ejido El Bajío para detener a los “peligrosos” campesinos: Erasmo Santiago Santiago, Simón Santiago Morales, Pedro Santiago Morales, Bartolo Pacheco Santiago y Salvador Ibarra Morales.
“Lo que cualquiera con dos dedos de frente bien sabe es que integrar una averiguación previa les lleva años y rara vez se consigna. Estos señores la armaron en dos semanas. Se ve que hay línea del Procurador Estatal, Rodolfo Montes de Oca, para fabricar los delitos”, aseguraba el abogado.
Por su parte, la PGJE, emitió un comunicado el pasado 16 de abril, para aclarar la publicación, donde informa que la dependencia actuó para cumplir una orden de cateo girada por un juez; y que además, los campesinos recibieron con violencia a los agentes de la policía.
Confirma Gobernadora parentesco
En entrevista, la Gobernadora Claudia Pavlovich dijo desconocer sobre este hecho donde se acusa a Rafael Pavlovich, pero confirmó su parentesco: es primo de su papá.
Además, la mandataria sonorense dijo que es la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la instancia encargada de llevar el asunto, misma que ya hizo una aclaración pública de este suceso.
"Ahí está claramente especificado en una aclaración que hizo la procuraduría, quien es la instancia adecuada y por su puesto el juez que dictó la orden. Desconozco totalmente el caso, la verdad los temas legales no son de mi incumbencia, son de la autoridad judicial (...) Es un primo de mi papá, sí", manifestó.
Ante el cuestionamiento de que si las autoridades actuaron conforme a derecho, al usar la fuerza pública para retirar a los campesinos y arrestarlos, la Gobernadora señaló que ella no es quien tiene que decirlo, sino la instancia correspondiente, pero que siempre el respeto a la ley es lo más importante.
"No soy yo quien tiene que decir, sino la autoridad judicial correspondiente y por su puesto en este tema y en todos, el respeto a la ley es lo más importante", finalizó.
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