La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció que el último paradero de cinco jóvenes de Playa Vicente, desaparecidos el 11 de enero de 2016, fue un campo de tortura empleado por elementos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y custodiado por policías de Veracruz.
Lo anterior, fue incluido en la recomendación 5VG/2017, a raíz de la desaparición forzada de Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz, José Alfredo González Díaz y Mario Arturo Orozco Sánchez. Este crimen ventiló una complicidad entre fuerzas estatales y delincuencia organizada para cometer asesinatos de manera sistemática en la región de la Cuenca del Papaloapan, al sur de la entidad.
En el documento firmado por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, se muestran dictámenes en criminalística realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) que indican que en el rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, se encontraron herramientas de tortura como una macana de madera con la frase de “No mientas” y un hacha con la leyenda “Te estoy esperando” en letras cursivas.
En febrero de 2016, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que en ese predio -vinculado al presunto jefe de plaza del CJNG en Tierra Blanca, Francisco Navarrete- fueron exhumados cerca de tres mil fragmentos óseos: restos de mandíbula, costillas, fémur y sacro.
La CNDH advirtió sobre “violaciones al derecho humano a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas”, ello apoyado en la declaración de ocho ex policías estatales y algunos de los civiles detenidos que reconocieron formar parte del Cartel Jalisco Nueva Generación; que a la fecha no han sido sentenciados.
Por lo ya referido, la institución recomendó al gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, colaborar con las investigaciones de la PGR en contra de los 21 detenidos -entre ellos el delegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández- por el delito delincuencia organizada; ilícito del cuál la PGR se declaró incompetente en noviembre de 2016 pero que fue retomado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
A continuación, se presentan extractos de la declaración de Rubén Pérez Hernández -el octavo policía de la SSP detenido-, quien aceptó que su grupo detuvo ilegalmente, torturó y finalmente entregó a los cinco jóvenes de Playa Vicente con integrantes del CJNG.
También se exponen confesiones de presuntos delincuentes que describen la manera en que, con la anuncia de policías, recibían a más personas marcadas como “efectivos”, “becerros” o “paquetes” para interrogarlos, “hacerles mucho daño” en un cuarto dedicado a la tortura, asesinarlos y finalmente fundirlos en tambos con diésel.
“Nosotros entregamos a los jóvenes de Playa Vicente”: policía
El lunes 11 de enero de 2016, a las 11 horas con 10 minutos, el policía estatal Édgar Ramón Reyes Hermida recibió una llamada de su compañero Edgar Omar Ruíz Tecalco, alias la Perrita. Le dijo que habían intervenido un vehículo con cinco personas, “unos chavos de Playa Vicente que se le habían hecho sospechosos”.
Reyes Hermida, alias El coreano, se lo informó a Marcos Conde (entonces delegado en Tierra Blanca), éste envió a dos de sus hombres a revisar la situación. “Salí con Reyes Hermida a alcanzar a mis compañeros, a bordo de una camioneta color blanca doble cabina”, refirió Rubén Pérez Hernández, el octavo policía confeso.
Los dos elementos se dirigieron hasta la gasolinera Ferche Gas, atrás de un Super Che, sobre la carretera Tinaja-Ciudad Alemán. “Cuando llegamos tenían intervenidos a los chavos dentro del carro donde viajaban, la unidad Jetta color gris (propiedad de Mario Arturo Orozco Sánchez, uno de las cinco víctimas)”.
Reyes Hermida fue claro con sus compañeros uniformados y dictó la orden a Ruiz Tecalco, la Perrita: “Muévanse de ahí y pásense más adelante porque en la gasolinera hay cámaras de vigilancia”.
Avanzaron unos metros en caravana, al frente iba el Jetta color gris con los jóvenes de Playa Vicente, seguidos de la patrulla de policía y más atrás una camioneta color blanca doble cabina, cuyos tripulantes fueron vinculados con CJNG. En un alto, José Benítez de la O (otra de las víctimas) fue movido a la patrulla de estatales y su lugar en el Jetta gris fue ocupado por uno de los policías.
“Recuerdo que uno de ellos llevaba barba de candado, todos tenían el cabello corto y la muchacha era delgada, de cabello como güero. Dijeron que venían de una fiesta en Veracruz y que iban para su casa a Playa Vicente. A dos de ellos les colocaron esposas”, confesó el detenido.
Reyes Hermida -quien estaba al mando de los siete policías de la SSP-, indicó a los elementos Otoniel Cruz Linares y Rubén Pérez que manejaran el automóvil de los jóvenes con rumbo a la comunidad de El Amate, al rancho de Mata trapiche o El Limón.
“Íbamos nuevamente por el Chedraui, donde detuvieron a los muchachos por primera vez, ahí me llamó Reyes Hermida a mi número celular 2292212523 y me dijo que lo esperáramos en el rancho Las Torres”.
Al llegar al rancho Las Torres, con rumbo a La Tinaja, Otoniel Cruz y Rubén Pérez esculcaron la cajuela del vehículo Jetta color gris. “Encontramos unas mochilas que tenían ropa, perfumes y un reloj, también estaban unas rosas. Pero no encontramos nada malo”, recalcó en la denuncia.
“Al poco rato llegó Reyes Hermida (el mando de los policías), pero abordo de una camioneta Mazda color gris CX7. Me dijo que me fuera con él y a Otoniel le dijo que se fuera a Paso del Toro por la libre, que allá lo encontrábamos”.
El vehículo Mazda avanzó hacia la entrada conocida como La Campesina, entrando por un camino de terracería hasta unos cañales, donde un elemento policial, sin especificar el declarante, les indicaba el lugar exacto donde se encontraba la patrulla con los jóvenes detenidos.
“La unidad estaba metida entre cañales. (Los policías) tenían acostados boca arriba a los muchachos, en el monte. Estaban golpeados, con sangre a la altura del pecho y del estómago. Tenían las manos atadas a la espalda. A la muchacha la tenían en la cabina de la camioneta, a ella no la habían golpeado”.
Los policías bajaron el respaldo del asiento trasero e introdujeron a los jóvenes, uno por uno. Los sentaron con las piernas encogidas a nivel del pecho, con las manos atadas a la espalda. Dos en cada lado del compartimento trasero. Reyes Hermida ordenó a Rubén Pérez que condujera el vehículo, mientras él compartía asiento con Susana Tapia Garibo, la menor de edad, en el lado del copiloto.
Avanzaron por la carretera federal hasta la desviación de Joachin, comunidad del municipio de Tierra Blanca. “Doblé hacia la derecha y me indicó que avanzara despacio…Pasamos dos puentes hasta llegar al rancho de Mata Trapiche o El Limón. Yo ya conocía ese lugar porque ya había ido en dos ocasiones con el comandante Marcos Conde”.
Rubén Pérez, estacionó la camioneta Mazda color gris hasta una galera de lámina, según indica él mismo, ahí ya esperaban seis personas del sexo masculino, que no rebasaban los 25 años de edad, quienes abrieron la cajuela de la camioneta, bajaron a los jóvenes atados de manos y luego los metieron a un cuarto.
“A todos los metieron a un cuartito, los iban sacando uno por uno y les comenzaban a golpear con cinturones en el pecho y en la espalda, preguntándoles para quien trabajaban”.
De acuerdo con la declaración de Rubén Pérez Hernández, a los jóvenes los sacaron de la habitación. Los hicieron caminar en dirección recta, hasta llegar a la parte baja del terreno, junto a un arroyo que desemboca en el río Blanco.
“Mi compañero y yo nos paramos desde un lugar donde se podía ver todo lo que les hacían. Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo. Recargaron sus cabezas sobre una piedra. Un sujeto agarró un hacha grande, como de 50 centímetros de largo…”.
Opiniones Técnicas en Materia de Medicina Forense –incluidas en la recomendación 5VG/2017- especificaron que las causas que provocaron el fallecimiento de las víctimas fueron traumatismo cervical con lesión de médula espinal y/o traumatismo craneoencefálico.
“Cerca de donde estaban (los cinco jóvenes), allá abajo, había dos tambos metálicos con capacidad de 200 litros. Entonces escuché cuando gritaron: Traigan el diésel, y pues pienso que los quemaron. Yo mejor le dije a mi compañero que nos fuéramos”, abundó el policía.
Según Rubén Pérez Hernández, él y su compañero regresaron por el kilómetro 16 de la carretera La Tinaja-Tierra Blanca. En un lugar llamado La Capilla, recogió a su compañero Otoniel Cruz, quien para entonces ya había abandonado el Jetta color gris, en el municipio de Medellín de Bravo, a unos 98 kilómetros de Tierra Blanca.
Los ex elementos policiales regresaron a Tierra Blanca alrededor de las 22:00 horas del 11 de enero 2016, después de haber presenciado el multihomicidio, decidieron saciar su apetito: “Pasamos por la cena y terminamos en la delegación de Tierra Blanca. Ya después nos pusimos a platicar”.
“El Limón era utilizado para ejecutar, desmembrar y calcinar”: CJNG
Por la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Playa Vicente, 13 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos por autoridades federales. Algunos confesaron que en el rancho El Limón torturaron y asesinaron a más personas que eran entregados con ellos por elementos de la SSP.
“Llegué a Tierra Blanca el día catorce de febrero del año dos mil quince […] cuando estuve ahí ya supe que era DELINCUENCIA ORGANIZADA, y que pertenecíamos al [Cártel Jalisco] […] me consta que el rancho ´El Limón´ era utilizado para ejecutar, desmembrar y calcinar con diésel a las personas y también servía como taller para realizar alteraciones y modificaciones a vehículos”, esta declaración corresponde a PR1, del 14 de marzo de 2016.
El mismo detenido refiere que la indicación de sus superiores para con recibían a las víctimas que entregaban los policías era: “hacerlos pedazos y los echaban en unos tambos de fierro, para cocerlos con diésel”.
A esta confesión se agregan las declaraciones de tres detenidos – contenidas en la carpeta de investigación 27/2016 a las que este medio tuvo acceso- que describen una presunta alianza de la delincuencia organizada con “Los Estuches”, como se referían a los policías estatales.
“Al rancho El Limón, llegaba a quien le apodaban ‘Conde’ acompañado de cinco o seis policías estatales que se trasladaban en patrullas de la SSP. Había ocasiones que llegaban en vehículos particulares. Nos llevaban a personas que ellos mismos levantaban; nos decían que eran 'efectivos', ‘becerros’ o ‘paquetes ’y ya después eran ejecutados por ‘El Flaco’”, se lee en el documento.
El segundo testimonio detalla la operación: “‘El Kuini’ era el encargado del grupo, él nos avisaba cuando íbamos a tener visita de ‘Los Estuches’, quienes llevaban a ‘los becerros’ (las víctimas). La Estatal la lleva con el Cártel de Jalisco Nuevo Generación, al que yo pertenezco”.
El tercer detenido reitera la relación con la policía a cargo de Conde: “yo nunca conocí a quienes le hacían de halcones, lo que sé es que con la Policía Estatal de Tierra Blanca no había problema alguno; los llamábamos ‘Los Estuches’”.
Otra declaración disponible en la recomendación 5VG/2017 es la de PR3, quien aseguró participar en dos ejecuciones en el año de 2015. “[…] Me comentaron que llevaron a dos motociclistas […], los llevaron los policías estatales quienes los entregaron al grupo, los agarraron a tablazos para que soltaran información de donde llevaban las motos, si las habían robado y para matarlos primero los tablearon y se los rolaban entre todos, con la misma tabla les pegaron en la nuca […] los echaron al tambo y los cocinaron, es decir los quemaron con diésel. Para que cupieran en el tambo los cortaron en pedazos, […] todo esto lo hacía [PR1], ya que él era el encargado […]”.
Del análisis de las evidencias expuestas, la CNDH advirtió que varias personas fueron torturadas y privadas de la vida en el rancho “El Limón”, por ello sugirió que los detenidos, incluidos los ocho policías de la delegación de Tierra Blanca sean investigados por el delito de tortura y homicidio agravado.
Si bien, los padres de los cinco jóvenes de Playa Vicente, reconocieron que la recomendación emitida por la CNDH es un avance en su caso, también lamentaron que solo se solicitara investigar posibles faltas administrativas a los integrantes de la cadena de mando de la SSP, y no abrir procedimientos penales.
“La investigación de la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos en casos de desaparición forzada es una obligación ineludible del estado mexicano. El hecho de que se soslaye por parte de la CNDH únicamente demuestra su falta de autonomía y que las prácticas de exterminio masivo aplicadas por la SSP en el sexenio de Duarte fueron toleradas desde la Federación”, opinó Celestino Espinoza Rivera, abogado de las víctimas.