Durante los últimos dos años al frente de la organización civil “Observatorio Ciudadano Sonora por la Seguridad”, su titular Manuel Emilio Hoyos Díaz decidió opacar el silencio y denunciar públicamente actos de intimidación que sufrió desde 2016 por parte del gobierno del estado.
Dicha medida lo llevó a presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el pasado viernes 23 de noviembre.
En la denuncia se explican las situaciones en materia de hostigamiento de manera física y también digital, así como las razones por las que solicita la intervención del órgano nacional, ya que tanto él como otros integrantes de la agrupación han sido objeto de agresiones.
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El representante del Observatorio Ciudadano por la Seguridad en Sonora responsabiliza directamente a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Por su parte, la mandataria estatal afirmó que Manuel Emilio Hoyos debe interponer las denuncias que considere necesarias para garantizar su seguridad y se deslindó de cualquier hostigamiento hacia él.
Hoyos Díaz admitió que la relación con el gabinete estatal de seguridad nunca había sido buena, por el papel que la organización funge en materia de generación estadística y evaluación de la incidencia delictiva;
Sin embargo, argumentó que “esto es parte de un ejercicio democrático en el cual las autoridades siempre se han sentido aludidas”.
“Yo en ese entonces (hace dos años) le comenté en un evento a la gobernadora la situación por la que estaba pasando, de hostigamiento e intimidación por parte de algunos de sus funcionarios”.
Específicamente dijo, las amenazas han sido enviadas por funcionarios de Seguridad Pública y la Fiscalía General, en ese entonces a cargo de Adolfo García Morales y Rodolfo Montes de Oca, respectivamente.
“Pensando que la gobernadora iba a tranquilizar la situación, le comento que no era de beneficio para nadie este tipo de acciones, sin embargo, pareciera que siguieron estas situaciones, después en 2017, la situación seguía en una constante”.
El director del Observatorio Ciudadano de Seguridad detalló que el hostigamiento del cual fue víctima, hace referencia a ‘troleo’ en redes sociales, amenazas e intimidación a través de mensajes que dejaban en su automóvil y llamadas anónimas amenazantes.
“Después entra en acción el Fiscal en ese entonces Rodolfo Montes de Oca por declaraciones sobre la situación de inseguridad en Sonora que dábamos a la prensa, declaraciones nada fuera de lo normal y en mayo de 2018 se molesta debido que nosotros retomamos el desafortunado caso de Genaro en Navojoa, en el que todo indica que al parecer policías municipales asesinaron al joven”.
Cabe recordar que a inicios de mayo pasado La Silla Rota documentó el caso de la muerte de Genaro, joven de 29 años que presuntamente se había suicidado en una celda de la comandancia municipal de Navojoa al ahorcarse con las agujetas de sus zapatos, tras ser detenido por abordar de copiloto en estado de ebriedad con uno de sus amigos.
Pero, tras indagaciones de los familiares y amigos y denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se comprobó que la víctima había sufrido daño físico por golpes que se detectaron en su cuerpo y que, en su estadía en la celda, se violentaron sus derechos humanos.
Al tomar el caso y dar seguimiento puntual, para demostrar los excesos y abusos de los oficiales municipales, Emilio Hoyos asegura que, el fiscal Montes de Oca pidió su cabeza.
“Ahí es cuando prácticamente, Montes de Oca pide mi cabeza, habla con el que era mi jefe directo para precisamente pedirle ese favor, ahí hay un conflicto de interés ya que el fiscal, la gobernadora y el que era mi jefe, Carlos Espriú Vicepresidente del corporativo de empresas Tetakawi, tienen lazos de amistad”.
‘La gota que derramó el vaso’, cuenta Emilio, fue la amenaza con arma de fuego que sufrió en agosto pasado, al salir de la casa de sus papás, para minutos después ser condicionado por su patrón para no ser despedido de la empresa maquiladora para la que trabaja.
“Sale un tipo con arma de fuego, le pega al vidrio del vehículo donde venía y me grita que le baje dos rayas, se va corriendo y se sube a un pick up blanco, después de hecho me llaman de la oficina donde laboraba y me dice que tengo que decidir entre el observatorio de Sonora por la Seguridad o mi trabajo porque eran órdenes”.
El afán del gobierno señaló, es que se cierre el Observatorio de Sonora por la Seguridad, organismo civil que se encarga de evaluar la incidencia delictiva en el estado, misma que los últimos meses ha dado puntual seguimiento al repunte desmedido de homicidios, derivado de la guerra entre bandas del crimen organizado del cartel de los Salazar y los Beltrán Leyva, que se disputan la plaza de varios municipios del estado, entre ellos Hermosillo y Cajeme.
Actualmente, según cifras oficiales se contabilizan más de 500 homicidios en el estado.
Tras aumentar la presión, en septiembre decide aceptar la renuncia a su empleo.
Actualmente dijo, pasa por una situación complicada pues empleadores han rechazado sus servicios por presión ejercida del gobierno del estado.
“Es ahí donde ya me decido a interponer la denuncia, porque de un simple troleo pasa a escalar a amenazas con arma de fuego hasta mi área laboral y personal, es ahí donde convoco y hago el llamado para que la gobernadora ponga un alto”.
Gobierno respeta voluntad ciudadana al interponer denuncia en derechos humanos
En tanto, la Gobernadora Claudia Pavlovich aclaró sólo a una radio local, por escrito, que el gobierno de Sonora está en la mejor disposición de resolver esta y otras quejas ciudadanas que resulten y que respeta el derecho civil para interponer las denuncias que consideren prudentes.
No ha emitido postura personalmente ni ha dado más declaraciones a la prensa sobre los señalamientos del activista Manuel Emilio Hoyos del Observatorio Ciudadano por la Seguridad.
mvf