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Abusos en hospitales psiquiátricos, delitos de lesa humanidad

Violencia, abuso sexual, esterilización y abortos forzados, trata laboral o sexual, y tortura son comunes en orfanatos e instituciones psiquiátricas del país

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PUEBLA.- “Los jalan o a la fuerza hacen que se tomen sus medicamentos; se les trata como si fueran personas que no tienen derechos”.

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“Les dicen locos o les tienen lástima. Muchas veces los pacientes tienden a ser impulsivos, entonces los enfermeros o enfermeras como castigo les aumentan el medicamento”.

Muchos pacientes vienen conscientes. Están enfermos, sí, pero su familia prefiere dejarlos aquí y sin su consentimiento los internan. El argumento es que su padecimiento los imposibilita para decidir, pero eso debe tener una certificación médica; eso no pasa, los internan y ya

“No puedo proteger a las mujeres de ser violadas por los trabajadores que ingresan a la institución... entonces, las esterilizamos a todas”, declaró el director de Casa Esperanza, en la Ciudad de México.

Al menos ocho mujeres me dijeron que habían sido víctimas de abuso sexual por parte del personal masculino”, afirma una voluntaria en el CAIS Cascada de la Ciudad de México

Lo anterior son testimonios de ex trabajadores de diversos hospitales psiquiátricos. Esta es la realidad que viven los internos.

COCTEL DE DELITOS

Violencia, abuso sexual, esterilización y abortos forzados, trata con fines laborales o sexuales, y prácticas que equivalen a tortura, son comunes en orfanatos e instituciones psiquiátricas de Puebla, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Yucatán, Baja California, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

En el estudio “Crímenes de Lesa Humanidad: décadas de violencia y abuso en las instituciones para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad”, Disability Rights International (DRI) México documenta abusos contra pacientes en 55 instituciones psiquiátricas públicas y privadas, centros de asistencia social y albergues para personas con discapacidad del país.

Fotos Cuartoscuro

La perpetuación intencionada y consciente de estas prácticas equivalen a crímenes de lesa humanidad que de acuerdo con el Artículo 3 del Estatuto de Roma “tienen lugar cuando se comete uno de los actos reconocidos ‘como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque’”, señala la organización.

Autoridades de seis instituciones, entre las que se encuentran El Batán, en Puebla, y Villa Ocaranza, en Hidalgo, reconocieron que todas las mujeres en edad fértil han sido víctimas de esterilización forzada o se les ha puesto un parche anticonceptivo; en la institución privada El Recobro, Ciudad de México, las mujeres que llegan embarazadas son esterilizadas después del parto.

De 50 mujeres que reciben atención en salud mental en servicios psiquiátricos de consulta externa en Ciudad de México, 42 por ciento dijo que habían sido esterilizadas sin su conocimiento o consentimiento.

En Casa Esperanza las mujeres son abusadas sexualmente y violadas por personal y trabajadores externos que ingresan, y también se les obligaba a limpiar las casas de sus abusadores.

Los pacientes nuevos a menudo son blanco de otros pacientes, son violados y no se hace nada para evitarlo, aseguró personal del CAIS Cuemanco, un albergue público para hombres con discapacidad mental en situación de calle en la Ciudad de México.

LAS MUERTES QUE A NADIE LE IMPORTAN

El informe es resultado de una investigación que DRI realizó en México de 2015 a 2020 sobre las condiciones y abusos que los adultos con discapacidad, y las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad enfrentan en las instituciones.

Encontraron que en varias instituciones, las condiciones peligrosas y la atención inadecuada han provocado altas tasas de mortalidad: en El Batán, por ejemplo, al menos 98 de 300 personas han muerto en los últimos dos años.

El director, de quien no dan el nombre, dijo que la “alta tasa de muerte se debió al ‘mal uso de medicamentos psicotrópicos’, una admisión de negligencia médica grave. Esa tasa de muerte de casi un tercio de la población en el psiquiátrico es al menos diez veces mayor que el riesgo de muerte súbita prematura en instituciones similares de otros países”, señala la organización.

En el psiquiátrico Villa Ocaranza, Hidalgo, el director dijo que la causa más común de muerte es el atragantamiento ocasionado por la “aspiración de alimentos”, y a pesar de ello no han contratado a un especialista que desarrolle prácticas seguras de alimentación para prevenirlo.

En Casa Hogar la Divina Providencia, en Estado de México, 32 de sus 152 pacientes trabajan sin salario; en el Centro el Recobro, sólo hay tres empleadas para casi 200 mujeres y “las mujeres más ‘funcionales’ son responsables de mujeres que necesitan más apoyo, deben proporcionarles cuidados y atenciones sin que reciban alguna remuneración.”

ESPOSADOS Y ATADOS DE PIES DURANTE HORAS

El estudio indica que ante la falta de atención adecuada, las personas con discapacidad son controladas mediante sujeciones físicas y químicas. “Les esposo las manos, les ato los pies y los dejo boca abajo durante horas”, dijo el director del Centro de Rehabilitación Fortalécete en Cristo, de Baja California.

Diane Jacobstein, del Centro para el Desarrollo Infantil y Humano de la Universidad de Georgetown, observó que en el personal que atiende a los pacientes existe un total desconocimiento de estándares profesionales y buenas prácticas que permiten prevenir y responder a problemas de conducta y hacer que las sujeciones físicas sean innecesarias, porque son traumatizantes, inhumanas y contraproducentes.

Y dan ejemplos: en el Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables en la Ciudad de México, dirigida por una orden católica, hay niñas, niños, adolescentes y adultos encerrados en jaulas y atados a camas. En el Centro de Rehabilitación Luis Gonzaga en el Estado de México, casi todas las niñas, niños, adolescentes y adultos están inmovilizados y atados de la cabeza a los pies con vendas durante al menos una hora al día.

Observamos a niños y jóvenes con discapacidad cuyas manos estaban atadas a caminadoras en las cuales estaban obligados a caminar por largos periodos, supuestamente como una forma de fisioterapia

En Hogares de la Caridad, en Jalisco, encontraron a un niño de 17 años, con autismo, envuelto en una sábana, amarrado con cinta adhesiva, y encerrado en una jaula. De acuerdo con el personal, necesitaban mantenerlo amarrado debido a los problemas de conducta.

“Están aquí por motivos sociales. Han sido abandonados por sus familias y no tienen a dónde ir”, declaró un funcionario de la Secretaría de Salud en Yucatán. El panorama es el mismo en la Casa Hogar San Pablo, en Querétaro, donde la directora dijo que “se quedan aquí hasta que mueren”.

Disability Rights International señala que en México niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad están condenados a una vida de segregación de la sociedad, porque “las condiciones peligrosas en las instituciones y la falta de atención y tratamiento deterioran su salud física y mental. Las niñas, niños y adolescentes a menudo no pueden asistir a la escuela y los adultos no tienen oportunidades de empleo.”

En 35 de las 55 instituciones visitadas encontraron a adultos con discapacidad mezclados con otras poblaciones, como niñas, niños, adolescentes, personas con problemas de drogadicción y migrantes. Además, en 85 por ciento de las 35 instituciones el personal informó del uso de cuartos aislamiento, sujeciones físicas y/o sujeciones químicas.

Los observadores de Disability Rights International documentaron el uso de sujeciones físicas y/o químicas en 83 por ciento de las instituciones para personas con discapacidad visitadas, así como el uso de cuartos de aislamiento. En el Instituto de Psiquiatría de Mexicali, Baja California, encontraron a un hombre con discapacidad intelectual que había estado detenido en un cuarto de aislamiento durante más de cuatro meses, y a una mujer embarazada en un cuarto de aislamiento.

En 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU condenó a México por incumplir sus obligaciones para evitar la segregación de personas con discapacidad y crear servicios y apoyos en la comunidad, sin embargo, el gobierno no ha modificado sus leyes discriminatorias ni ha cumplido recomendaciones para prevenir la explotación laboral de personas con discapacidad y la esterilización forzada, por lo que tanto a nivel nacional como estatal “ha permitido que continúen los abusos de personas con discapacidad al seguir invirtiendo una gran cantidad de fondos en instituciones abusivas en lugar de en servicios de atención comunitaria.”

Disability Rights International ha documentado y expuesto los abusos y la segregación indebida en informes publicados en los años 2000, 2010, 2015 y 2019, pero no existe aún ninguna sentencia penal, por el contrario “las autoridades se han negado a permitir que se visite a las y los sobrevivientes y han tratado de evitar que el personal de DRI en México tenga acceso a información sobre sus casos.”

Concluye que las violaciones a derechos humanos son sistémicas y producto de la segregación de personas con discapacidad en instituciones de todo México, cuyo gobierno perpetúa la institucionalización; además, la Secretaría de Salud destina 1.6 por ciento de su presupuesto a la salud mental; el 80 por ciento de ese 1.6 va al funcionamiento de psiquiátricos, por lo que esa dependencia demuestra la intención del Estado de mantener un modelo institucional y segregador.