TUXTLA GUTIÉRREZ.- A un año del feminicidio de la joven doctora Paulina Gómez Zenteno en esta ciudad capital, la justicia aún no se ha logrado, pues el asesino de la joven, su expareja, continúa en libertad, manifestó Nora Margarita Zenteno, a las afueras del Palacio de Gobierno de Chiapas, en cuya fueron colocadas decenas de fotos y cruces de papel con el nombre de su hija.
Durante su protesta, evidenció que hace apenas un mes logró que el caso de “Pau” se investigara a fondo, es decir como un feminicidio, debido a que desde un principio la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo del otrora fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, mantuvo la postura de que ella se quitó la vida luego de ahorcarse en la azotea donde vivía.
Esto no hubiera sido posible, reconoció, sin el respaldo de Irinea Buendía, cuya hija Mariana Lima Buendía también fue asesinada en el año 2010 en el Estado de México, pero cuyo caso dio un giro inesperado pues la autoridad aseguraba que se trató de un suicidio, cuando la joven fue asesinada.
“Lo dije desde un principio, mi niña no se quitó la vida con un par de calcetas, a ella la mató su ex pareja, Jesús Rafael Trujillo Silva, quien es sicario y ahora está en Michoacán, e incluso al poco tiempo de la muerte de mi hija, él se casó”, recordó.
Como en la entidad chiapaneca no halló el apoyo necesario, aclaró que se entrevistó con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien la escuchó y la tendió, “es una mujer que ayuda a las mujeres, así de fácil”.
Con este paso importante, afirmó que se “desnuda” la poca o nula investigación que efectuaron las autoridades locales en torno al caso, “he recorrido muchos lugares, muchas puertas se me han cerrado, pero muchas otras se abrieron”.
Aunque teme por las represalias debido a que ha recibido amenazas de muerte, Nora Margarita advirtió que no descansará hasta que el culpable esté tras las rejas, e incluso ha vivido violencia por parte de fiscales chiapanecos, lo que está asentado en una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Por su parte, Irinea Buendía consideró que como en los casos de su hija (mismo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y el de Nora Margarita, todas las muertes violentas de mujeres en el país tienen que investigarse con perspectiva de género.
Entre otras cuestiones positivas, dijo que se tiene que sancionar a todos los servidores públicos que incurren en omisiones o negligencias u obstrucción de la justicia e investigación, además de que haya una reparación integral del daño a las víctimas.