En septiembre del 2018, un hecho marcó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses: por las calles de la Zona Metropolitana de Jalisco deambulaba un tráiler lleno de cadáveres que, según las declaraciones oficiales, era por la falta de espacio en la morgue.
Días después se dio a conocer que no era un tráiler, sino dos, y que las precariedades en el SEMEFO, eran peor de lo que se creía.
A más de un año de los hechos, la Comisión Estatal de Derechos humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió las recomendaciones al gobierno estatal por las irregularidades, donde se revelaron otros datos sobre los hechos.
Según el informe, eran tres tráilers los que deambulaban con cuerpos sin identificar. Además se encontraron 700 urnas con cenizas de personas cremadas entre 2011 y 2015, de las cuales –hasta ahora- se desconoce su identidad, por lo que se originó una investigación especial.
La CEDHJ también realizó un seguimiento de casos de septiembre de 2018 a febrero de 2019 y logró documentar 605 cuerpos acumulados en las instalaciones del IJCF.
Fue así que abrió 604 quejas de oficio, una de ellas por dos cadáveres, para investigar y determinar si se garantizaron sus derechos post mortem y el trato digno.
“Fueron 444 personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, las que se acumularon y resguardaron en tres cajas frigoríficas móviles y en las cámaras fijas del propio IJCF”, describió la defensoría jalisciense, que contabilizó 541 inhumaciones y 64 personas fallecidas que fueron identificadas y entregadas a sus familiares, que suman los 605 cadáveres que derivaron en la recomendación.
Hubo negligencia en las inhumaciones
Se advirtió que por lo menos 116 cuerpos que fueron inhumados, contaban con nombre de pila o nombre completo que podían abrir líneas de investigación para ser identificados, pero la autoridad estatal no hizo las diligencias adecuadas para este fin, incluso, siete de ellos tenían documentos con sus datos personales.
La CEDHJ lamentó además que personal de la Fiscalía estatal impidió el acceso a 25 indagatorias, de las 64 personas que sí fueron identificadas. Además documentó que entre los 489 cadáveres sin identificar que se inhumaron, 62 de ellos no tenían ninguna indagatoria.
“Los datos se borraron y desvanecieron de los materiales utilizados (bolsas y etiquetas), debido a la mala praxis implementada por el IJCF para el tratamiento y conservación de los cuerpos de personas fallecidas", señaló la CEDHJ.
Esto impide dar continuidad a las investigaciones para conocer la causa de la muerte, lograr su plena identificación y entregarlos a sus familiares, además advirtió el hallazgo de urnas con cuerpos incinerados.
Encuentran otras irregularidades
Otras de las irregularidades encontradas fueron: falta de investigaciones adecuadas, actas sin firmas de los Ministerios Públicos, dilación en la integración de carpetas de investigación o averiguación previa, ausencia de dictámenes periciales y falta de colaboración con otros estados al encontrar coincidencia de exámenes dactilares en el sistema AFIS.
Las irregularidades impidieron un avance real para aclarar el hecho en el que fallecieron, y al ejecutar la acción penal, establece la CEDHJ.
La Fiscalía del Estado, la coordinación de Puestos de Socorro, el IJCF, el Semefo, el laboratorio de Genética, Identificación de Personas, Criminalística de Campo, “fueron responsables por el incumplimiento en su obligación de respeto y garantía", puntualizó.
Y agregó que incurrieron en la violación a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, al acceso a la justicia, a la verdad, al trato digno y la integridad, por el ejercicio indebido del servicio público y el incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, en agravio de las propias personas fallecidas sin identificar.
En su recomendación solicitan contactar a las familias afectadas para que sea haga una reparación del daño y facilitar la identificación de los fallecidos, además se pidió compartir toda la información relacionada con las personas muertas sin identificar.
También pide gestionar un cementerio forense, se sancione al personal involucrado en las omisiones y se creen sistemas de información para que no se repita la falta de identificación de cadáveres, entre otras.