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A la congeladora, caso de ''moches'' de funcionarios de Jaime Bonilla

La Fiscalía de Baja California determinó archivar el caso de ''moches'' en el que se involucra a tres funcionarios cercanos al gobernador Jaime Bonilla

Escrito en ESTADOS el

La Fiscalía del Estado de Baja California determinó archivar la investigación por caso de ''''moches'''' en el que se involucra a tres funcionarios cercanos al gobernador Jaime Bonilla.

Se trata de del exoficial Mayor Jesús Demian Núñez Camacho y la exsecretaria de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes. Además del Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien no fue señalado en la investigación iniciada, pese a que él reconoció que lo mencionaban como uno de los beneficiarios de los presuntos "moches".

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Las autoridades tuvieron conocimiento de más de 20 millones de pesos que se manejaron en una presunta red de corrupción.

"La Fiscalía Regional de Mexicali inició de oficio la investigación basada en notas periodísticas y portales de comunicación, en donde se señalaba que los imputados habían recibido dinero a cambio de otorgar contratos para la proveeduría de alimentos en los Centros de Reinserción Social (Ceresos)", indica el comunicado.

García Soberanes manejó un programa de desayunos escolares de 800 millones de pesos, anunciado por el gobernador Jaime Bonilla desde su campaña.

De acuerdo con Reforma, Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal en Baja California, aseguró que fue él quien le advirtió a Rodríguez Lozano que revisara el tema, pero éste no actuó, entonces le notificó personalmente al gobernador.

El funcionario federal detalló que en septiembre de 2019, en un retén militar, miembros del Ejército descubrieron a uno de los subalternos de García Soberanes, transportando 2 millones de pesos y miles de dólares dentro de un vehículo.

Ruiz Uribe aseveró que él mismo notificó al mandatario estatal del incidente y fue testigo cuando Bonilla llamó a García Soberanes para decirle que iniciaría una investigación por ese incidente.

Tanto Núñez Camacho como García Soberanes pidieron el diciembre pasado licencia para retirarse del sus cargos públicos y dejar que la Secretaría de Honestidad y Función Pública y la Fiscalía General realizaran las investigaciones.

Con información de Reforma

(Karla Alva)