Chilpancingo (La Silla Rota).- Es consignada como una “burla” por la viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso, el anuncio del fiscal Xavier Olea Peláez acerca de que ya tiene identificados a los asesinos de su esposo. Anticipó que no aceptará los resultados de una investigación que calificó de sesgada, sobre todo si se mantienen en la línea de vincular al ex titular del Poder Legislativo en Guerrero con la guerrilla.
El fiscal anunció en su comparecencia de ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado que en dos o tres semanas dará resultados, con la revelación de implicados, de la investigación del crimen de Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto de 2009 frente a su casa en la colonia Periodistas de Chilpancingo.
En entrevista, la viuda comentó que duda de la investigación realizada por Olea Peláez porque siempre le negó el derecho de acceder al expediente, lo que propició que iniciaran el procedimiento para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita el caso.
La última vez que, dijo la viuda, se entrevistó con el fiscal para pedirle copia certificada del expediente fue hace casi un año, el 19 de julio pasado, y él le pidió un plazo de 20 para entregársela, pero hasta hoy no lo ha hecho. Con esos antecedentes "no puedo darle credibilidad a estas declaraciones".
A lo largo de los casi ocho años transcurridos del crimen, cualquier avance de la investigación que ofrecieron las autoridades, lo rechazó la familia del diputado asesinado, por considerar, mencionó la viuda en este entrevista, la impunidad como una línea de continuidad.
En los tiempos del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) planteó cuatro líneas de investigación: caso político, delincuencia organizada, grupos armados y entorno personal.
Para robustecer la última línea de investigación, en esos tiempos filtraron en algunos medios de comunicación de publicación nacional una lista de 60 nombres de mujeres que supuestamente tuvieron una relación sentimental con Chavarría Barrera, muchas de esas mujeres conocidas por su trabajo profesional y político.
Desde las instancias de gobierno se le vinculó al diputado asesinado en funciones de presidente de la Comisión de Gobierno, con la guerrilla. A la par hicieron públicas supuestas relaciones de Martha Obeso con la organización subversiva Los Enfermos de Sinaloa y la Liga Comunista 23 de Septiembre.
La FGE mantuvo el caso de Chavarría Barrera por muchos años sepultado, hasta ayer que Olea Peláez en su comparecencia con los diputados lo retomó.
El fiscal comentó que antes que él, la procuradora Martha Elva Garzón Bernal es la única que avanzó en la investigación. La ex procuradora estuvo en funciones un año de los tres que duró la administración de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014), y al renunciar dijo que el caso casi estaba resuelto, sólo faltaba consignar los expedientes.
La apreciación de Martha Obeso sobre la nueva indagatoria de la FGE es que reeditarán la línea de investigación de la guerrilla. “Reeditar una línea de investigación que fue desechada desde 2010, en las postrimerías del mandato de Zeferino Torreblanca. Zeferino Torreblanca declaró que el 99 por ciento de la investigación estaba resuelta, que había un avance del 99 por ciento y sólo faltaba detener a los responsables, decía eso mientras presionaba al Juzgado Primero de Distrito para que ejecutara acción penal contra cuatro supuestos miembros del ERPI, pero el juzgado no pudo girar las órdenes de aprehensión porque no había un expediente que soportara una consignación”, comentó en entrevista.
Consideró que el caso casi siempre es utilizado en alguna coyuntura o cuando ya se acerca otro aniversario –el próximo 20 de agosto se cumplen ocho años del crimen–, y si la investigación no cumple con los estándares del derecho internacional de una indagación científica, como aseguró que ocurre ahora, adelantó que la familia no va aceptar esos resultados:
“No vamos a aceptar ningún resultado de una investigación sesgada e inconclusa que pretenda dañar o afectar, primero fabricar algún móvil, y además aceptar a personas inocentes, sean estos quienes sean”.