Pese a que el matrimonio infantil está prohibido por ley en todo el país, la regidora morenista Verónica Hernández Zenón, del municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, fue captada bailando, comiendo y bebiendo en la celebración de la unión de los dos menores de edad de la comunidad indígena de San Pedro Cuitlapa.
La ceremonia, ampliamente difundida en redes sociales, mostró a los adolescentes vestidos de forma formal, besándose y recibiendo billetes de familiares, en lo que fue percibido públicamente como una boda. Sin embargo, ante las críticas, la regidora publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, donde negó que se tratara de un matrimonio formal.
“El evento realizado fue un quedamento, así se le llama cuando los padres del novio otorgan el apoyo moral, asumiendo el compromiso cuando el hijo decide juntarse con su novia”, escribió Hernández Zenón, quien incluso compartió una fotografía donde posa junto a los menores de edad. “No hubo ningún tipo de matrimonio ni civil ni religioso. La vestimenta y la fiesta es un ofrecimiento a los familiares de la novia, asumiendo el compromiso de que cuando lleguen a la mayoría de edad se realice el matrimonio de manera legal”.
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Contexto: en México, el matrimonio infantil está prohibido por ley desde 2019, cuando se reformó el Artículo 148 del Código Civil Federal para establecer que tanto hombres como mujeres deben haber cumplido 18 años de edad para contraer matrimonio, sin excepción ni posibilidad de dispensa por parte de padres, tutores o jueces. Esta reforma fue acompañada por la armonización de los códigos civiles o familiares de las 32 entidades federativas que eliminaron cualquier autorización para que menores se casaran legalmente.
Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe toda práctica que vulnere su desarrollo, incluida la unión forzada o anticipada. A nivel internacional, México está obligado por tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW, que rechazan explícitamente el matrimonio infantil.
Defiende morenista celebración citando a AMLO
La funcionaria, además, defendió su asistencia al evento, argumentando que fue invitada por la familia y que su presencia responde a una cercanía constante con las tradiciones del pueblo: “No me avergüenzo de haber asistido. Siempre estoy pendiente de los pueblos. Lo mismo voy a meter flores a una fiesta patronal que a rezar a un cerro a San Marcos”.
Aunque afirmó que “ningún uso y costumbre está por encima de la ley”, también acusó a los críticos de juzgar sin conocer la realidad local. “Es fácil juzgar tras un escritorio cuando se desconoce del caso… ahora sí, desconocen nuestras costumbres”, dijo en su defensa, citando incluso al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el respeto a los pueblos originarios.
El caso ha generado controversia y críticas desde organizaciones civiles, que advierten que este tipo de uniones, aunque no sean registradas legalmente, representan formas de matrimonio infantil que violan los derechos de las niñas y adolescentes, perpetuando contextos de desigualdad, violencia estructural y abandono escolar.
Persisten uniones infantiles: Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con las tasas más altas
Aunque el matrimonio infantil está prohibido en todo México y puede castigarse con hasta 15 años de cárcel en Guerrero, en comunidades indígenas como San Pedro Cuitlapa, municipio de Tlacoachistlahuaca, los usos y costumbres continúan imponiéndose por encima de la legislación civil. El caso más reciente: dos menores, de apenas 12 o 13 años, fueron “casados” con la aprobación de sus familias e incluso autoridades locales.
Tlacoachistlahuaca, una región de población mayoritariamente mixteca ubicada en la región de la Costa Chica, mantiene prácticas comunitarias que, en la práctica, colocan a la legislación estatal en un segundo plano. Según lo establece el Artículo 44 del Código Civil del Estado de Guerrero, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, sin excepción. No obstante, estas uniones por arreglo se realizan fuera del ámbito legal, disfrazadas de fiestas familiares.
En el caso de San Pedro Cuitlapa, la celebración ocurrió el pasado domingo y fue ampliamente difundida en redes sociales y grupos de WhatsApp. En un video se observa a los dos menores, vestidos con ropa formal, besándose frente a una multitud de familiares y vecinos, mientras estos les colocan billetes de distintas denominaciones sobre sus atuendos, como parte de una tradición simbólica que suele acompañar las bodas en algunas comunidades. En otro se les ve bailando juntos mientras un maestro de ceremonias felicita públicamente a los padres de la novia: “Un aplauso al señor Andrés Díaz Severo y a la señora Antonia García Santiago".
Las cifras del matrimonio infantil en México
A pesar del marco normativo, las uniones tempranas persisten de forma informal, especialmente en comunidades indígenas, rurales o marcadas por la pobreza. Según datos del Censo 2020 del INEGI, más de 200 mil personas menores de 18 años estaban unidas —casadas o en concubinato— y el 84% eran mujeres. Entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán presentan las mayores tasas.
Estas uniones, muchas veces encubiertas como acuerdos culturales, implican graves riesgos: abandono escolar, embarazos adolescentes de alto riesgo, violencia sexual y económica, y falta total de protección jurídica para las niñas. Organismos como UNICEF, Save the Children y la Conapo advierten que la práctica no ha desaparecido, sino que se ha invisibilizado, escapando del control institucional y persistiendo en contextos de desigualdad estructural.
No es matrimonio oficial, dicen las autoridades
Ante la indignación generada en redes sociales por la boda en San Pedro Cuitlapa, el coordinador técnico del Registro Civil estatal, Roberto Bohórquez, declaró que "no se realizó ningún acto formal de matrimonio", aludiendo que fue únicamente una fiesta organizada por las familias. Sin embargo, esta postura deja un vacío legal preocupante: si no hay acta, pero hay convivencia con consentimiento comunitario, ¿hay o no hay delito? La omisión institucional normaliza lo que la ley claramente prohíbe.
Una práctica común en Guerrero
Este es el segundo caso documentado en Guerrero en lo que va del año. En febrero, en la comunidad de Huamuchitos, zona rural de Acapulco, se celebró otra unión infantil bajo los mismos esquemas de consentimiento parental y aval comunitario. Ambos hechos reflejan una cruda realidad: la legislación estatal choca con prácticas culturales que siguen marginando los derechos de niñas y adolescentes, dejándolas expuestas a ciclos de violencia, abandono escolar y maternidad forzada.
En 2022, la entonces diputada local Beatriz Mojica Morga, hoy senadora morenista, propuso reformas al Código Civil de Guerrero para cerrar cualquier resquicio legal que permitiera el matrimonio de menores con autorización de padres o tutores. Se buscó reforzar los Artículos 38 y 49, derogar los artículos 413 y 414, y dejar claro que sólo se puede registrar un matrimonio si ambos contrayentes tienen más de 18 años. La intención era alinear la legislación local con tratados internacionales y con la reforma federal de 2019 que prohíbe terminantemente los matrimonios infantiles.
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A pesar de estas reformas, los casos siguen ocurriendo al margen del Estado. La lucha entre el marco legal y las prácticas tradicionales no es sólo un conflicto normativo: es una batalla por la vida, la dignidad y el futuro de miles de niñas que, en pleno 2025, aún son entregadas como esposas en nombre de la costumbre.