Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez de distrito por Durango, ha sido señalado por presuntamente haber estado preso en Estados Unidos por delitos relacionados con prácticas de narcotráfico.
Su nombre aparece en el registro oficial del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP), bajo el número 99757-379, información que fue verificada por este medio. De acuerdo con el BOP, Chávez Vargas fue liberado el 7 de junio de 2021, tras haber permanecido presuntamente en custodia federal casi seis años.
¿Por qué lo habrían detenido en EU?
Según documentos judiciales estadounidenses citados por el periodista Miguel Alfonso Meza, el ahora candidato fue detenido el 13 de noviembre de 2015 en el puente internacional Lincoln Juárez, cuando viajaba en un autobús de pasajeros.
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Durante una inspección, las autoridades detectaron un extintor oculto bajo su asiento, dentro del cual se hallaba un paquete sospechoso con metanfetamina, según indican los documentos.
Fue procesado por tres cargos federales: conspiración para importar metanfetamina, importación de metanfetamina y posesión con la intención de distribuirla. En su declaración, Chávez Vargas dijo desconocer el contenido del cilindro, que transportaba con la intención de llevarlo a Dallas, Texas. Cumplió una condena de cinco años y siete meses.
Cabe señalar que, en su currículum, no hay registro de experiencia laboral anterior a 2020. Actualmente es asesor legal del Ayuntamiento de Nuevo Ideal, Durango.
Su postulación al Poder Judicial fue aprobada por el Comité del Poder Legislativo. Una de sus propuestas como aspirante es “contribuir a un sistema judicial que inspire confianza y combata la impunidad”.
La Silla Rota intentó contactar a Leopoldo Javier Chávez Vargas a través del número 6181165662 y otros medios, pero no obtuvo respuesta.
¿Quién es Leopoldo Javier Chávez Vargas?
De acuerdo con su perfil publicado en el sitio del Instituto Nacional Electoral (INE), busca ser juez para “garantizar el acceso a la justicia para todos por igual, con imparcialidad, legalidad y compromiso”.
Es licenciado en Derecho por el Instituto Universitario Bilingüe del Estado de Durango y actualmente cursa una maestría en Juicios Orales. También cuenta con un diplomado en Juicio de Amparo y participa en un seminario sobre blindaje empresarial.
Desde 2021 trabaja como asesor legal en el municipio de Nuevo Ideal, donde brinda acompañamiento jurídico, revisión de contratos y asesoría normativa. A la par, se desempeña como intérprete legal en tribunales de Estados Unidos, donde traduce documentos y participa en procedimientos judiciales.
En 2023 fue asesor financiero de la Comisión de Debates a la Gubernatura del Instituto Electoral de Coahuila. Entre 2020 y 2023 fue tesorero de una empresa agrícola, con tareas de gestión financiera y cumplimiento fiscal. Habla inglés con fluidez y su trayectoria incluye experiencia en el sector público, privado y judicial.
El debate sobre los “narcocandidatos”
La primera elección popular del Poder Judicial en México, prevista para el 1 de junio de 2025, ha estado marcada por la polémica. Se elegirán 881 cargos, incluidas vacantes en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
La controversia surgió luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtiera sobre la postulación de al menos 20 aspirantes con antecedentes cuestionables, entre ellos presuntos vínculos con el narcotráfico o historiales como defensores legales de capos. Según el legislador, esos perfiles no cumplen con el requisito de probidad.
El Senado anunció que presentará impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Fernández Noroña aseguró que no se trata de un veto personal, sino de garantizar que quienes accedan a cargos judiciales sean idóneos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no le corresponde decidir sobre la elegibilidad de los candidatos, sino al Senado y al TEPJF. La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió al tribunal invalidar las candidaturas con presuntos vínculos criminales.
La organización civil Defensorxs documentó al menos 13 aspirantes con antecedentes por crimen organizado, violencia sexual o pertenencia a sectas político-religiosas. Uno de los casos más notorios es el de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Diversas voces, desde organismos internacionales hasta jueces en funciones y organizaciones civiles, han advertido sobre el riesgo de que el crimen organizado o intereses políticos se infiltren en el sistema judicial, lo que podría comprometer la independencia de esta inédita reforma.