La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una disposición específica del Código Penal para el Estado de Morelos relacionada con el maltrato animal, bajo el argumento de que la regulación del delito en esa norma particular no era clara ni precisa.
El Pleno de La Corte consideró que el contenido de la fracción XVI del artículo 327 del Código Penal para el Estado de Morelos era impreciso. Esta fracción describía como maltrato o crueldad contra animales domésticos acciones como no permitirles tener contacto social en la medida de lo posible con otros miembros de su especie o interacciones apropiadas con seres humanos.
También incluía la idea de no proporcionarles un "entorno estimulante que satisfaga sus necesidades cognitivas y sensoriales", entre otros.
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La Corte determinó que términos como “en la medida de lo posible”, “contacto social”, “interacciones apropiadas” o "entorno estimulante que satisfaga sus necesidades cognitivas y sensoriales" son amplios y ambiguos, denotando una falta de especificidad.
Esta ambigüedad genera incertidumbre, impidiendo a los ciudadanos de Morelos conocer con exactitud cuáles son las conductas esperadas en el trato a los animales domésticos. Según La Corte, esto podría llevar a que los propietarios no tuvieran una guía clara para garantizar que el entorno de sus mascotas cumpliera los requisitos legales, pudiendo resultar en incumplimientos no intencionados.
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Además, la disposición invalidada no establecía un estándar objetivo sobre las obligaciones o prohibiciones en relación con el cuidado de animales domésticos. Esto, a su vez, implicaba que los operadores jurídicos interpretaran su aplicación de manera discrecional, lo que podría conducir a sanciones desproporcionadas o injustas.
La acción de inconstitucionalidad (identificada como 79/2024) que llevó a esta decisión fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El asunto fue resuelto por el Pleno de La Corte en sesión celebrada el 13 de mayo de 2025.
Como resultado, se declaró la invalidez de la disposición impugnada. Esta invalidez surtirá efectos retroactivos al 29 de febrero de 2024, que es la fecha en que entró en vigor el decreto que reformó el artículo 327 y que fue publicado el 28 de febrero de 2024. Los efectos retroactivos aplicarán a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Morelos.
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Maltrato animal en Morelos
Contexto: En el estado de Morelos el maltrato animal es un problema persistente que ha generado preocupación entre la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Este fenómeno abarca diversas formas de violencia, negligencia y explotación hacia animales domésticos, de trabajo y de fauna silvestre.
Los casos más comunes incluyen abandono, golpes, envenenamiento, falta de alimento y agua, así como omisión de cuidados veterinarios. También se reportan prácticas tradicionales que involucran crueldad, como las peleas de perros o el uso de animales en espectáculos sin condiciones adecuadas.
Morelos cuenta con legislación específica para sancionar el maltrato animal. La Ley de Bienestar Animal del Estado de Morelos establece lineamientos para la protección y trato digno de los animales, incluyendo sanciones administrativas y penales en casos de crueldad.
En 2014, el Congreso del estado aprobó reformas al Código Penal para tipificar como delito el maltrato animal, con penas que incluyen multas y prisión. No obstante, la aplicación de estas leyes ha sido limitada debido a la falta de denuncias formales, escasos recursos para su implementación y la falta de capacitación de las autoridades competentes.
En los municipios morelenses, como Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, se han creado unidades de control animal y programas de esterilización para reducir la población de animales en situación de calle. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan obstáculos como la sobrepoblación canina y felina, la escasez de albergues adecuados y la insuficiente conciencia ciudadana sobre la tenencia responsable de mascotas.
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Organizaciones civiles y activistas han tenido un papel fundamental en la visibilización del problema y en el rescate y rehabilitación de animales maltratados. Estas agrupaciones también impulsan campañas de adopción y educación en bienestar animal. A pesar de estos esfuerzos, persisten denuncias de impunidad en casos graves, así como críticas a la falta de coordinación entre dependencias gubernamentales y la sociedad civil.