La violencia que azota a Sinaloa dejó un saldo de 47 personas asesinadas durante los primeros 10 días de mayo, según cifras del gobierno federal. El conteo refleja la escalada en la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos”, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y “Los Mayos”, afines a Ismael “El Mayo” Zambada, grupo que ha mantenido en vilo a la entidad durante más de ocho meses.
Contexto: desde septiembre de 2024, Sinaloa vive una escalada de violencia provocada por el enfrentamiento entre “Los Chapitos”, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y “Los Mayitos”, afines a Ismael “El Mayo” Zambada. La captura de “El Mayo” y de Joaquín Guzmán López marcó el inicio del conflicto, que se ha concentrado especialmente en Culiacán. En siete meses se han registrado más de 1,000 homicidios, desplazamientos forzados, bloqueos, ataques armados y el cierre de escuelas.
Un mes sumamente violento
El 1 de mayo la Fiscalía de Sinaloa abrió seis carpetas por homicidio doloso tras el hallazgo de siete personas sin vida en Culiacán, Navolato y Mocorito. Un día después, el 2 de mayo, se registraron tres homicidios en Elota, Tayoltita y Mazatlán, mientras que el 3 de mayo fueron cuatro asesinatos más en Culiacán y Mazatlán.
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El 4 de mayo, en tanto, la Fiscalía reportó seis personas asesinadas en Culiacán, Escuinapa y Badiraguato, lo que elevó aún más las alertas sobre la intensificación de la violencia.
5 de mayo: seis víctimas y la captura de “El Chuy”
El lunes 5 de mayo se documentaron seis homicidios en Culiacán y Guamúchil. Pero además ese mismo día ocurrió la detención de Jesús Guzmán Castro, alias El Chuy o El Narizón, presunto operador de “Los Mayos”, lo que detonó nuevos episodios de violencia.
Al otro día, el 6 de mayo, se localizaron nueve cuerpos en Badiraguato, Culiacán, Mocorito, Elota y Mazatlán. Ese mismo martes, un enfrentamiento armado en la comunidad de Cieneguilla —ligado al hallazgo de tres cuerpos en Badiraguato— provocó la muerte de dos niñas y dejó cuatro heridos tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército. La Fiscalía no reportó en sus informes las muertes de ambas menores.
El miércoles 7 de mayo se abrieron cuatro carpetas por homicidio doloso, con víctimas en Culiacán y Elota. Esa noche se registraron siete bloqueos con tráileres, movilizaciones armadas y la presencia de drones. En Mazatlán, un comando atacó a policías en una taquería, hecho que tampoco fue reportado por la Fiscalía en sus reportes.
8 de mayo: seis asesinatos, uno de ellos un policía ministerial
El jueves 8 de mayo, en tanto, se reportaron seis homicidios, con hechos en Culiacán, Badiraguato, Ahome y Mazatlán. Una de las víctimas fue un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía, atacado en el fraccionamiento Puesta del Sol del puerto mazatleco.
A su vez, el viernes 9 de mayo se iniciaron tres carpetas por homicidio doloso y una por feminicidio. Se reportaron muertes en Badiraguato, Mazatlán, Los Mochis y Culiacán. Esta última corresponde a la activista María Dolores Patiño Moreno, conocida por su labor en el rescate de animales, quien fue encontrada sin vida en la colonia Tierra Blanca.
Y finalmente, aunque la Fiscalía no reportó homicidios el 10 de mayo, en la madrugada del 11 fueron encontrados los cuerpos de Adelmo Núñez Molina, alias Don Lemo, presunto jefe de plaza buscado por la DEA, y de Esteban Margarito “El Pelochas”, sobre la carretera Los Mochis–Choix.
Agricultores urgen frenar violencia en zonas productivas
La Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) hizo un enérgico llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para frenar la creciente ola de violencia que afecta las zonas agrícolas del valle de Culiacán, tras hechos como el asesinato de la activista Mary Patiño y la muerte de dos niñas en Badiraguato.
En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Rubén Rocha Moya y a los alcaldes de Culiacán, Navolato y Eldorado, la AARC advirtió que la inseguridad está golpeando de manera directa al campo sinaloense, afectando a trabajadores, técnicos e ingenieros agrícolas.
“La violencia ha alcanzado a los más vulnerables de nuestro gremio, quienes día a día fertilizan, cosechan, empacan y embarcan los alimentos de esta fértil tierra. Sin ellos, esta noble actividad es inviable”, señaló el organismo.
La asociación expresó su preocupación por la falta de resultados ante una escalada de violencia que se ha extendido por más de ocho meses, pese a los esfuerzos de las fuerzas armadas y de seguridad. Subrayó que la economía local está siendo “estrangulada” por el miedo y la violencia, lo cual pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria nacional.
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“La economía de Culiacán, Navolato y Eldorado no puede seguir paralizada por el temor. Las consecuencias son cada vez más graves y duraderas”, advirtió.
Agente de la Fiscalía desaparece en Culiacán
La Fiscalía General del Estado investiga la desaparición de uno de sus agentes activos, identificado como Julián Giovanni Urías Félix, de 41 años, quien fue visto por última vez el pasado 11 de mayo, cuando salió de la comunidad de Mezquitita rumbo al fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha oficial solicitando el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Hasta la noche de este 12 de mayo, Urías Félix continúa en calidad de no localizado.
El agente vestía una camisa de manga larga con cuadros, gorra blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis. Tiene tez blanca, complexión delgada, cabello lacio castaño oscuro y ojos pequeños. Como señas particulares, presenta cicatrices visibles debajo de la barbilla, en el abdomen por una cirugía de apendicitis, y otras en una pierna y una pantorrilla.
En la fotografía difundida por las autoridades aparece uniformado como miembro de la institución. Cualquier información que ayude a localizarlo puede proporcionarse de manera confidencial al teléfono 667 184 12 56 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx.
Gobierno intensifica operativos contra el crimen
Durante los primeros días de mayo, el gobierno federal desplegó una serie de operativos en Sinaloa con el objetivo de contener la violencia derivada del conflicto entre grupos criminales. Entre el 2 y el 11 de mayo, elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y corporaciones estatales realizaron inspecciones en penales, aseguraron armas de alto poder, vehículos con blindaje artesanal, drogas, explosivos y detuvieron a presuntos integrantes de células delictivas en municipios como Culiacán, Mazatlán, Angostura, Cosalá y El Rosario.
Tan solo del 9 al 11 de mayo, las autoridades detuvieron a más de 15 personas y decomisaron arsenal de uso exclusivo del Ejército, incluidas ametralladoras, fusiles Barrett, granadas, miles de cartuchos y equipo táctico. En Cosalá, además, se incautaron más de 120 litros de metanfetamina, precursores químicos y artefactos explosivos, afectando financieramente a los grupos criminales. Los días previos también se intervinieron tres penales (Aguaruto, El Castillo y Goros II), donde se encontraron armas, drogas, teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros objetos prohibidos.
Estas acciones forman parte de una estrategia de contención ante la creciente violencia registrada en el estado, principalmente entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Las autoridades han destacado que los aseguramientos —que incluyen armas largas, drogas, vehículos robados, campamentos clandestinos y centros de procesamiento de metanfetamina— representan afectaciones millonarias para las organizaciones criminales y buscan debilitar su capacidad operativa en la región.