VILLAHERMOSA.— Debido a pasivos heredados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde la “Estafa Maestra”, cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), y prebendas extralegales a burócratas universitarios que suman 898 millones de pesos, la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) se encuentra prácticamente en quiebra técnica.
El rector de la UTTAB, Lenin Martínez Pérez, explicó que la institución enfrenta “pasivos que ponen en riesgo su viabilidad financiera”, debido a créditos fiscales determinados por el SAT por servicios prestados a Pemex durante la llamada “Estafa Maestra”.
Asimismo, como parte de esa misma red de corrupción entre Pemex y universidades, la UTTAB enfrenta 84 juicios laborales previos a 2019. Estos corresponden a trabajadores que prestaron servicios a empresas contratadas por la petrolera, ya desaparecidas, quienes demandaron a la universidad como “patrón solidario”.
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Durante el periodo en que se llevó a cabo la “Estafa Maestra”, el rector de la UTTAB era Fernando Calzada Falcón, economista y exfuncionario de alto nivel con diversos exgobernadores. Actualmente, Calzada Falcón se desempeña como director de Finanzas del Ayuntamiento de Centro, bajo la administración de la morenista y expriista Yolanda del Carmen Osuna Huerta.
Entre 2013 y 2014, bajo la gestión de Calzada Falcón, la UTTAB firmó cinco contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP), por un monto total de 47.6 millones de pesos.
Este martes, el actual rector, Lenin Martínez Pérez, presentó un diagnóstico de la situación financiera de la universidad durante la conferencia matutina del gobernador Javier May Rodríguez.
Al respecto, el gobernador afirmó que el Gobierno del Pueblo se mantiene abierto al diálogo para encontrar una solución a la crisis que atraviesa la UTTAB. Señaló que se han escuchado las demandas del personal, pero también hay situaciones heredadas que “hoy son inviables económicamente”.
La UTTAB, ubicada en el kilómetro 14.6 de la carretera federal Villahermosa-Teapa, en Parrilla II, al sur de esta capital, enfrenta pasivos por más de 898 millones 315 mil pesos, acumulados antes de 2019 y en su mayoría derivados de la llamada “Estafa Maestra”, lo que impide cualquier margen para ceder a excesos.
“Creemos que es posible encontrar un camino de solución si aceptamos que las épocas del dispendio ya se acabaron y si transitamos por la justa medianía”, subrayó el gobernador, ante las demandas de trabajadores administrativos y docentes que exigen el pago de 24 prestaciones “extralegales” no incluidas en el Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros 2025, el cual garantiza la operación de la institución.
Javier May reiteró que el Gobierno de Tabasco respeta los derechos laborales de la clase trabajadora y siempre defenderá las luchas y libertades del magisterio. Por ello, hizo un llamado al Sindicato Único de la universidad para mantener el diálogo y actuar con responsabilidad.
A la crisis financiera se suman los adeudos al ISSET por concepto de aportaciones que fueron retenidas a los trabajadores pero no reportadas.
El Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros 2025 establece un presupuesto de 151 millones 643 mil 48 pesos, aportado en partes iguales por los gobiernos federal y estatal. De ese monto, el 86% se destina al pago de servicios personales y sólo el 14% a gastos operativos.
“El convenio no incluye el pago de prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo; sólo considera 15 prestaciones legales que sí se están pagando”, como aguinaldo de 40 días, despensa, prima vacacional de 24 días, útiles escolares, festejo del Día de las Madres, actividades culturales y deportivas, vale de libro del Día del Maestro, seguridad social, canastilla de maternidad, material didáctico, servicio de guardería, lentes, impresión de tesis, gastos de sepelio y aparatos ortopédicos, auditivos y sillas de ruedas.
No obstante, el rector precisó que existen otras 24 prestaciones consideradas extralegales, adicionales a las contempladas en el convenio, para las cuales no se tienen recursos. Estas representan un gasto adicional de 14 millones 718 mil pesos.
Entre dichas prestaciones se encuentran: 10 días adicionales de aguinaldo, ayuda alimentaria, tres días adicionales de prima vacacional, útiles escolares adicionales y diversos bonos por el Día de la Madre, Día del Maestro, Apoyo a la Economía Familiar, Día del Niño, Día del Administrativo, Día del Padre, Día de la Secretaría, Estímulo de Operatividad Administrativa, bono Navideño, Estímulo de Antigüedad, Quinquenio, siete días 31, y apoyo a choferes.
También incluían retiro por jubilación o pensión, prima de días económicos, pavo, artículos deportivos, de protección y seguridad, así como uniformes.
“Imagínense, ahorita Hacienda (SAT) está requiriendo a la universidad el pago; el ISSET está requiriéndole el pago que le debe, y son las cuentas individuales de los trabajadores cuando se jubilen, que no las pagaron o las retuvieron y no enteraron, es decir, esto ya no se permite en este gobierno”, declaró el Gobernador.
¿Por qué hasta ahora habla el rector?
Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UTTAB (SUTAAUTTAB) cuestionó que, después de seis años al frente de la administración, Lenin Martínez Pérez apenas se refiera a los pasivos financieros heredados.
“Debió presentar en su momento las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría Anticorrupción) o los organismos correspondientes, si fue omiso, lo hace cómplice de la situación que debió atender desde su llegada a la institución”.
Respecto a la “Estafa Maestra”, el sindicato sostuvo que ese es un asunto de la administración universitaria, no de los trabajadores, ya que “estos no intervinieron en esa toma de decisiones”.
Añadieron que durante el periodo en que ocurrió esa “estela de corrupción”, el actual rector Lenin Martínez Pérez “se ostentaba como Director de Ingresos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) de marzo de 2006 al mes de agosto de 2015, por lo cual en la otra institución tuvo participación en ese esquema fraudulento”.
Sobre la suspensión de las 24 prestaciones extralegales a partir de una medida cautelar dictada por un secretario instructor del Tribunal Laboral, señalaron que “sin que hubiese el debido proceso, hay que mencionar que esas 24 prestaciones están legalmente sustentadas bajo un Contrato Colectivo de Trabajo, firmado por ambas partes y reconocido por las autoridades laborales, mismo que se había cumplido puntualmente”.
En cuanto a las cuotas del ISSET, afirmaron que a los trabajadores nunca se les dejó de descontar esta obligación. Por tanto, si existiera un quebranto o irregularidad, “lo cometió la administración por parte de la Universidad y es a quienes deben fincárseles las responsabilidades correspondientes”.
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El Comité Sindical señaló que ha privilegiado el diálogo en todo momento, aunque desde que estalló el conflicto actual, la interlocución ha sido con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación. “El aún rector Lenin Martínez Pérez, primero demandó para suspender las prestaciones, y luego pretendió entablar diálogo con representación sindical y base laboral”.