El Gobierno de Puebla no pagará 640 millones de pesos por una obra que no se ejecutó, sentenció Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, respecto a la demanda de la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones SA de CV por la cancelación de un contrato en 2012.
“El gobierno del estado no va a pagar, antes que me encarcelen a que yo pague por algo que el gobierno no debe”, dijo el gobernador pese a que el 14 de junio de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sentencia a favor de la empresa.
“Es el resultado de la complicidad entre el Poder Judicial y las empresas, porque no invirtieron más de 60 millones”, dijo Armenta Mier y agregó que “no hay un metro cuadrado de construcción”.
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El gobernador poblano aseguró que la empresa solamente negoció los derechos de vía, pero al cancelarse el contrato se suspendió la construcción.
Armeta Mier informó que aún hay recursos legales para evitar el pago de la indemnización y aseguró que actuarán “con apego a la ley”.
Litigio de más de una década
La denuncia viene de 2012, cuando el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, canceló un contrato que Melgarejo Construcciones y Concesiones había firmado con el anterior mandatario, Mario Marín Torres, en 2009.
La empresa constructora recibía por 30 años la concesión para operar una autopista Libramiento Poniente, que conectaría con el Arco Norte, y tendría una inversión de 640 millones de pesos, misma cifra que reclamó la empresa al exigir su indemnización tras la cancelación del contrato.
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Desde su anuncio, la obra provocó protestas de ejidatarios de los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y la región de Cholula debido al bajo precio que les ofrecían para comprar sus tierras.
La empresa demandó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla (TJA), quien le dio la razón. El Gobierno de Puebla impugnó la sentencia, pero ésta fue sobreseída; el recurso de revisión quedó en manos de la SCJN que dejó firme la sentencia que obliga al pago de 640 mdp.
Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN criticó la sentencia al publicar en su cuenta de X que este tipo de interpretaciones de la ley “favorecen a las empresas privadas impactando los intereses del erario, ya que condenan al gobierno estatal, que deberá cubrir la indemnización por una obra que no se concluyó”.