El gobierno de Morelos lanzó una convocatoria para elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, con solo cinco días hábiles para recibir propuestas. Ante ello, colectivos de víctimas denunciaron que la medida busca favorecer al actual encargado de despacho, quien no cumple con el perfil, por lo que exigen una prórroga para dar tiempo a que otras personas se postulen.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Te podría interesar
La convocatoria fue publicada el 27 de noviembre en el periódico oficial Tierra y Libertad, donde se establece que los aspirantes deben cumplir con requisitos como experiencia en derechos humanos, búsqueda de personas y, preferentemente, conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal. Sin embargo, lo que ha generado controversia es que el tiempo para la recepción de propuestas fue reducido de 10 a solo 5 días hábiles, un plazo que vence el próximo 3 de diciembre. Este breve periodo ha levantado sospechas sobre la transparencia y equidad del proceso.
“Cinco días son insuficientes para reunir los documentos y presentar propuestas serias, especialmente cuando los colectivos están ocupados en las fosas de Jojutla”, expresó Amalia Hernández, integrante del Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, víctima de desaparición y asesinato en 2014.
Te podría interesar
“Me enteré por casualidad, y muchas familias ni siquiera saben que la convocatoria existe. Esto es una falta de respeto y una clara señal de que el proceso está dirigido”, agregó.
Acusaciones de imposición
La falta de tiempo para postularse ha generado dudas sobre la verdadera intención detrás de la convocatoria. Según los colectivos, esta acción está diseñada para imponer a Leonel Díaz Rogel, actual encargado de despacho de la Comisión, quien no cumple con los requisitos establecidos para el cargo.
“Es doctor en Derecho Industrial, un área completamente ajena a la búsqueda de personas desaparecidas. Su experiencia en derechos humanos es limitada, y eso no basta. Este cargo exige conocimiento profundo en búsqueda, ciencias forenses y localización de personas. Él no tiene ese perfil”, aseveró Hernández.
Las críticas hacia Díaz Rogel no solo se centran en su falta de preparación, sino también en su gestión al frente de la Comisión. Según denuncias, ha removido a personal capacitado para contratar a personas sin experiencia, incluyendo un contador, un periodista y un abogado, quienes han sido enviados a realizar tareas forenses sin la preparación adecuada.
“Esto pone en riesgo la identificación correcta de los restos exhumados y genera desconfianza entre las familias de víctimas. No se puede jugar con el dolor de quienes buscamos a nuestros seres queridos”, añadió la activista.
Incluso hay denuncias realizadas por afectados que, por temor a represalias, pidieron anonimato, donde señalan que Leonel ha condicionado a los trabajadores para mantenerlos en sus puestos, siempre y cuando "donen" una parte de su sueldo para "apoyar" a algunos de los nuevos integrantes que aún no han podido cobrar debido a temas burocráticos.
Conflictos de interés y denuncias de favoritismo
Otro punto de preocupación es el posible conflicto de interés en la gestión de Díaz Rogel. Hernández denunció que, antes de asumir como encargado de despacho, solicitó cartas de recomendación a tres colectivos de víctimas, las cuales este medio tiene en su poder. Tras asumir el cargo, contrató a dos firmantes de esas cartas y a una familiar directa de la tercera firmante para trabajar en la Comisión en áreas donde se exige especialización que no poseen.
“Esto genera un desequilibrio. Las víctimas que ahora trabajan en la Comisión pueden tener acceso preferencial a recursos o información, mientras el resto seguimos luchando sin apoyo suficiente”, lamentó.
Esta periodista tuvo acceso a una orden del día de una reunión realizada previo a la tercera diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla, donde incluso se les designó tareas específicas como servidoras públicas, a pesar de que no cuentan con la experiencia o el perfil adecuado para estas funciones.
Exigen transparencia y más tiempo
Los colectivos de búsqueda han solicitado al Gobierno de Morelos una prórroga para la recepción de propuestas, con el objetivo de garantizar una participación más amplia y plural.
“Pedimos que este proceso no se utilice para cumplir compromisos políticos. Necesitamos a alguien que realmente tenga la capacidad y el conocimiento para enfrentar el reto de buscar a nuestras familias desaparecidas”, enfatizó Hernández, quien también pidió al secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, atender sus demandas.
La falta de difusión de esta convocatoria contrasta con otros procesos similares, donde el Gobierno ha enviado comunicados y boletines a medios de comunicación. “Aquí no ha habido nada, es un silencio que dice mucho. No queremos que conviertan la Comisión en un espacio político, necesitamos resultados y sensibilidad”, concluyó Hernández.
La Silla Rota solicitó directamente una entrevista con el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, para conocer su postura sobre las denuncias y preocupaciones de los colectivos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna por parte de la autoridad estatal.
Mientras el plazo sigue corriendo, las víctimas y colectivos ven con preocupación cómo se está manejando este proceso, que, más que una solución, parece convertirse en un obstáculo más para la búsqueda de justicia y verdad en Morelos.
VGB