Durante la ejecución de órdenes de cateo en cuatro inmuebles en el estado de Chiapas, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra dos hombres señalados como participes en el delito de tráfico de personas en la entidad. Uno de los detenidos es ex servidor público de Tapachula.
Los cateos y los arrestos fueron resultado de los trabajos de investigación que realizan las instituciones del Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
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Estas acciones en contra del tráfico de personas en Chiapas, se realizaron en seguimiento de denuncias de víctimas y análisis de gabinete, tras lo cual, se ubicaron domicilios y hoteles vinculados con diversos ilícitos contra personas extranjeras.
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Los inmuebles fueron sometidos a vigilancias fijas y móviles, y se utilizaron equipos tecnológicos para recabar datos de prueba, los cuales fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos ministeriales para intervenir los domicilios y detener a los involucrados.
Para realizar los cateos y las dos detenciones, se llevó a cabo un despliegue operativo en el que se actuó de manera coordinada y en estricto a pego a los derechos humanos, informaron las autoridades.
Dos de los inmuebles estaban ubicados en el centro del municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez y dos más en la colonia Centro del municipio de Puerto Madero.
En los inmuebles se hallaron dos vehículos relacionados con el tráfico de personas.
Además, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por delitos de introducción, albergue y transporte de personas indocumentadas con el fin de evadir la revisión migratoria y asociación delictuosa, contra dos hombres, uno de ellos, ex servidor público del ayuntamiento de Tapachula.
A los detenidos se les informó el motivo de su detención, se le dio lectura a sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones subsecuentes, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.
VGB