TUXTLA GUTIÉRREZ. - Un par de testigos a modo, incluso uno ya muerto; una orden de aprehensión con el nombre erróneo y, para rematar, un juez de Control que rechaza todas las pruebas, son algunas de las argucias utilizadas para mandar a prisión a un campesino del municipio de Bochil, Chiapas, tras ser acusado de robo con violencia.
Darío Díaz López viajaba en un transporte público el pasado 3 de marzo, pues salió de su comunidad, La Yerbabuena, hacia la cabecera de Bochil, cuando fue interceptado por elementos vestidos de civiles, según de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En esa acción, a él lo bajan con lujo de violencia y, cuando lo llevaban hacia San Cristóbal de Las Casas, le advierten que lo pondrían a disposición de un juez de Control por el delito de robo ejecutado con violencia ocurrido el 9 de agosto, entre las 21:00 y 21:30 horas en el tramo carretero Soyaló-Bochil.
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Según la historia del caso, dos personas, ambas originarias de Tuxtla Gutiérrez, llevaban 140 mil pesos porque comprarían un automóvil en esta última localidad de la región Norte de Chiapas, cuando fueron interceptadas, supuestamente, por Darío y otra persona. Esta última versión es parte de la declaración que aparece en la carpeta de investigación (CI) número 0Q41-013-0304-2022 en donde La Silla Rota tuvo acceso.
Pero, con base en testigos, él en ese momento estaba en una reunión con autoridades de su localidad; inclusive, ese encuentro se sostuvo desde las 19:00 horas hasta la medianoche del día del supuesto asalto a mano armada, porque se trataban temas “delicados”.
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LAS PRIMERAS ANOMALÍAS
El primer error empezó por parte de un policía que, en la puesta a disposición, se estableció que la orden se había girado en contra de Darío López Díaz y/o Darío Díaz López, es decir aparecieron dos nombres.
De hecho, durante la primera audiencia, celebrada el pasado 8 de marzo en el Juzgado de Control en San Cristóbal de Las Casas, el juez pidió al ministerio público que aclarara cuál sería el nombre real para poner a disposición, si el primero o el segundo.
“Entonces, el MP advirtió que se trataba de Darío López Díaz, así como él lo manifestó; pero se equivocó otra vez”, cuenta Enrique Díaz Pérez, hijo del imputado, de 56 años de edad.
Además, lamenta que, a pesar de haber llevado suficientes datos de prueba a esa audiencia, el juez de Control, Carlos Lamberto Márquez Espinosa, negara aceptarlos tras argumentar que no eran idóneos o pertinentes.
Es decir, se le presentó acta de nacimiento, certificado parcelario, constancias de vecindad y de residencia, donde se comprueba la verdadera identidad de quien se dedica a las actividades del campo, pero que desde hace más de un mes permanece encerrado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
En esa misma audiencia, uno de los abogados del imputado le advirtió al juez que la orden de aprehensión que él mismo firmó dice Darío López Díaz, un grave error, que esa autoridad tampoco aceptó. Las pruebas son fehacientes: el médico legista que lo atendió puso en el certificado el nombre real, Darío Díaz López.
HABRÍA CONSIGNA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL
De acuerdo con la investigación realizada por La Silla Rota, habría dos personas cercanas al presidente municipal de Bochil, el priísta Sergio Meneses, alias “El Checo”, las que planearían meter a la cárcel a Darío.
Según familiares del imputado, el tema central nació en agosto pasado de una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); pero lo más raro, advierten, es que Darío nunca estuvo en ese movimiento, ni firmó, ni avaló nada.
Lo más paradójico, es que este hecho coincide con el supuesto asalto en el que Darío participaría.
“Y esas personas cercanas al alcalde decían de forma pública que a mi papá le ejecutarían una orden de aprehensión por ese tema del basurero; muy raro todo”.
Según Enrique, su padre fue víctima de celos infundados “u odio político” por parte de Pedro Díaz, uno de los personajes cercanos al alcalde, y quien incluso obtiene un sueldo sin trabajar.
“Mi papá siempre ha defendido sus derechos, por eso creo es el coraje que le tienen”.
EL TESTIGO “FANTASMA”
Dentro de la carpeta de investigación, aparece el nombre de Juan “N” como uno de los testigos, no del asalto, sino de constatar que Darío era vecino de la comunidad La Yerbabuena desde toda su vida.
Lo increíble del caso, es que el supuesto testigo se trataba de un señor de 94 años de edad originario de la comunidad Llano Grande, del mismo Bochil, que falleció el 29 de octubre pasado.
Sin embargo, un policía de investigación supuestamente lo entrevistó el 22 de noviembre (casi un mes después del deceso) en la oficina de la Delegación del MP de Bochil.
La Silla Rota tuvo acceso al acta de defunción de la mencionada persona; además, cuenta con la Clave Única de Registro de Población (CURP) que también advierte su inhabilitación por fallecimiento. Al respecto, Enrique Díaz ironiza:
“O sea que, salió de la tumba y fue a declarar”.
De hecho, en la supuesta hoja de comparecencia no aparece la firma del entrevistado “fantasma”.
DARÍO, EL CAMPESINO
Desde pequeño, Darío se ha dedicado a laborar en el campo, y de esa forma se ha hecho de bienes e incluso ha mantenido a sus seis hijos y esposa. Asimismo, formó parte del Ayuntamiento cuando éste era encabezado por el alcalde Daniel Morales.
Con base en su esfuerzo, logró que tres de sus hijos hicieran una carrera y que la otra parte se dedicara a otros oficios, pero siempre les inculcó la responsabilidad y la honestidad.
¿DÓNDE ESTÁ EL OTRO TESTIGO Y LA AGRAVIADA?
Sin embargo, Enrique resalta que lo extraño del caso es que acudió al domicilio de la presunta testigo de nombre Gabriela Paola y éste no existe. Esa ocasión lo acompañó un perito, con quien preguntó a vecinos de la zona si sabían del paradero de la mujer, “llevábamos la copia de su credencial de elector”.
El hijo de Darío enseña otro dato extraño: la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) de Luis Antonio, la supuesta víctima directa, pero esa identificación carece de código postal, por lo que podría ser apócrifa. Entre otros detalles, el domicilio permanece abandonado.
Ambas viviendas marcadas en esas identificaciones están ubicadas en la capital chiapaneca; incluso, una de éstas está abandonada desde hace un año, según evidenciaron algunos vecinos.
En la dirección del agraviado, se advierte que éste nunca ha vivido allí, pero sí sus padres; sin embargo, al morir el papá, su progenitora dejó el inmueble. “La casa está abandonada, sucia, los vidrios hechos pedazos…”, cuenta Enrique, quien afirma que, hace unos días, la FGE le ofreció el procedimiento abreviado, pero luego esa instancia reculó.
Para él, es increíble que le ofrezcan algo así, cuando su papá es inocente, y lo peor es que ni esa propuesta prosperara por un evidente “tráfico de influencias” de quienes están detrás de la acusación.
“Hay pruebas ilícitas, y sólo buscan perjudicar a mi padre”.
Enrique ahora busca que, luego de la audiencia, le otorguen una copia certificada de la orden de aprehensión y de la medida de actuación, pues si se emite otra, habría problemas.
Entre otros detalles, dice que ha solicitado que la víctima acredite la procedencia de la posesión del dinero (140 mil pesos), y que el policía que “entrevistó al muerto” justifique en qué condiciones llegó, las características de media afiliación, entre otros.
Por el momento -dice- ya presentó un recurso de apelación, uno de los caminos que existen para hallar la justicia y, sobre todo, que queden al descubierto todos los agravios contra Darío.
Entre otros movimientos, abogados buscarán el amparo indirecto ante un juez de Distrito federal, contra la orden de aprehensión que advierte que el imputado es Darío López Díaz.
“Tememos que haya una mala jugada, porque el proceso está viciado de origen”.