CIUDAD VICTORIA.- La masacre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que murieron cinco jóvenes a manos de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestra que no hay controles sobre su actuación, no hay controles por la cadena de mando y carecen de capacitación suficiente para contener a la población civil, por lo que que la sociedad debería a la discusión sobre los controles civiles aplicados por los cuerpos militares, afirmaron especialistas en una mesa de debate conducida por la periodista Carmen Aristegui.
En esta mesa estuvo presente Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco; Adela Navarro Bello, directora de Semanario ZETA y Adriana Herrera, exmayor de Justicia Militar en donde opinaron sobre el suceso de los 5 jóvenes asesinados en Nuevo Laredo a manos de elementos del Ejército Mexicano.
Alejandro Pérez Benítez fue la única persona que resultó ileso, él ha declarado que:
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“Cuando se oyeron los balazos me quedé en la camioneta, ya después me bajé, al último, me puse de rodillas y escuchaba que decía que me mataran, cuando volteé para todos lados ya estaban todos muertos” explica.
Hasta el momento se sabe que hay cuatro militares procesados en el fuero militar por este hecho y se encuentran en prisión en el Campo Militar 1-A, según reportes podrían pasar hasta dos años de prisión por esta masacre.
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Estos elementos fueron vinculados a proceso por el delito de “desobediencia”, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los cuatro soldados habrían disparado con sus armas a la camioneta donde viajaban los jóvenes.
Sistema podrido y fuerzas armadas haciendo tareas de seguridad
Para Jacobo Dayán, se debe dejar atrás el discurso en donde se hablen de “manzanas podridas”, que se generan en este tipo de casos, esta analogía que hizo fue hacia el sistema, pues está podrido en sí mismo, además el especialista en derechos humanos recordó la ejecución de 22 civiles en Tlataya a manos de las fuerzas armadas.
“(…) lo fundamental sobre el estado mexicano fuera responsable es analizar el fenómeno en la región y en el país de la militarización, la violencia y la impunidad, ante lo que estamos es ante la presencia de fuerzas armadas ejerciendo funciones de seguridad pública que han generado cientos y miles de asesinatos, desapariciones y torturas” menciono el especialista en Derechos Humanos.
Por lo tanto, Dayán dijo que la sociedad debería entrar a la opinión y discusión sobre los controles civiles aplicados por los cuerpos militares. Critico que el poder y la sociedad criminalizan a las víctimas del delito. Pues en redes sociales, medios de comunicación y más, han dicho que los jóvenes ejecutados “seguro andaban en algo”, como si eso fuera una justificación para que las victimas fueran abatidas.
Dayán mencionó al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, quien ha sido víctima de campañas para vincularlo con el crimen organizado, entonces dijo que este ataque viene desde el poder.
Víctimas son silenciadas a cambio de una “indemnización”
Por su parte, Adriana Herrera, ex mayor de Justicia Militar, remembró que cuando era titular de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la GN pudo darse cuenta que muchas víctimas civiles a manos del Ejército llegan a esa área y, desde ahí, se les ofrece una indemnización con montos monetarios, pero que no hay sustento porque la Sedena no tienen conocimiento de esto, además son dados sin garantizar la repetición del daño o sanciones, además de que al final del día las cifras serán alteradas y no cuentan como oficiales.
“Debe ser un parteaguas porque hemos hablado en muchos casos como dicen y efectivamente escuchamos el caso de Irapuato, el caso que yo vine a narrar; finalmente las victimas desisten, ósea ahorita estamos escuchando de que es nota, nota y nota, pero después, misteriosamente ya se acaba, se acaba la nota y ya no sabemos qué paso, entonces presumo que efectivamente la Unidad de Vinculación Ciudadana sigue haciendo su labor” dijo refiriéndose al ofrecimiento económico que les hacen a los afectados.
La exmilitar mencionó que los hechos en Nuevo Laredo muestran que no hay controles sobre la actuación militar, ni siquiera por la cadena de mando, pues no tienen la capacitación suficiente en los que deban contener a civiles.
Civiles abatidos por fuerzas armadas y sin justicia
La periodista y directora del semanario ZETA de Baja California, Adela Navarro, mencionó que entre 2019 y 2022 la propia Secretaria de la Defensa Nacional dio la cifra de 750 civiles abatidos, de los cuales jamás se especificó si alguno de ellos era un delincuente o un ciudadano común, mucho menos se informó sobre el hecho de justicia o avances en carpetas ministeriales.
“De hecho de las personas asesinadas en esta masacre, que es una masacre, el copiloto y quien iba manejando, son quienes más impactos tienen, entre 10 y 12 impactos en sus cuerpos y no son impactos que vienen de atrás hacia adelante, como dijeron o supondríamos por el comunicado oficial, que dicen que se encontraron con ellos y los chocaron y repelieron una agresión, sino que les dispararon de todas partes” critico la periodista porque no hay una concordancia entre lo que dice los testigos y las versiones supuestamente oficiales.
Declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) atrae casos y después no se conoce el status de estos y agregó que en los que entra la justicia militar no hay transparencia sobre las víctimas.