TUXTLA GUTIÉRREZ. - Cuando nació, Fabián no fue atendido de forma correcta en el hospital público en donde su mamá dio a luz, lo que le provocó parálisis cerebral severa y, por ende, estar destinado a vivir postrado en una silla de ruedas. Esta presunta negligencia médica fue denunciada por la familia hace más de 30 años, pero nada se logró.
Más de tres décadas después, el viacrucis del ahora joven de 34 años de edad y de su propia familia continúa. Desde diciembre de 2021, su madre lo inscribió al programa denominado: “Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente”, pero hasta la fecha no recibe los 2,950 pesos bimestrales (hasta el año pasado eran 2,800 por el mismo lapso) que el gobierno federal le prometió a ese sector de la población.
Diana Laura, su hermana, cuenta a La Silla Rota toda la tramitología que han tenido que superar para que Fabián de Jesús Sánchez Coutiño, originario del municipio de Villacorzo, obtenga el recurso, el cual les ayudaría en mucho porque, a diario, es demasiado el gasto en pañales, medicamentos y otras cosas que él necesita para su tratamiento.
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Como lo marca la Secretaría de Bienestar en su página oficial, el mencionado programa fue creado en el 2019, y para el 2020 se publicó el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se reformó y adicionó el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual la pensión se elevó a rango constitucional.
Pese a ello, Diana lamenta la morosidad con la que los encargados de ese programa han tratado el caso de Fabián, “a veces hay personas que no lo necesitan y reciben casi de inmediato este tipo de apoyos gubernamentales, ¡es lamentable!”.
De hecho, recuerda que el que su hermano presente distrofia muscular y no hable se debe a que vino al mundo de forma prematura, pero la situación se complicó porque en el hospital donde lo atendieron no había incubadoras, por lo que su cerebro no recibió el oxígeno requerido. “Viene de negligencia en negligencia”.
Durante toda su vida, Fabián ha sufrido de otras complicaciones, pues padece de constantes ataques en su sistema nervioso: de repente, se lastima tras morderse sus manos, o comienza a gritar.
Más de 6 millones de personas con discapacidad
A través del Censo de Población y Vivienda 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el país habitaban 6.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad (3.3 millones son mujeres).
Asimismo, especificó que el 52 por ciento de la población con alguna discapacidad reside en ocho entidades de la República: Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Mientras que 30.7% se ubica en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, entre otros.
Diana advierte que el recurso del gobierno federal sería un “bálsamo” porque lo que aportan ellos como hermanos no alcanza para cuidarlo. De hecho, su mamá no puede salir a trabajar por tanto tiempo porque Fabián necesita el cuidado casi permanente.
Por ello, elabora pan o vende otros productos para obtener un poco de ingresos y solventar los gastos diarios.
Lo que no concibe, dice, es cómo hasta la fecha no “cae” el apoyo, pese a que entregaron todos los documentos requeridos en tiempo y forma, e inclusive trabajadores de ese programa llegaron a su casa y le tomaron fotografías a Fabián.
“Siempre le dicen que ya va a salir, que se espere, pero nada de nada”.
El Inegi refiere que, del total de personas con alguna discapacidad, 2.9 millones presentan problemas para caminar, subir o bajar; 2.7 millones para ver incluso si utilizan lentes; 1.1 millones para recordar o concentrarse; 1.4 millones para oír (a pesar de que usen aparato auditivo).
Asimismo, 1.2 millones tienen dificultades para bañarse, vestirse o comer; 0.9 millones para hablar o comunicarse y, por último, 1.6 millones presenta problemas emocionales o mentales.
De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, hasta inicios de este año el padrón de este programa rebasó el millón 300 mil beneficiarios o derechohabientes.
Incluso, en un boletín de principios de enero pasado destacó que la inversión social de la pensión para discapacitados para 2023 ascendería a 26 mil 577 millones de pesos, para garantizar este derecho plasmado en el artículo 4° constitucional.
No obstante, Fabián aún no corre con suerte y, como se ve, su espera puede prolongarse más tiempo.
“Solo pedimos que nos apoyen, no somos gente que busquemos problemas, pero no nos quedó de otra que hacer esto público”, remata Diana.