CD. VICTORIA.- Los costos de producción agrícola se podrían incrementar hasta 10 veces más de no aplicarse herbicidas como el glifosato para combatir la maleza, en tanto que la producción podría bajar.
El presidente de la Comisión Agricultura del Congreso del Estado, diputado Edgar Melhem Salinas, mencionó que de prohibirse el uso de herbicidas como el glifosato obligaría a tener que combatir la yerba de manera manual lo cual vendría incrementar los costos de producción.
Se tendría que contratar mucha más mano de obra para ello y para lo cual los agricultores no tienen capacidad debido a los bajos precios de los productos agrícolas. De no usarse el glifosato o algún otro herbicida para combatir la maleza en las siembras, los rendimientos de producción ya que la maleza absorbe nutrientes que deben ser para las plantas.
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Insistió en que el glifosato es un herbicida que es necesario para combatir la yerba que es fundamental para los cultivos de sorgo y maíz, así como para las huertas citrícolas y hortalizas.
Melhem Salinas, externó su confianza en que no se prohíba el uso del glifosato e insistió en que mediante un uso regulado no causa mayores problemas. Advirtió que si se retira el glifosato se incrementarán los costos de producción a la vez que podría bajar.
“Hacer el desyerbe a mano de superficies de 100 hectáreas resulta muy caro y los precios del sorgo y maíz no lo cubren”, puntualizó el diputado Edgar Melhem Salinas.
Los riesgos del decreto mexicano
A pesar de que en diciembre de 2022 los gobiernos de México y de Estados Unidos acordaron aplazar la discusión sobre las importaciones del herbicida glifosato y del maíz transgénico hasta enero del 2025, el gobierno del presidente López Obrador ratificó que en marzo de 2024 es el plazo límite para que las autoridades mexicanas se abstengan de adquirir y utilizar el glifosato.
El nuevo decreto del gobierno mexicano sobre las importaciones de maíz transgénico tiene riesgos de enfrentar una controversia y panel con Estados Unidos, ya que el decreto no muestra científicamente que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud; implica un riesgo para la competitividad y podría desencadenar un efecto inflacionario en los costos en el precio de la harina y las tortillas, afectando principalmente a las zonas más pobres del país, advirtieron expertos.
Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que el decreto, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cumple con el capítulo 3 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pues no demuestra científicamente el daño que podría producir el consumo del maíz genéticamente modificado al igual que el glifosato.