Main logo

Feminicidio de la Dra. Mariana, a punto de ser enterrado por la justicia en Chiapas

Tíos de víctima de abuso sexual advierten que no desmayarán en su lucha por la justicia y la verdad; médicos encarcelados han solicitado procedimiento abreviado

Por
Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- En la comunidad indígena Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, aún se siente el “tufo de la impunidad”. El 28 de enero del año pasado, Mariana Sánchez Dávalos fue hallada muerta, luego de sufrir hostigamiento y abuso sexual mientras hacía su servicio social, por parte de un médico identificado como Fernando Cuauhtémoc “N”, hoy recluido en una cárcel de esa región, pero sin recibir sentencia.

TAMBIÉN LEE: MARIANA DENUNCIÓ ACOSO; LA INVITARON A COMER PARA OLVIDAR EL TRAUMA

A esa distancia de tiempo, Enna Guadalupe Dávalos Ábrego lamenta que, pese a la muerte de su hermana María de Lourdes, en agosto de 2021, producto de la tristeza por la muerte de su hija y de una enfermedad terminal, ella como tía no descansará hasta que haya justicia no solo para su sobrina Mariana, sino para cientos o miles de niñas y mujeres que han sido asesinadas en Chiapas, y en todo el país.

“No vemos mucho avance, y ahora como que lo quieren retomar…”, advierte en entrevista. Además, recuerda que hace unos días la llamaron de la Fiscalía de la Mujer para tomarle algunos datos y explicarle que el expediente ya lo tenía otro ministerio público.

Por su parte, Dagoberto Hernández Ruiz, tío de Mariana y esposo de Enna, lamenta que haya “un manoseo” del expediente, y, entre otras cuestiones, revela que ya les hicieron dos peticiones, con un mismo fin: una de la doctora recluida en el penal “El Amate” por no haber atendido el llamado de la víctima por acoso sexual, y otra del presunto agresor, para que se dé un proceso abreviado en ambos casos.

“Lo que piden es salir y que lleven el proceso en su domicilio, pero es un caso grave, no pueden abreviar un juicio, cuando existen todas las agravantes”, resalta Dagoberto, quien está convencido de que a su sobrina la asesinaron, y que por ello no es justo que les otorguen una “canonjía de ese tipo”.

Para Enna, una gran parte de la responsabilidad la tenía su jefa directa, quien ignoró el documento que Mariana le entregó sobre el asunto de acoso sexual que sufría.

LSR TUVO ACCESO A FOTOGRAFÍAS DE LA NECROPSIA

Lo que aún no convence ni a los familiares, ni a los amigos o allegados ni al propio abogado que asesora el caso es que, en el certificado de defunción, con el número 200094017, aún se contemple que el resultado de la necropsia haya sido “asfixia mecánica por ahorcadura”.

En varias fotografías que obran en poder de esta casa editorial, se observan detalles que, sin duda, le darían un plus a la investigación de la muerte de la doctora Mariana Sánchez Dávalos; detalles que, como se observa, no desean ser tomados en cuenta como clave para el debido proceso.

En una de esas imágenes se le percibe a ella suspendida al aire, casi de rodillas, como a metro y medio de la puerta del cuarto que le proporcionaban, con un lazo abierto, donde reposaba su cuello.

De acuerdo con la declaración de su compañera de recámara una vez que fue interrogada por las autoridades, ésta advirtió en su momento que nunca se dio cuenta de que, casi al entrar, estaba Mariana, colgada.

Incluso, advierte que entró al pequeño y se dirigió a la cama, y fue hasta el otro día que se percató de la tragedia. Esta aseveración fue incluida en la carpeta de investigación del caso.

En otra foto, se observa ropa interior (pantaleta) blanca, con una amplia mancha de sangre en la región de sus genitales hasta extenderse hacia atrás, por la zona de los glúteos.

Para Carlos Hugo Tondopó, asesor jurídico de la familia Sánchez Dávalos, y otros expertos en criminalística, lo más común es que los cuerpos (en referencia a un suicidio) secreten orina o heces, mas no sangre, como ocurrió con Mariana, por lo que lo más probable, coinciden, es que haya sufrido algún tipo de violencia sexual.

CREMAR O NO CREMAR, EH AHÍ EL DILEMA

Con base en el protocolo establecido en el Código Penal federal, cuando una niña o mujer muere de forma violenta, ya sea por accidente, ahorcamiento, por impacto de bala o heridas por arma blanca, entre otras, se tiene que investigar el caso con base en perspectiva de género para determinar si se trató o no de un feminicidio.

Sin embargo, en el caso de Mariana la pesquisa se tornó diferente, pues el MP ordenó, casi de inmediato, que el cadáver fuera llevado al crematorio, lo que se constituye en un delito grave, por omisión.

 

Al respecto, Enna, tía de Mariana, rememora que ella, dolida en ese momento, aceptó la propuesta de la autoridad, pues desconocía que ese procedimiento no era posible, al menos en ese momento, y no tenía asesoría para tomar una decisión correcta.



{"quote":"Yo pude haber dicho que se cremara, allá en la Fiscalía de Palenque, pero no sabíamos, nos agarraron en un momento difícil, y luego como familia tenemos un nicho donde colocamos las urnas de nuestros seres queridos, por eso procedimos a que Marianita fuera cremada, pero de haber sabido que en la ley se advierte que no, pues no hubiéramos aceptado, pero esa es culpa del MP"}

Ese “supuesto error” cometido por la autoridad, advierte Carlos Hugo Tondopó en entrevista por aparte, marcó un precedente importante, debido a que sin el cuerpo es más complicado determinar si a ella la mataron o en realidad se ahorcó.

Sin embargo, manifiesta que era la obligación del MP tomar las decisiones adecuadas debido a que, deja en claro, se supone que es el experto en la materia.

Lo peor de todo, agrega, es que no “camina” la carpeta de investigación por feminicidio, “la cual prácticamente está parada, la FGE no avanza con las investigaciones; hay otra carpeta por hostigamiento del médico, y una más por abuso de autoridad en contra de la médica que no tomó las medidas de seguridad al saber que Mariana sufría todo eso”.

RECOMENDACIONES, CUMPLIDAS A CUENTAGOTAS

Con base en el expediente de 120 fojas emitido el año pasado por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas, se ordenaba a tres instancias, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach, donde estudió Mariana), a cumplir con una serie de recomendaciones.

En las mismas, el organismo autónomo les hace ver que las tres instancias cometieron serias fallas, al no generar las condiciones adecuadas para que la joven chiapaneca, en ese entonces de 25 años de edad, no fuera víctima de hostigamiento sexual y luego de un posible feminicidio.



En ese sentido, Carlos Hugo Tondopó exhibe que, hasta hoy, los avances de la recomendación CEDH/011/2021-R se han dado “a cuentagotas”, pues, aclara, les interesa que se cumplan los procedimientos administrativos, es decir llamar a cuentas a las personas que iniciaron la carpeta de investigación y de quien o quienes ordenaron que cremaran el cadáver de Mariana.

Como abogado, recuerda que han tenido que hacer varias cosas, como entrevistar de nueva a cuenta a los testigos que la misma FGE interrogó en su momento. “(Porque) existe incertidumbre, falta de seguridad jurídica de lo que dicen, y una manipulación tremenda de la carpeta de investigación”, pone en entredicho.

ALGUNAS CUESTIONES SOLICITADAS

De acuerdo con un reportaje que LSR presentó en agosto del año pasado, se advirtió que la CEDH solicitó una serie de explicaciones a esos tres entes como, por ejemplo, si en la FGE existía algún registro de denuncia por los delitos de violación, abuso u hostigamiento sexual en agravio de Mariana, entre muchos detalles más.

Asimismo, le pidió al propio secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, para que informara, entre un abanico de demandas, si tuvo conocimiento, por algún medio, de la violación, abuso u hostigamiento sexual que sufría la joven mientras efectuaba su servicio social en Nueva Palestina.

Mientras tanto, a la Unach se le requirió una serie de peticiones, como verificar si Mariana había solicitado su cambio de adscripción, o si ésta vivía en condiciones dignas en Nueva Palestina, sin que corriera algún riesgo en ese sitio, o si recibía el dinero de una beca que, según María de Lourdes, su hija nunca obtuvo.

De hecho, la CEDH recurrió a otras fuentes que, de alguna forma, estaban relacionadas con el caso, como a la misma Presidencia Municipal de Ocosingo, cuyo secretario del alcalde, negó que hayan recibido información sobre vejaciones a Sánchez Dávalos, hasta el día de su muerte.

La misma CEDH deja entrever que Fernando Cuauhtémoc “N”, el principal sospechoso de lo que parece fue un feminicidio, ya tenía serios antecedentes: en la foja 49 de la recomendación, se advirtió que el Instituto de Salud le rescindió el contrato laboral al entonces médico general adscrito al Hospital General de Yajalón, Chiapas, por incurrir en acoso sexual en contra de una donante de sangre. El oficio está fechado el 16 de mayo del año 2014.

Según el informe, el imputado no actuó, en ese entonces, con rectitud al intentar efectuar una exploración ginecológica o tacto vaginal, contrario a la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA 1-2012, para la disposición de sangre humana con fines terapéuticos.

Su actitud, advirtió la subdirectora de Asuntos Jurídicos de esa instancia, “se aparta completamente de su actuar recto y honesto a los usuarios” de ese Instituto de Salud.

En ese sentido, Enna Dávalos reprueba que las instituciones de educación y la misma Secretaría de Salud expongan de esa manera a los estudiantes, es decir al mandarlos a lugares inseguros, donde se convierten en futuras víctimas de agresiones.

No obstante que la justicia se vea cada vez más lejana, Enna y Dagoberto están convencidos de que, como familia, insistirán en que se llegue a las últimas consecuencias porque no creen que ella se haya quitado la vida; “vamos con todo, no tenemos miedo”, advierte la tía de la joven médica.

Según Dagoberto, el caso parece estar “en la gaveta del escritorio”, y prueba de ello, advierte, es que nadie se les ha acercado para brindarles el respaldo que requerirían. Pero ni así, insiste, los van a detener en su sed de justicia.

De nueva cuenta, Carlos Hugo Tondopó señala que la FGE tiene que probar todo de forma transparente, es decir si se trató de un homicidio, feminicidio o de un suicidio, “pero lo tiene que determinar con pruebas contundentes (…) Aunque es muy probable que el asunto lo traten como suicidio para ya no investigar, y más cuando la escena del crimen fue contaminada”.




rst