VILLAHERMOSA.- “No pienso salir de Tabasco hasta que quienes cometieron la injusticia en mi contra estén sentenciados, pues qué caso tiene que verdaderos mafiosos estén libres”, advierte María Esther Ramos Reyes, quien estuvo recluida dos años y tres meses en el Centro de Reinserción de Mujeres de Tabasco, luego que un “grupo delictivo”, integrado por fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía de Tabasco (FGET), creara una Carpeta de Investigación (CI) con falsos hechos, testigos y víctima. La acusaron de extorsión y amenaza con arma de fuego.
TAMBIÉN LEE: SECUESTRO, EL DELITO PREFERIDO DE LA FISCALÍA DE TABASCO
La empresaria tamaulipeca no conocía, ni tenía la mínima intención de visitar Tabasco, pero en noviembre de 2019, desde Tampico, la trajeron contra su voluntad mediante una orden de aprehensión. Fue internada en el Reclusorio de Mujeres en Villahermosa, donde ilegalmente, con la complicidad de jueces de la Región Nueve del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJT), le decretaron y la mantuvieron con prisión preventiva oficiosa.
La señora María Esther fue privada de su libertad con base en una acusación por extorsión de una “víctima falsa”, en una CI con datos ficticios, que los fiscales del MP de la Unidad de Delitos Comunes Zona Centro de la FGET crearon en el programa computarizado del Sistema Justicia.net, de la FGET, número CI-CPJ-VHSA/5674/2019.
De esa carpeta luego derivaron órdenes de investigación y aprehensión, ilegales, así como la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa, estas últimas, avaladas por jueces del TSJT. Desde la creación de la CI hasta su encarcelamiento, transcurrieron sólo dos meses con 20 días.
Este caso demostró la confabulación de abogados y fiscales para manipular el sistema de justicia con el objetivo de encarcelar a una persona inocente, a través de la invención de un hecho delictivo, una víctima inexistente, falsas identidades, domicilios, firmas y documentos.
A pesar de que en las audiencias la imputada clamaba a los jueces y fiscales sobre la inexistencia de la víctima, un “contratista de Pemex” al que supuestamente había intentado “extorsionar con 50 mil pesos y que amenazó con arma de fuego”. María Esther no logró que las autoridades de la FGJT y del TSJT ordenaran presentar al “ofendido” y reconocieran la “injusticia” en que incurrieron en su contra durante los dos años y tres meses en que estuvo encarcelada, de un total de 13 años de prisión que pedía la fiscalía.
Los abogados de la también ingeniera en Sistemas, entrenadora y dueña de la Escuela de Canotaje en su natal Tampico –la cual cerró ante su encarcelamiento–, interpusieron una contrademanda, mediante la cual pudieron demostrar que la “victima” de extorsión era inexistente, y que los documentos y firmas que integraban la CI eran falsas.
A través de la contrademanda CI-DGDC-75/2020, presentada por delitos de imputación falsa de hechos y simulación de pruebas, los abogados de la detenida obtuvieron las documentales de una decena de instituciones oficiales, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Registro Civil del estado, donde se corroboró que el “ofendido” “Luis Fernando Andrade González”, supuesto contratista de Pemex, era totalmente inexistente en Tabasco y el país.
UNIDAD DE DELITOS COMUNES, MAQUILADORA DE CARPETAS
Con las evidencias en la denuncia presentada por los abogados de la señora María Esther, y tras no existir otra alternativa, a marchas forzadas tuvo que intervenir la Visitaduría General de la FGET para realizar las indagatorias sobre los responsables de fabricar una CI.
De acuerdo con las declaraciones tomadas por la Visitaduría a funcionarios de la fiscalía, procedimiento de investigación 11/2020 y su acumulado 084/2020, cuya copia tiene La Silla Rota, a la “víctima” “Luis Fernando Andrade González” solo lo “conocían” su abogado defensor, Raúl Alonso Jiménez Moscoso -esposo de la coordinadora general de Zona Centro de la Unidad de Delitos Comunes de la FGET, Enriqueta González Pérez- y el fiscal Desiderio Cruz Herrera, quien fue el que introdujo y creó la CI en el Sistema Justicia.Net de la FGET.
El policía de investigación Mario Armando Escobar Acuña dijo que sólo “habló por teléfono” y vio una vez a la víctima, además de tomar la declaración de los dos “testigos” de los hechos denunciados, y realizó la “inspección ocular” y las “fijaciones fotográficas” del lugar de los hechos.
Ante la inexistencia del “ofendido” y las falsas pruebas, hasta ahora sólo han sido vinculados a proceso el fiscal Desiderio de la Cruz Herrera y el policía investigador Mario Armando Escobar Acuña, así como el abogado de la “víctima” de extorsión y amenazas con arma de fuego, Raúl Alonso Jiménez Moscoso, por los delitos de imputación falsa de hechos y simulación de pruebas.
¿CASTIGO EJEMPLAR?
La empresaria y entrenadora de canotaje en Tampico lamentó que los jueces no hayan aplicado ninguna medida cautelar contra estos funcionarios imputados, y en el caso del abogado no se le haya suspendido la cédula profesional.
María Esther acusa que el autor intelectual de la privación ilegal de su libertad es Raúl Alonso Jiménez Moscoso, esposo de la coordinadora general de Zona Centro de la Unidad de Delitos Comunes de la FGET, Enriqueta González Pérez, y abogado defensor de la falsa víctima. Esta persona también es el litigante de la compañía Conjunto de Servicios Industriales SA de CV (CSI), que demandó a la empresa de la tamaulipeca, Bombas y Sistemas Dinámicos, por el delito de retención de dos bombas de inyección, las cuales le vendió a CSI, pero que no les pagó e inventó un delito para evadir el cobro.
El 3 de febrero pasado, la señora María Esther abandonó la cárcel al obtener su libertad absoluta por el delito de extorsión que le imputaron falsamente, pero todavía tiene que acudir al juzgado, a firmar cada 15 días, por otro proceso penal en su contra que lleva el mismo abogado Jiménez Moscoso.
Incluso, en una de las comparecencias, el fiscal del MP, Julio César Torres Torres, presentó el Escrito de Acusación ante el TSJT en contra de María Esther, donde pedían 13 años de cárcel para la imputada. Esta persona confirmó que Enriqueta González Pérez conocía la falsa Carpeta de Investigación, en la que su esposo fungió como abogado de la “victima”.
—¿Que diga el declarante si la licenciada Enriqueta González Pérez conocía del trámite de la carpeta CI-CPJ-VHSA/5674/2019?— cuestionó el fiscal visitador de la FGET al Ministerio Público, Julio César Torres Torres.
—Si, como todas las demás Carpetas, de hecho la defensa (Raúl Alonso Jiménez Moscoso) en algunas ocasiones pasó a hablar con ella— declaró Torres Torres en su comparecencia.
También confirmó que Enriqueta González Pérez nunca le instruyó declinar la Carpeta de Investigación a la fiscalía.
Todos los funcionarios involucrados en esta “conspiración” contra la empresaria tamaulipeca pertenecen a la Unidad de Delitos Comunes Zona Centro de la FGET.
MÁS RESPONSABLES
En este caso, también, existiría responsabilidad del actual titular de la FGET, Nicolás Ovando Bautista, pues cuando se desempeñaba como vicefiscal de Delitos Comunes, el 17 de agosto de 2020, ordenó que continuaran “las diligencias correspondientes hasta su total integración en caso de considerarlo procedente”.
Cuando la ingeniera en sistemas llevaba casi un año encarcelada injustamente, Ovando Bautista devolvió la CI y ordenó que “se sigan realizando las diligencias correspondientes”, en lugar de tramitar que se desistieran de esa falsa “querella.
La “investigación” y encarcelamiento se realizó cuando aún era fiscal general del estado, Jaime Lastra Bastar, actualmente líder de la bancada de Morena en el Congreso local.
FAMILIA DESTROZADA POR AMBICIONES PERSONALES
María Esther no tiene duda que el autor intelectual de la tragedia carcelaria y jurídica a que fue sometida fue el abogado Raúl Alonso Jiménez Moscoso. Recuerda que en la primera audiencia que tuvo le pidió 32 millones de pesos para desistirse de la acusación. “Si no, no vas salir nunca de Tabasco, tengo el poder del Poder Judicial”, le dijo.
Casada, madre de tres hijos, abuela de un nieto, la empresaria explica que el origen de este calvario -que aún vive- tiene como antecedente un litigio que mantiene con la empresa Conjunto de Servicios Industriales SA de CV.
La entrenadora de Canotaje recuerda que a las 12.30 horas del 18 de octubre de 2019, cuando fue detenida por seis personas frente a su domicilio en Tampico, intentó huir y se defendió, pensaba que se trataba de un secuestro, pues nunca le mostraron la orden de aprehensión.
Al día siguiente, a las 13.00 horas la presentan ante el juez. Allí, el esposo de la coordinadora de la Delitos Comunes Zona Centro de la fiscalía de Tabasco, Raúl Alonso Jiménez Moscoso, se acredita como abogado defensor de la falsa “victima”.
Recuerda que sufrió de impotencia e incertidumbre en 15 ocasiones en que los jueces de Control del TSJT suspendieron las audiencias por la inasistencia de Jiménez Moscoso, quien falsificó un contrato de Pemex para poder redondear la acusación de la “víctima”, de que se dirigía a instalaciones de esa empresa cuando presuntamente fue interceptado para extorsionarlo.
Para la identidad en la denuncia de “Luis Fernando Andrade González”, el supuesto contratista de Petróleos Mexicanos, se utilizó una credencial de elector falsa, hecho corroborado por el propio INE.
Igual que el INE, otra serie de instituciones públicas y privadas, como Teléfonos de México, Pemex, el Ayuntamiento de Centro, el registro civil estatal, Infonavit, SAT, Sistema de Agua Potable local, Registro Público de la Propiedad, Policía Estatal Preventiva y Policía de Tránsito del estado, todos sin excepción confirmaron la inexistencia del “empresario de la construcción” “Luis Fernando González Andrade”, así como de su domicilio.
La señora María Esther Ramos Reyes recuerda que, además, la pandemia vino a complicar su defensa a raíz del confinamiento, lo que también implicó que a su esposo Lenín Martínez Yañez pudiera verlo físicamente hasta el año de su ilegal cautiverio, mientras a sus dos hijas menores se les tuvo que engañar que sus madre estaba en actividades de altruismo en Chiapas. Sólo el hijo mayor conocía el “trance de horror” que vivía su mamá, por la conspiración de seis fiscales y cuatro jueces de Control para privarla de su libertad, afirma la aún inculpada.
HISTORIA DE FALSA EXTORSIÓN A VICTIMA INVENTADA
En el Procedimiento de Investigación número 11/2020 y su acumulado 084/2020, derivado de la denuncia CI-DGDC-075/2020, en contra del personal y Fiscales del Ministerio Público de la Dirección de Delitos Comunes Zona Centro de la FGET se narra cómo se confabularon para afectar a la ingeniera tamaulipeca.
29 de julio de 2019 fue la fecha cuando la supuesta víctima y el empresario constructor Luis Fernando Andrade González presentaron la denuncia por extorsión. El archivo de seis páginas se introduce a la plataforma electrónica de la FGET en tan solo 45 segundos.
El sistema Justicia.net, programa informático donde registran los datos de las personas que presentan denuncias. Se imprime una ficha que contiene el número, el nombre de la víctima o denunciante y el delito, así como la clave y nombre de la persona que le entregó la ficha.
La Unidad de Delitos Comunes es para atender diferentes tipos de delitos, como robo, lesiones y amenazas, donde los ofendidos que interponen alguna querella deben identificarse con su credencial de elector o alguna identificación oficial.
Ese 29 de julio de 2019, el coordinador del turno vespertino, el fiscal Desiderio de la Cruz Herrera, era quien autorizaba recepcionar las denuncias presentadas y dar inicio a la CI correspondiente.
Ese día, recuerda el fiscal auxiliar Carlos Arturo Guerrero Filoteo, adscrito a la Unidad de Delitos Comunes, le correspondía levantar las denuncias y CI. Trabajó de las 16.00 a 24.00 horas.
Ese día había mucho auge de personas y se presentó en mi cubículo mi coordinador inmediato, licenciado Desiderio de la Cruz Herrera, y me dijo ‘dame tu clave del sistema (justicia.net), voy ayudar a dar inicios para que no se tarden tanto con las víctimas’. Como es mi coordinador le di mi cuenta del sistema y se fue, yo seguí trabajando
En su comparecencia del 6 de octubre de 2020, Guerrero Filoteo menciona que cuando “iba por las impresiones de mis inicios (de CI) y pasaba por el pasillo y volteaba hacia el cubículo del licenciado Desiderio, ciertamente vi que se encontraba con una persona, el cual desconozco su nombre, pero sé que es abogado litigante y se encuentra anexado (en la CI).
Veo que ustedes lo tienen en una fotografía portando unos lentes obscuros y camisa clara a cuadros en el Procedimiento de Investigación 084/2020
Posteriormente, “me llamó el licenciado Desiderio de la Cruz Herrera y me dio una Carpeta de Investigación, que es la que tengo a la vista CI-CPJ-VHSA/5674/2019. Y me dijo, ‘mira, ya hice este turno para que te cuente como turno iniciado’. Al momento que me llamó él se encontraba solo y me dijo fírmala”.
La firmé y se quedó con la Carpeta (de Investigación) porque me dijo que él le iba a dar trámite y rapidez a la orden de investigación porque era un delito de extorsión, y yo me fui del cubículo y el licenciado Desiderio se quedó con la Carpeta de Investigación
Al día siguiente lo llamaron de la Dirección con el licenciado Gonzalo Gastambide Flores. “Recuerdo muy bien que en el pasillo, antes de entrar a la dirección, me encontré al licenciado Desiderio de la Cruz Herrera junto con la persona que aparece en la fotografía anexada (abogado Raúl Alonso Jiménez Moscoso) dentro del procedimiento que se actúa”.
Entonces, se le acercó Desiderio Cruz Herrera y le dijo “no te preocupes, el problema es mío, yo hice esa Carpeta de Investigación de la que ahorita te va hablar el licenciado Gastambide. Y me hizo señas de tú tranquilo’”.
Llegó el momento en que lo hicieron pasar con el director Gonzalo Gastambide, quien estaba “muy molesto”.
Me preguntó que si yo había iniciado la Carpeta que tengo a la vista y que mencioné en líneas anteriores, por lo que le hice ver que no, que esa CI la había realizado mi coordinador directo y gente de su confianza, el licenciado Desiderio de la Cruz Herrera
Gonzalo Gastambide lo regañó y le dijo que nunca volviera a dar su cuenta a nadie y “le indique que así había estado ayudando el licenciado Desiderio para que no se atrasen en la atención. De hecho, pueden corroborarlo con mis compañeros que así nos ayudaba con las Carpetas o hacía diligencias”.
El licenciado Gastambide muy molesto me habló muy fuerte. Y en ese momento recibió una llamada telefónica y a la persona en el teléfono le dijo ‘te voy a hundir estas cosas no se hacen’, colgó la llamada. Me dijo ‘puedes irte Filoteo, siga trabajando como los has hecho y no le vuelvas a dar a Desiderio tu cuenta del sistema’ y me dijo ‘aquí me voy a quedar con la Carpeta de Investigación’ y me salí
Guerrero Filoteo volvió a encontrar a Desiderio Cruz en el pasillo y a la persona de la foto. Desiderio me dijo ‘no te preocupes, ya está arreglado, no hay problema, ya escuché como te gritó Gastambide y pues tú no tienes por qué recibir esos regaños’, y me fui, no supe más de esa Carpeta de Investigación hasta que se sube a Tramitación Masiva de causas para que siguieran investigando los hechos que habían denunciado ante el licenciado Desiderio de la Cruz Herrera”.
En su alegato de defensa, dijo que podían constatar en sus Carpetas de Investigación que él no le pone negritas en sus entrevistas a las palabras para resaltarlas. “Al igual existen palabras, por ejemplo, ‘fémina’, que yo no utilizo en mis entrevistas, ahí pueden corroborar que yo no inicié esta Carpeta de Investigación”.
“Con ello, manifiesto que pues yo no hice esa entrevista, quien la inició fue el licenciado Desiderio y confié en todo momento en el actuar del licenciado Desiderio de la Cruz Herrera, porque era mi jefe inmediato y trabajaba de la mano con el licenciado Gastambide y la licenciada Enriqueta González Pérez, por ser ellos los cambios que llegaron al frente de este Centro de Procuración de Justicia”.
Relató que la indagatoria CI-CPJ-VHSA- 5674/2019, después de quedar en manos del director Gastambide, “pasaron unos días” y el licenciado Desiderio me la dio diciéndome que ya todo se había solucionado y que una vez integrada la Orden de Investigación la subiera al área de Tramitación Masiva, por lo que fue que seguí la instrucción que me fue indicada por su coordinador en ese entonces.
Fue el fiscal del Ministerio Público, Julio César Torres Torres, quien luego de integrar las investigaciones entregó el Escrito de Acusación ante el Juez de Control de la Región Nueve en Turno, con fecha 17 de junio del 2020, donde pedía la “pena máxima de 13 años por el delito de extorsión.
Y el Juez de Control de la Región Nueve del TSJT, Lenin Alpuche Gerónimo, fue quien instruyó la Causa 1831/2019 por el delito de Extorsión en “agravio” de “Luis Fernando Andrade González”, sin permitir las pruebas de la defensa de la señora María Esther.
LA INVERSOSIMIL TRAMA DE LA FISCALÍA
La acusación era que la señora María Esther, el 26 de julio de 2019, encabezó a un grupo de 10 personas en el Campo Carrizo, de Pemex, Ranchería Anacleto Canabal Tercera Sección, Centro, donde le cerró el paso a la víctima Luis Fernando Andrade González, quien venía en su vehículo en compañía de cuatro empleados.
“Se le acercó a la unidad, con un arma de fuego, tipo revolver, color negro, que traía en su mano derecha y le pide la cantidad de 50 mil pesos, con la finalidad de dejarlo trabajar”. Y que lo amenazó con insultos y le dio “un tiempo razonable para la entrega del dinero.
El agraviado se queda callado al notar el tono de voz de un acento raro y agresivo. Luego le ordenaron que descendiera del vehículo y uno de los extorsionadores le revisó la bolsa del pantalón y le quitó 3,200 pesos que traía
La acusada “le arrebata el dinero y lo deja pasar, mientras otra persona con el dedo le hacía señas de muerte al ofendido mostrándole una pistola”.
Al día siguiente, 27 de julio, la víctima con sus trabajadores al querer pasar por el mismo lugar de nueva cuenta, la acusada le sale al paso y le dice: “qué hiciste con mi encargo, espero que lo hayas traído, porque si no, tu, tu familia y tus trabajadores se van al hoyo. El ofendido le dice que necesitaba más tiempo y le comenta que le da chance otra semana”.
“Luis Fernando Andrade González” es era un supuesto contratista de Pemex Exploración y Producción, quien tenía un contrato de obra de Pemex – falso también - en el Campo Carrizo, de la ranchería Anacleto Canabal.
Supuestamente la víctima dejó pasar dos días más de ocurrida la amenaza y el 29 de julio de 2019 se presentó a la fiscalía para interponer la querella CI-CPJ-VHSA- 5674/2019.
rst