CUERNAVACA.- La violencia y amenazas que se vierten en contra de periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos en Morelos provienen tanto del gobierno del estado como de su área de Comunicación Social, coincidieron profesionistas en la materia.
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Lo anterior, al participar en el diálogo para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas efectuado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos bajo el auspicio de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.
Tras relatar las experiencias de agresiones que ha enfrentado, el periodista de Cuautla, Paco Cedeño, recordó que tras la publicación de la fotografía en la que aparece el Gobernador morenista, Cuauhtémoc Blanco, junto con tres líderes criminales comenzó a ser víctima de amenazas y vetos por parte la Administración estatal.
“He sido crítico de la CES pero no de la persona sino de la institución. (Desde la publicación de la fotografía) al empezar a hacer mi trabajo para conocer más sobre el tema recibo una amenaza y horas después me quieren marcar la editorial la gente de la delincuencia organizada”, expresó.
“Cuando dice uno la verdad a muchos les incomoda. Espero que mañana que viene el presidente (Andrés Manuel López Obrador) el jefe de Comunicación Social no me vete en la conferencia de prensa como la vez pasada”.
Lamentó que muchos funcionarios del actual Gobierno no estén trabajando y se dediquen a hacer otras cosas y desviar recursos en vez de destinarlos a las necesidades de la población.
En el caso de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), a la Policía y cámaras de seguridad.
Han fallado, dijo, en presupuesto y ocupado el tiempo en rebatingas de poder, pues el Gobernador ocupa su tiempo en pelear con otros poderes del estado y los únicos que pierden son los morelenses porque a todos les hace falta seguridad.
“Se hacen leyes para todo porque no han hecho su trabajo. Yo temo por mi vida y de hecho he tenido que ir con la delincuencia organizada por este motivo”, dijo para cerrar su participación.
En su momento, la comunicadora Lourdes Ansel reveló que en el Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRI) les tienen prohibido hablar de política, invitar a activistas, así como “hablar mal” del Gobernador Blanco.
La también promotora cultural lamentó que a los funcionarios se les olvide lo que es ser un servidor público y cuáles son sus deberes.
“Hacer política pública es diálogo con todas las instituciones. Se les olvida qué es un servidor público y hablo del Instituido Morelense de Radio y Televisión”, expuso tras cuestionar por qué cancelaron el Centro Cultural Teopanzolco.
Israel Dirzo, del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y Diversidad Sexual del Estado de Morelos, coincidió al señalar que las autoridades estatales violentan a los integrantes de la comunidad LGBTTT y por ello no se sienten seguros en la entidad.
“Quien nos violenta es el estado. Los miembros de la diversidad sexual no tenemos derechos, lástima que en mi casa no se me respete”, reprochó.
PIDEN CUIDAR PERFIL DE INTEGRANTES DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN
Entre otras participaciones se subrayó la necesidad de cuidar los perfiles de quienes integran el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que hay intereses de autoridades que están muy lejos de proteger y cuidar, además de haber infiltración del crimen organizado.
Se pidió asimismo, transparentar en qué se gastan los recursos y en qué personas, a la vez que se urgió a que los integrantes del Mecanismo sean autónomos, designados por el Senado.
Avanzar en protección requiere la participación de los tres órdenes de gobierno.
En su participación, Enrique Irazoque Palazuelos, director general de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información (gobierno federal), el Mecanismo por sí solo no resuelve, por lo que debe caminarse hacia una política de estado en donde haya participación y compromiso de los tres niveles de gobierno.
“(Los retos) son la coordinación y participación corresponsable de autoridades estatales y municipales”, expuso.
En México, precisó, hay un incremento de violencia en contextos diferenciados y una ausencia de políticas de prevención, así como una amplia necesidad de acercamiento entre autoridades del Mecanismo con organizaciones, redes, colectivas y colectivos.
Igualmente, existe ausencia de sanciones a servidoras y servidores públicos que agreden a periodistas y personas defensoras; impunidad y falta de respuesta del sistema de justicia.
Irazoque Palazuelos explicó que la ley actual es aplicable a autoridades federales, pero no obliga a autoridades estatales ni municipales, por ahora solo pueden celebrarse convenios de cooperación, pero esto limita.
“(Hay que) Generar corresponsabilidad de obligación de los tres órdenes, prevención y protección de ellos tres, un programa nacional de prevención para llegar a todos los municipios y tener un protocolo nacional con reglas claras”.
De ahí la importancia de los diálogos que se iniciaron este jueves en Morelos para intercambiar ideas y opiniones sobre los elementos fundamentales que deberá contemplar la iniciativa de ley.
“Esta ley general además de reflexiones y discusiones, eso no se erige de cero, ha habido avances este mecanismo ha salvado vidas pero debemos migrar a otro sistema que nos permita mayor impacto”, precisó.
Recordó que al inicio de la actual Administración federal 798 personas estaban incorporadas al Mecanismo de Protección y a la fecha se han adherido 761 más, lo que equivale a un incremento del 95 por ciento.
El funcionario federal aseguró que esto se debe a una mayor confianza en las instituciones del nuevo gobierno, una mayor visualización del Mecanismo y al acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil y grupos de personas.
PERIODISTAS ASESINADOS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE CUAUHTÉMOC BLANCO
En Morelos, el asesinato más reciente es el del periodista Manuel González, de 55 años, quien fue asesinado a balazos en Cuernavaca, en septiembre de 2021.
González, director del medio digital Portal Morelos Noticias, falleció por disparos de sujetos armados que iban a bordo de una motocicleta.
Juan Jaramillo Frikas, quien fuera coordinador de Comunicación Social en el Gobierno del ex mandatario Jorge Carrillo Olea, fue asesinado a balazos el 30 de septiembre de 2020, en Ocotepec, cuando salía de su domicilio.
Fue agredido por desconocidos que viajaban a bordo de un taxi y aunque lo trasladaron a un hospital privado para su atención, por su grave estado de salud a causa de tres disparos de arma de fuego, falleció.
Samir Flores, activista y comunicador de la comunidad de Amilcingo, murió baleado en su casa en febrero de 2019. Además de ser un opositor expreso a la termoeléctrica de la Huesca fue impulsor de la estación comunitaria de radio "Amiltzinko".
Con este proyecto buscaba ofrecer una alternativa informativa a los medios de comunicación en Morelos y el país, basada en los usos y costumbres de la comunidad.
El martes 30 de julio de 2019, en el municipio de Zacatepec, fue asesinado Rogelio Barragán Pérez, periodista que colaboró en medios locales de Guerrero y fue fundador de la página de noticias en línea Guerrero Al Instante, en la que escribía para la sección judicial y de Nota Roja.
Datos de la Fiscalía General de Morelos indicaron que el cuerpo de Barragán Pérez fue hallado con numerosas lesiones en rostro y cabeza, dentro de la cajuela de su coche abandonado en Zacatepec.
