TIJUANA.- La búsqueda de personas desaparecidas en Baja California tiene un antes y un después de Guadalupe Aragón Sosa, la mujer que no paró hasta encontrar a su hijo y después tuvo que pagar 60 mil pesos para recuperar su cuerpo de la fosa común.
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Aunque los grupos y asociaciones, hoy colectivos de familiares víctimas, ya tenían historia y trabajo sobre todo en Tijuana, nadie recorría entonces los áridos y deshabitados terrenos del este del municipio en su colindancia con Tecate, que resultaron ser un cementerio abierto.
“En esa búsqueda encontré 17 cadáveres (...) cada sábado y domingo que iba a buscar a Villa del Campo (una de las colonias populares al este de Tijuana), encontraba uno o dos. Una vez nos hallamos seis en el mismo día”, cuenta Guadalupe.
La madre de familia trae en sus manos una placa con el nombre y la fotografía de su hijo: Carlos Gabriel Leyva Aragón. También lleva la fecha de nacimiento y desaparición: 30 de octubre 1973 - 31 de marzo 2018, Tijuana.
(Foto ilustrativa/Cuartoscuro)
Ese mismo año, cuando no encontró ninguna respuesta de la fiscalía estatal, ella comenzó su búsqueda en la colonia Zona Norte, donde su hijo Carlos vivía y trabajaba como músico en las cantinas y otros establecimientos que rodean los más reconocidos bares nudistas de la frontera.
“Todos me decían:
-Ya te lo mataron, no lo busques mamacita. Al `Querreque´ ya lo mataron.
-¿Pero dónde está mi hijo?
-Pues dicen que te lo tiraron pa´ Villa del Campo”.
Según lo que pudo indagar en sus recorridos, Guadalupe supo que a Carlos lo mataron por involucrarse “con la novia de uno de los pesados de allí de la Cahuila”, nombre popular que recibe la zona norte por su conocido callejón Coahuila, donde decenas de mujeres ejercen la prostitución libremente recargadas en las fachadas de los múltiples bares y hoteles de paso.
Es también un redituable territorio para el crimen organizado por la venta de drogas y el tráfico de personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
“Pero a mi hijo lo levantó la policía, y la policía se los entregó a ellos. Y ellos fueron los que lo mataron. A puros golpes me lo mataron”, dice Guadalupe.
Ahora, a cuatro años de distancia, está en “La Gallera”, uno de los predios que utilizó Santiago Meza López, (a) “El Pozolero” para disolver cadáveres de personas asesinadas por el crimen organizado.
Guadalupe acompañó a decenas de familias que buscan a sus desaparecidos y como ella esperaban colocar en las paredes del sitio, hoy convertido en memorial, los rostros de más de 200 víctimas en el estado.
“Que sigan en la lucha, que sigan buscando y que ellas averiguen, porque el gobierno no va a hacer nada”, les dice Guadalupe a las familias.
Y lo dice con pleno conocimiento porque ella no encontró apoyo de las autoridades locales ni cuando en noviembre del 2018 necesitaba 60 mil pesos para sacar los restos de su hijo de la fosa común, donde resultó que ya tenía 8 meses.
(Foto ilustrativa/Cuartoscuro)
“Fui con el gobernador que era (Francisco) Kiko Vega. Dijo que estaba en la quiebra porque era cuando los hondureños habían llegado (...) Entre todos mis hijos, mi familia, los amigos de mi esposo, los amigos de mi hijo, llegué a juntar 30 mil pesos. Lo demás, de prestado”, recuerda.
Antes de llegar a ese momento, conseguido tras pedir ayuda literalmente a gritos durante un evento del gobierno federal en Playas de Tijuana, la fiscalía general de Baja California le aseguraba que su ADN no era compatible con ninguna persona en calidad de desconocida.
En realidad, el cuerpo de Carlos lo habían encontrado apenas tres horas después de ser asesinado, y luego de todos los esfuerzos de su madre, finalmente pudo sepultarlo el 23 de diciembre del 2018.
Hoy en Baja California, de acuerdo con Ocegueda Flores, hay 9 mil ADN pendientes de respuesta, y aunque oficialmente hay registro de 12 mil desapariciones del 2006 a la fecha, la cifra es incierta, igual que pasa en el conteo de fosas clandestinas porque el estado no mandó la información requerida.
“En el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, menciona que Baja California tiene cero fosas clandestinas. Eso se ve como una burla hacia las familias”, dice Fernando Ocegueda.
(djh)