CHILPANCINGO.- El 14 de febrero, “María”, con tan solo nueve años, llegó con su tía al hospital general de Chilpancingo Raymundo Abarca Alarcón a solicitar un aborto. Su embarazo fue producto de una violación.
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La solicitud de la interrupción del embarazo se sustentó en el artículo 159 del Código Penal de Guerrero: con una denuncia penal por el delito de violación sexual y con la autorización expresa del Ministerio Público.
Sin embargo, en el hospital se negaron y, por el contrario, intentaron convencerla para que tuviera al bebé. El caso se filtró a los medios de comunicación, lo que obligó a las autoridades de salud de Guerrero a reconsiderar la negativa.
Que el caso de Guerrero nos recuerde que el aborto por causal violación es un servicio legal y de emergencia en todo el país, negarlo no solo atenta a los DSyR también a los DDHH de acceso a servicios de salud de las mujeres, niñas, adolescentes o personas gestantes #AbortoLegal
— Resignificame ¡Esta! (@resignificame) February 19, 2022
El 16 de febrero, en el hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, “María” abortó.
La pequeña de 9 años vive con sus abuelos ya que su mamá fue víctima de feminicidio y su padre la abandonó; de acuerdo con versiones extraoficiales la niña fue violada por su primo de 12 años.
La Secretaría de Salud de Guerrero informó que a la paciente y a su tía “se le brindó información objetiva y veraz sobre los riesgos que conllevaría la interrupción del embarazo” ya que, tras estudios clínicos de laboratorio, la niña presentaba embarazado avanzado.
Lamentable que autoridades de Estado de Guerrero impidan derechos de l mujeres al aborto, en especial los casos de niñas de 10 años y otras que sufrieron abuso sexual, diversas de ellas comentan a medios de información su sufrimiento y viacrucis en su vida.— Narciso Sánchez G. (@narcisoalfonso) February 18, 2022
Tras el procedimiento, se realizó una reunión interinstitucional para garantizar el seguimiento al caso, en el que intervendrán la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia (PDMF) y el DIF, que se comprometió a otorgar la alimentación, así como los gastos de traslado el seguimiento de la guarda custodia de la pequeña de apenas 9 años.
Por otra parte, Asuntos Indígenas refrendaron el compromiso de dar acompañamiento y asesoría legal, mientras que la Secretaría de la Mujer se comprometió también a dar la asistencia social a la familia de la niña de 9 años.
RESISTENCIA OFICIAL
El caso de “María” no es el único, en los hospitales de Guerrero es constante la resistencia por interrumpir embarazos productos de violación sexual, revela Amapola Periodismo.
Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero y promotora de la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, documentó en 2021 por lo menos ocho casos en cuatro hospitales donde se negaron a interrumpir el embarazo a niñas, adolescentes y mujeres que fueron violadas.
Gutiérrez Sotelo hace el recuento. En julio, al hospital de Chilpancingo llegó una joven me’phaa que fue violada sexualmente para solicitar la interrupción del embarazo y se lo negaron. Le dieron largas hasta que una médica, por su cuenta, le dio una pastilla.
Dos meses después, al hospital de Iguala llegó una niña de 14 años embarazada. Fue violada y presentó su denuncia ante el MP, sin embargo, personal del DIF municipal la convenció para que continuará con el embarazo.
En octubre, en Ayutla, una adolescente de 17 años solicitó la interrupción del embarazo, tras haber sido violada por su novio. En el hospital de ese municipio le negaron el servicio y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres la acompañaron a la Ciudad de México a practicarse el aborto.
Ese mismo mes, llegó una niña de 13 años al hospital de Chilpancingo, después de que le negaran la interrupción del embarazo en un centro de salud en el municipio de Juan R. Escudero. Hubo resistencia y después de días, por la presión de organizaciones, accedieron a practicar el aborto.
En noviembre, una niña de 13 años que fue violada por su hermanastro, llegó al hospital de Taxco con la denuncia y la autorización del MP para la interrupción del embarazo. Se lo negaron. Al final accedieron, pero la enviaron a un centro de salud.
Accedieron porque intervenimos, pero con mucha violencia. El director la envió al centro de salud a tomar el medicamento pues no quería que mancharan su hospital”, recuerda Gutiérrez Sotelo
En diciembre, una mujer de 30 años con discapacidad cognitiva, solicitó la interrupción del embarazo en el hospital de Iguala. Fue violada por un vecino, un hombre de 70 años. Se lo negaron, pero por la intervención de organizaciones practicaron el aborto.
La resistencia no sólo es del sector salud, en los MP también. Gutiérrez Sotelo recuerda el caso de una chica que a los 16 años fue violada por el amigo de su hermano en el municipio de Ometepec.
La chica decidió abortar y junto con sus padres y Viridiana, asistieron al MP a denunciar y a obtener la autorización para la interrupción del embarazo.
La agente trató de convencerla y después puso muchos obstáculos, incluso, ofreció adoptar al niño si decidía tenerlo, luego la hostigó. La amenazó con encarcelarla si descubría que no fue violada. Al final autorizó la interrupción, pero envió patrullas al domicilio de la joven hasta que le practicaron el aborto.
En Guerrero se han declarado dos Alertas de Violencia de Género, la segunda por agravio comparado, que ordena homologar el Código Penal con la Norma 046 para garantizar que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual accedan a la interrupción del embarazo sin interponer una denuncia penal y, menos, tener la autorización de un MP.
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