TUXTLA GUTIÉRREZ.- Un tráiler con alrededor de 160 migrantes, la mayoría originarios de Guatemala, salió el 9 de diciembre del año pasado de San Cristóbal de Las Casas con destino a Puebla, pero, a la altura de la carretera entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, se volcó.
En un principio, se advirtió que se trató de peregrinos guadalupanos, algunos muertos y otros heridos; sin embargo, minutos después distintas corporaciones de rescate y policiacas confirmaron que eran indocumentados. Tras varias horas de movilización, cerca de 45 cuerpos fueron cubiertos con sábanas blancas en el lugar de los hechos.
Mientras que a otras 114 personas, los cuerpos de socorro las trasladaron a la clínica de la Cruz Roja y a diferentes hospitales de la capital chiapaneca, así como de municipios cercanos como Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla y San Cristóbal de Las Casas, pues resultaron heridas, incluso de gravedad.
Te podría interesar
En la llamada curva del migrante, decenas de personas estaban esparcidas a las afueras del tráiler, cerca de un puente peatonal; la imagen era “dantesca”: sangre, gritos y desesperación. El tráfico se detuvo por horas, mientras vecinos de la colonia El Refugio, donde ocurrió la tragedia, apoyaban en las labores de rescate.
Al paso de los días, la cifra de muertos aumentó a 56; asimismo, comenzó la llegada de familiares de quienes viajaban, hacinados, en esa “unidad” que, según se investigó, partió de una bodega de San Cristóbal de Las Casas; de hecho, se advirtió que se trató de dos tráileres cargados de migrantes.
El vaivén empezó: amigos y parientes viajaron desde Guatemala, principalmente, para recorrer hospitales, morgues y otros lugares en donde podrían estar sus seres queridos. La incertidumbre aumentó porque no había mucha información precisa del paradero de los tripulantes. Incluso, se advirtió que “varios” huyeron una vez que el tráiler se estampó cerca del puente.
Un mes antes de esta tragedia, 12 migrantes habían muerto calcinados, luego de que las Urban en las que viajaban chocaron en la carretera federal Palenque-Playas de Catazajá. Era como una especie de presagio.
COBERTURA ESPECIAL
La Silla Rota fue uno de los primeros portales de noticias mexicanos que estuvo presente en los funerales de migrantes muertos en ese incidente. Para ello, viajó a la localidad de Malacatán, Guatemala, cercana a la frontera con México, donde fue velado y sepultado Leonel Estuardo Gómez Zepeda, exjugador de futbol profesional, pero quien se vio obligado a emigrar por falta de empleo y de no tener recursos para mantener a sus cuatro hijas.
Asimismo, este medio informativo se trasladó a San José Petacalapa, del mismo departamento de Malacatán, donde fue enterrado Cecilio Federico Ovalle Cifuentes, otra de las 56 víctimas del accidente.
A diferencia de Leonel, Cecilio fue chofer de transporte de la ruta Malacatán-Talismán, pero tampoco le alcanzaba para mantener a su familia, y por eso decidió pagar miles de “quetzales” para llegar a los Estados Unidos.
NO HAY CULPABLES; SOLO OLVIDO
A casi un año de la tragedia, Yesenia Flores, esposa de Leonel Estuardo, lamenta que la situación sea más complicada, pues no solo perdieron a su ser querido, sino que tiene que pagar algunas deudas por ese viaje que quedó truncado.
Además, evidencia que, hasta la fecha, no han recibido el acta de defunción por parte de las autoridades mexicanas, documento que requieren porque a una de sus hijas le darán una beca escolar y tramitarle una credencial mexicana.
“Acá en Guatemala no aparece como difunto, no hay nada; en Chiapas nos prometieron apoyarnos con eso, pero no hay nada”.
Yesenia procreó dos hijas con Leonel, una de 14 años y otra de 10, mismas que han sufrido mucho. “La nena acaba de entregar la corona como reina infantil de Malacatán, y se puso triste”.
La madre le comparte a LSR un video de hace unos días, donde su hija llora ante una autoridad municipal, pues cuatro días antes de que su padre partiera a EU, a ella la acababan de coronar. “Por eso el alcalde prometió otorgarle un año gratis de colegiatura, tanto por su reinado como por lo que ocurrió con su papá”.
Lo que ahora le aflige, es que no puede viajar tan fácil a Chiapas para agilizar la entrega del acta de defunción, pues tiene que cumplir con “muchos requisitos” para pasar la frontera, además de que el gasto para ella es demasiado.
Por su parte, Luis Rey García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana (AC que apoya a migrantes en la región de Tapachula), critica que no se le haya hecho justicia a las familias no solo de los 56 fallecidos, sino de todos los que viajaban en ese tráiler.
“La promesa de Ken Salazar (embajador de los EU en México) solo quedó en eso, en promesa, lo que revela la grave situación por la que atraviesan los migrantes: el muro burocrático y el tapón humano que se impone en la frontera sur aún es terrible”.
Lo más triste, dice, es que a esa gente no le queda otra opción que aceptar seguir su camino con “polleros”, quienes ponen en riesgo la vida de esa población.
Además, cuestiona por qué hasta hoy no hay ningún responsable de ese accidente tras las rejas. “Me recuerda a lo que ocurrió en San Fernando (Tamaulipas), donde más de 70 migrantes fueron hallados en una fosa, calcinados, y donde el crimen organizado fue el culpable; en el caso de Chiapas, de los 56, tuvo que ver la apatía, y sobre todo la inoperancia de todos los niveles de gobierno y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; para mí esta es una herida social, porque la sociedad quedamos en espera de que la autoridad hiciera algo”.
“SI HABLAMOS, NOS PUEDEN MATAR”
Nicolasa Guarcaz Gabriel lamenta que hasta la fecha no haya responsables del accidente y de la muerte de su hijo Richard Leví Ordóñez Guarcaz (en ese entonces de 18 años), pero advierte que no puede hablar o pedir justicia porque la pueden “callar”.
Desde donde vive, la aldea Panatzán, municipio de Santa Apolonia, Guatemala, la mujer advierte que le duele no tener a su hijo, y además, revela que aún tiene una deuda pendiente, pues para viajar a Chiapas para identificarlo, prestó 15 mil “quetzales”, y luego necesitó otros 25 mil para velarlo y sepultarlo. Aparte de los 100 mil que destinaron para el viaje del “sueño americano”.
Ahora, tiene que chambear más duro porque aún le quedan dos hijas pequeñas, “no me dieron apoyo; solo en dos ocasiones me trajeron unas despensas, útiles escolares, pero fue una Casa del Migrante local, de ahí los gobiernos de Guatemala y México no me dieron nada; se olvidaron de nosotras”.
Antes de partir hacia México, Richard se dedicó a cultivar cebollas y, asimismo, terminó su bachillerato en Medicina; su meta era hacer dólares y continuar con su educación, pero ya no llegó.
“Qué puedo hacer, tuve que pensar en mi familia, porque si vamos a pedir justicia, nos pueden matar, por eso ahora lo dejamos todo en manos de Dios; pues la señora que me ofreció el viaje, me dijo que ella no tuvo la culpa de la muerte, porque nosotros la buscamos”.
A Nicolasa solo le queda el recuerdo, y el llanto se aparece en muchas ocasiones; “solo eso me quita un poquito la tristeza, solo me quedo con sus bonitos recuerdos”.
GOBIERNO SIEMPRE TRATÓ DE OCULTAR LA VERDAD
LSR dio cuenta, en su momento, de algunas irregularidades que se ventilaron después del accidente. Una de ellas fue la declaración, un día después de la tragedia, de Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, quien advirtió que el tráiler involucrado en el percance no pasó por ni un solo retén, pues éste no estaba instalado.
Sin embargo, este portal de noticias recorrió la zona y detectó un par de retenes por donde tuvo que haber pasado esa pesada “unidad”. Incluso, en el arco del mismo, hay dos cámaras que están colocadas de Chiapas a Tuxtla y un par más en el carril contrario; además, hay otra cámara conocida como “ojo de pescado”.
Asimismo, días después circuló un video donde el tráiler involucrado pasó por la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal y viceversa; en el mismo material, se observa al otro tráiler que llevaba migrantes, el cual llegaría a su destino.
Este viernes, cuando se cumple un año del accidente que acabó con la vida de 56 migrantes, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez ofrecerá una misa en el lugar de los hechos; se espera que se realicen otras acciones para pedir justicia.
(djh)