VIOLENCIA DE GÉNERO

Aurelia: tres años en prisión por un aborto fortuito; la acusan de homicidio

El proceso de Aurelia ha estado lleno de irregularidades, pues desde un inicio no supo de qué fue acusada; solo habla náhuatl y no tuvo intérprete

El proceso de Aurelia ha estado lleno de irregularidades, pues desde un inicio no supo de qué fue acusada; solo habla náhuatl y no tuvo intérprete
Aborto involuntario.El proceso de Aurelia ha estado lleno de irregularidades, pues desde un inicio no supo de qué fue acusada; solo habla náhuatl y no tuvo intérpreteCréditos: ESPECIAL
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CHILPANCINGO.- En mayo de 2019, Aurelia García Cruceño, de 18 años, fue abusada sexualmente por una autoridad comunitaria, 25 años mayor que ella, del poblado de Xochicalco, en Guerrero. Por temor y vergüenza, no le comunicó nada a su madre, decidió guardar silencio.

En su comunidad están regidos por usos y costumbres, por lo que sabía que era mal visto que una mujer tuviera vida sexual o se embarazara antes del matrimonio. Ante la preocupación de en algún momento se supiera, un mes después del abuso que sufrió, Aurelia decidió huir de su pueblo y refugiarse en casa de una tía, en Iguala, donde planeaba comenzar una nueva vida. En ese momento, Aurelia desconocía que estaba embarazada.

Ya en Iguala, Aurelia comenzó su nueva vida, pero meses después, el 2 de octubre de 2019, comenzó a tener dolores fuertes y sangrados intensos, lo que un par de días después derivó en que, de forma repentina, sufriera un aborto involuntario. Ese día, Aurelia comenzó a desangrarse y perdió el conocimiento. Fue encontrada por su tía y llevada de emergencia a un hospital.

Al llegar al hospital lograron estabilizarla, detuvieron la hemorragia y Aurelia salvó la vida. Sin embargo, en ese momento comenzó su calvario. Sin saber lo que le había ocurrido, cuando recobró el conocimiento estaba esposada de pies y manos. La fiscalía de Guerrero la tenía detenida.

Un día después del aborto involuntario, y sin estar recuperada ni dada de alta por los médicos, Aurelia fue detenida y acusada por el delito de homicidio en razón de parentesco. La acusaron de haber “asesinado” a su hijo.

Aurelia fue trasladada a un penal y al leerle sus derechos y de qué era acusada, no le fue proporcionado un intérprete. Ella solo hablaba náhuatl, por lo que nunca supo de qué se le acusaba y por qué estaba siendo encarcelada.

Después de ser encarcelada, Aurelia fue sentenciada por homicidio en razón de parentesco. Sin embargo, al detectar en el caso graves irregularidades, las abogadas Verónica Garzón y Ximena Ugarte tomaron decidieron defenderla.

LAS IRREGULARIDADES

Las declaraciones del policía que señaló a Aurelia de cometer homicidio en razón de parentesco fueron alteradas hasta cuatro veces.

El proceso de detención fue ilegal, ya que Aurelia nunca tuvo un intérprete, por lo que no sabía cuáles eran los derechos que le leían, además de que Aurelia aún estaba hospitalizada y no había sido dada de alta cuando ocurrió su detención.

El dictamen de medicina forense del producto presenta grandes irregularidades, ya que no se analizó con todas las técnicas y protocolos que requiere una necropsia.

En cambio, utilizaron la “Docimasia Pulmonar” para determinar la culpabilidad de Aurelia. La “Docimasia Pulmonar” es una polémica técnica que no goza de fiabilidad en la comunidad científica internacional y que consiste en partir en 4 el pulmón de un recién nacido. Si dicho trozo de pulmón flota, el producto nació con vida, si se va al fondo, ese bebé ya venía sin vida desde el vientre.

Es decir que el médico forense que realizó esta prueba en el caso de Aurelia determinó que sí hubo vida en el producto.

Nunca hubo otro examen o prueba para determinar la situación del parto de Aurelia ni del producto por parte del médico forense que, de acuerdo con la comunidad científica y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta prueba tiene un margen de error alto y no es confiable.

Ante todas estas irregularidades, las abogadas de Aurelia aseguran que se violaron todos sus derechos, por lo que se dedicaron a recabar pruebas para comprobar su inocencia desde que el proceso comenzó en el mes de julio, cuando fue sentenciada.

LA SENTENCIA

El 8 julio de 2021, Aurelia fue sentenciada a 13 años y siete meses de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco. Siete días después, las abogadas presentaron un recurso de apelación.

El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León ordenó la reposición del proceso por las evidentes violaciones al debido proceso.

El 20 de julio de 2022, la defensa de Aurelia solicitó el cambio de medida cautelar, que se le retirara la prisión preventiva oficiosa, tras llevar casi cuatro años de prisión, cuando el límite para esa medida son dos.

El 1 de diciembre de 2022 se llevó a cabo su última audiencia de juicio, más de 3 años después de que fuera vinculada a proceso. Finalmente, el próximo 20 de diciembre se llevará cabo la audiencia resolutoria del proceso en contra de Aurelia García Cruceño.

LAS VÍCTIMAS

Asociaciones feministas han detectado a más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, por lo que exigen liberarlas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional su penalización.

Sin embargo, las mujeres no están condenadas de forma oficial por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados, expuso este martes Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres.

“En el país no existen mujeres en la cárcel por el delito de aborto, existen 200 mujeres en las cárceles por delitos relacionados, son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas y les configuraron delitos más graves”, advirtió.

El 7 de septiembre de 2021 es un día histórico por el fallo de la SCJN, que por primera vez declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que las ayuden con consentimiento.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

Pero Cruz señaló que los jueces imputan a las mujeres estos otros cargos, aunque aclaró que “el que el delito de aborto se declare inconstitucional va a aminorar muchísimo la posibilidad de que también a estas mujeres las criminalicen con delitos mucho más graves”.

”Nos va a costar un poco más porque tenemos que ir cambiando el imaginario social, que dejen de criminalizar o imponer maternidad a las mujeres, incluidas víctimas de violación”, reconoció.

 

 

 

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