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“Justicia para mi Mariana”: últimas palabras de la mamá de doctora asesinada

María de Lourdes Dávalos Ábrego falleció este sábado; se fue en medio de una estela de impunidad

Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- “Ofreceré esta conferencia de prensa, la última, porque tengo que viajar a la Ciudad de México para que me atiendan de un problema de salud; creo que es importante dar a conocer los avances de las investigaciones, de las irregularidades, en el feminicidio de mi hija”.

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Ése fue uno de los últimos mensajes que ofreció en marzo pasado, en esta capital, María de Lourdes Dávalos Ábrego, mamá de Mariana Sánchez Dávalos, doctora asesinada en enero de este año en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, donde efectuaba su servicio social por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Doña María de Lourdes dejó de existir este sábado, según su abogado Carlos Hugo Tondopó, por un problema de cáncer en los huesos. Sin embargo, en diciembre de 2020 ya le habían extirpado un seno, como ella misma lo reveló en un video.

Las lamentaciones de cientos o miles de personas no se hicieron esperar, sobre todo en redes sociales como Facebook, pues ella era la única voz de su familia que exigía justicia.

La madre no solo cargó con una enfermedad que le consumía la salud, sino con la impunidad en el caso de Mariana: desde un principio, ella sabía que algo estaba mal, pues el informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió que la doctora murió por asfixia mecánica secundaria por estrangulamiento.

Es decir, supuestamente se suicidó en el cuarto que le otorgaban en esa localidad de la Selva chiapaneca. Su cuerpo fue hallado el 28 de enero de 2021, de rodillas (semigenuflexionada) y con una soga que le rodeaba el cuello.

No obstante, las dudas aumentaban, debido a que desde octubre del año pasado la médica sufrió hostigamiento sexual por parte de su compañero del Centro de Salud de Nueva Palestina, también galeno, identificado como Fernando Cuauhtémoc “N”, quien hoy está en prisión en Ocosingo, en espera de que le dicten sentencia por ese delito. Es el principal sospechoso de esa muerte.

De hecho, él fue el segundo detenido después de la directora de la clínica de Nueva Palestina, de nombre Analí “N”, por el delito de abuso de autoridad. Además, Fernando “N” es señalado de violación sexual desde el 2014; por ello, el 20 de mayo de ese año, activistas convocaron a una rueda de prensa para dar a conocer el caso y la inacción de las autoridades. De acuerdo con lo investigado, el médico estaría involucrado en varios delitos de la misma índole.

En la actualidad, aunque las pesquisas continúan, según la misma FGE, la justicia se ve lejana: el cadáver de Mariana fue cremado un día después de que la hallaran muerta, lo que al parecer dificulta determinar el motivo real del deceso.

En este caso, las autoridades chiapanecas se pasaron por encima el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que los cuerpos no deben ser cremados cuando hay una muerte violenta.

REACCIONES

Tras el revuelo que provocó este caso, a través de un comunicado, la misma Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, informó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) le darían seguimiento al asesinato e, incluso, solicitó a la Fiscalía de Feminicidios en Chiapas aplicar el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género.

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades estatales deslindar responsabilidades y garantizar la aplicación de la Ley General de Víctimas en este caso. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas también inició un expediente de queja al respecto.

Pero no solo eso: asociaciones civiles, colegios de médicos, estudiantes y académicos de otras universidades también se sumaron a la exigencia de justicia, e incluso hubo señalamientos directos en contra de autoridades que fueron omisas al llamado de auxilio de la doctora Mariana.

En ese momento, Édgar Guadarrama, presidente del Colegio Estatal de Pediatría, puso el dedo en la llaga, al señalar que las autoridades en Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud estatal ignoraron los protocolos para asistencia de víctimas de violencia.

EL OTRO “VIACRUCIS” DE MARIANA

A pesar del constante llamado de auxilio de Mariana Sánchez ante el hostigamiento sexual que sufría, pocos o nadie la escucharon.

Ella llegó a Nueva Palestina como prestadora de servicio, pero le dieron la espalda a su solicitud para que fuera cambiada a otra localidad, lejos de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenecía, la de Palenque.

Una de las negativas provino de Mariana Lazos Salgado, subdirectora de Enseñanza y Educación en Salud quien, de acuerdo con versiones de allegados a la víctima, solo le dijo que se tomara un mes para recuperarse y que después regresara a sus labores. La funcionaria fue una de las cesadas por la misma SS del estado.

De hecho, ni la misma FGE le brindó seguridad mientras se desempeñaba en esa región. Pero esa no fue la única puerta que se le cerró: la Facultad de Medicina de la Unach para la cual estudió, tampoco atendió su petición, y días después, Carlos Natarén Nadayapa, rector de esa casa de estudios, prácticamente aseguraba que Mariana nunca les solicitó el apoyo.

HAY PRUEBAS

“Una noche pidió ayuda porque un médico de base intentó abusar de ella, no lo logró físicamente, pero sí consiguió que se sintiera más sola”, publicó en ese entonces, y por medio de Facebook, Paola Camargo, una de las mejores amigas de Mariana.

Las anomalías supuraban: días después del suceso, compañeros de la joven fallecida, quienes prestaban su servicio social, proporcionaron a los medios de comunicación 4 audios de una reunión sostenida con la exdirectora de la Facultad de Medicina de la Unach, Ana María Flores, quien prácticamente “le aventó el problema” a la Secretaría de Salud por no haber atendido la demanda de auxilio de Mariana.

Lo que generó más revuelo, fue su siguiente declaración: “Gracias a Dios, Mariana no sufrió algo que es vil ante los humanos: hacer algo que tú no quieras… Siento cuando un hombre o mujer son asesinados, pero en el caso de Mariana, tenemos que ser respetuosos con la carpeta de investigación que se abrió, vamos a estar pendientes, y necesitamos respuestas; que quede claro cuál fue el motivo”.

Según ella, la mamá de Mariana evidenció que no le hacían caso en la SS, “pero si es cierto eso, nosotros nunca nos enteramos, al menos por la vía escrita, se debió haber tornado una copia (de la solicitud) a su facultad, y no lo hizo”. Pero si SS tuvo parte de ese escrito y no lo comunicó, también tendrán que hacer sus pruebas, resaltó en ese entonces.

VÍCTIMA SÍ PIDIÓ AYUDA

Desde el 11 de noviembre de 2020, Mariana advirtió, a través de un escrito, que sufría acoso sexual por parte de su compañero médico, pero los responsables de canalizarla con el Ministerio Público, es decir autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 6, la ignoraron.

El oficio está sellado y recibido por quien hoy es imputada por el delito de abuso de autoridad: Analy Correa Hernández, directora de la clínica en la comunidad indígena Nueva Palestina, donde ocurrió el feminicidio.

Esta prueba, integrada a la carpeta de investigación del caso y que cuenta con un par de sellos (uno de ellos con fecha 17 de noviembre), 4 firmas --incluida la de Mariana-- e incluso el tiempo de recibido (14 horas), revela los nombres de otros funcionarios que también firman de enterados, entre éstos Andrés Alayón Pascacio y José de Jesús Balderas.

En éste, la profesionista de 24 años de edad advierte que el doctor en mención trató de abusar sexualmente de ella, por la noche, por lo que decidió dejar esa constancia como prueba de lo que le llegara a suceder.

DOÑA MARÍA DE LOURDES TAMBIÉN ENFRENTÓ “TRABAS”

Desde el 28 de enero pasado cuando fue hallada muerta su hija, María de Lourdes advirtió que no había recibido copia “ni he tenido acceso a la carpeta de investigación”.

Ante la negativa de la FGE de entregarle la carpeta, buscaría el amparo de la justicia federal. Incluso, recordó que, sin su consentimiento, su hija fue cremada. Antes de fallecer, la madre, a través de su defensa, solicitó cerca de 20 entrevistas con la FGE, pero no obtuvo una respuesta positiva.

Incluso, se enteró de que el miércoles 2 de junio pasado, Omar Heleria Reyes, juez de Control de Ocosingo, le había otorgado la libertad a Fernando Cuauhtémoc “N”, aunque horas después se confirmó que éste continuaría el proceso bajo medida cautelar de prisión preventiva justificada; se presume que la presión de los medios de comunicación y de la misma sociedad hicieron recular a esa autoridad.

En esa fecha, el abogado defensor Carlos Tondopó advirtió: “En la primera audiencia que se celebró hoy miércoles a las 9:30 de la mañana, el juez determinó procedente la libertad del imputado, pero como esto se dio a conocer en los medios de comunicación, de inmediato al juez, de seguro, le instruyeron que hiciera otra audiencia, en la que negó la suspensión condicional del proceso, o sea que enmendó su error a través de un acto ilegal”.

En cuanto a la decisión de que Fernando continuara en prisión, Tondopó explicó que ellos cuentan con la prueba de que el mismo juez Heleria les sugirió que solicitaran la reparación del daño, “pero dijimos que no caeríamos en su jueguito”.

Lo que más le molesta e indigna, es que la mamá de Mariana nunca estuvo de acuerdo, ni tampoco se le garantizó una reparación del daño.

LA DETENCIÓN DE FERNANDO CUAUHTÉMOC

La FGE informó que el pasado 10 de febrero fue arrestado Fernando Cuauhtémoc “N” por hostigamiento sexual en contra de Mariana Sánchez. Tras este hecho, en un video que circuló ese mismo día, el imputado se abraza con una mujer, al parecer su madre, y luego explica que se entregaría a las autoridades, de forma voluntaria, para comparecer ante el Tribunal de Enjuiciamiento en esta entidad.

Me inculpan de situaciones muy graves, delicadas, en las cuales yo no incurrí en esas imputaciones, pero la ley ha sido injusta contra nosotros, con la familia; en domicilios de la familia en Tuxtla Gutiérrez, en Yajalón, en el rancho de mi abuelo, hemos sido agredidos”, aseguró en la grabación

Incluso señaló como responsable de ese “acoso” a Martha Hernández, de la FGE, con quien según acordó que le avisarían, de forma previa y mediante una llamada telefónica, sobre el caso.

“Nunca me llegaron los mensajes, al contrario, llegaron personas armadas, vestidas de civil, y arremetieron contra nuestras propiedades, y agredieron a todos los integrantes de mi familia”, evidenció.

5 DE MARZO, LA ÚLTIMA CONFERENCIA

Ante la serie de supuestas irregularidades, fallas y omisiones por parte de la FGE en torno al caso y tras escudriñar cada una de las fojas de la carpeta de investigación, Carlos Hugo Tondopó cuestionó todas las pruebas que presentó la autoridad, desde el error del fiscal del Ministerio Público de permitir la cremación del cuerpo de la doctora el pasado 29 de enero, hasta la contaminación de la escena del crimen.

En el oficio aparece el nombre de Edna Guadalupe Dávalos Ábrego, tía de Mariana, quien solicitó la entrega del cadáver para que fuera cremado, petición que fue firmada no solo por ella, sino por el mismo fiscal del MP.

En este mismo hecho, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria VI, María Elsa López González, autorizó el traslado del cadáver para que fuera cremado en la funeraria “Mausoleo La Esperanza”, en Tuxtla Gutiérrez.

Sin embargo, en el documento de la necropsia de ley no se explica por qué la ropa interior (biquini blanco) de la víctima presentaba manchas de sangre provenientes de la vagina, es decir, si se derivó por un posible daño en alguna parte del intestino.

“Porque, lo que les podemos decir, es que un cadáver sí deyecta porque existe una relajación del esfínter, o hay orín, pero no sangre, a menos que haya habido alguna agresión, una lesión”, puntualizó en una rueda de prensa a principios de marzo, Carlos Hugo Tondopó.

Lo que les genera molestias y muchas preocupaciones, dijo en ese momento, es que si no hay cadáver completo, cómo podrían saber si ese dictamen está bien hecho y que la resolución de la FGE sería el correcto: asfixia mecánica por ahorcamiento.

Entre otros detalles, tanto él como la también abogada Monserrat Anthor Morales detallaron la recreación que hizo la FGE sobre cómo Mariana supuestamente se ahorcaría, pues para ellos es casi imposible que ella misma lo hiciera.

En la narración basada en el dictamen pericial de la FGE del 9 de febrero, la médica fue hallada hincada sobre un cojín en el cuarto que le brindaron en esa localidad indígena. En su cuello, tenía amarrada una cuerda, sin embargo, para los litigantes lo que les parece raro es que cuando la encuentran, el nudo del mismo estuviera aflojado.

Incluso, Tondopó imitó el posible movimiento que haría la víctima, es decir también se hincó y se genuflexionó hacia delante. “Es imposible, nunca se había visto esto”, refutó.

En ese mismo documento oficial, se advierte que para hacer el dictamen pericial “hubo la venia” de Javier Gómez, comisariado ejidal de Nueva Palestina, y lo más grave: aparece un informe pericial del 30 de enero, recibido el 9 de marzo de este mismo año, en el que se evidencia que no se tuvieron los cuidados para preservar la escena del crimen, responsabilidad del fiscal encargado de esa carpeta de investigación, adscrito a la región Selva.

FERNANDO: UN PASADO OSCURO

Con base en una resolución del 30 de julio de 2015 de la Secretaría de Salud del estado, se evidenció que al galeno imputado lo habían separado del cargo por un caso de acoso sexual en 2014.

El secretario del Sindicato de los Trabajadores de Seguridad le pide al director del Instituto que lo regrese a sus labores, siempre y cuando no le pague los salarios caídos”, reveló Tondopó

Francisco Paniagua Morgan, secretario de Salud en ese momento, ordenó que lo restituyeran en su puesto. “Si él no lo hubiera avalado, existe la posibilidad de que el acoso contra Mariana no se hubiera dado”, externó.

Tondopó y Anthor han insistido en que, ante la falta del cadáver, lo más viable era echar mano de las pruebas indirectas, como contar con el equipo telefónico del galeno, para efectuar una geolocalización y de esa manera saber si ese día Fernando estuvo en el cuarto donde fue asesinada ella, o si hubo otro u otros implicados.

Otra situación que abonaría al caso, es que se presenten los testigos clave del hecho, como una persona, al parecer allegada a Mariana, que advirtió en redes sociales que, cuando entró al cuarto que compartían, pensó que ella estaba meditando, sin embargo, sí notó que tenía amarrada una soga al cuello.

Incluso, esa testigo refiere que luego entró al cuarto, se acostó en su cama, y que cuando volteó, se dio cuenta de que su compañera había perecido.

DUDOSA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA

En la última rueda de prensa de marzo y ante la presencia de doña María de Lourdes, Monserrat Anthor presentó otras fallas u omisiones de la autoridad: en el sitio de los hechos no se recurrió a la prueba de luminol para detectar si había rastros de sangre en piso, paredes u otros objetos.

Además, tampoco fueron aplicados los reactivos para la búsqueda de elementos lofoscópicos, los cuales revelarían si hubo huellas de otras personas en la escena del crimen.

Entre otras cosas, el médico legista no tomó en cuenta las cavidades del cuerpo de forma microscópica, sino solo macroscópicas, “sabemos que, como lo maneja la FGE, el ahorcamiento es muchas veces utilizado para evadir la verdadera causa de muerte de una persona”, aseveró en ese entonces.

Como aún no veían un pronunciamiento de la FGE sobre este tema, los abogados y María de Lourdes Dávalos Ábrego acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que atrajera el caso, sin embargo, ésta se negó y les regresó la carpeta de investigación.

“Ella (María de Lourdes Dávalos) ya estaba muy cansada de lo que pasaba, del desprecio de las autoridades”, afirmó Tondopó, quien aseguró que no descansarán hasta que se haga justicia.

 

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