TUXTLA GUTIÉRREZ.- Luego de que decenas de migrantes fueran torturados en la Estación Migratoria “Siglo 21” de Tapachula, el pasado 15 de junio, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunció la falta de acciones contundentes por parte del Poder Judicial de la Federación para garantizarles la protección necesaria y evitar esos actos que, a todas luces, son ilegales.
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Ese día, cerca de 800 personas indocumentadas, la mayor parte de Centroamérica, empezaron a confrontarse con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y del INM, afuera y adentro de la Estación Migratoria “Siglo XXI” de la ciudad fronteriza; de hecho, en ese momento se reportaron varios heridos.
La situación se mantuvo tensa debido a que algunos de ellos intercambiaron palabras con los uniformados, mientras esperaban que su trámite como refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) por fin se hiciera realidad, tras semanas o meses de espera.
De acuerdo con los solicitantes, la molestia se agudizó porque se enteraron de que Paola López Rodas, subdelegada del INM ordenó, de forma discrecional, no atenderlos “hasta cansarlos”.
A través de un comunicado, el Colectivo de Observación afirmó que se vivieron actos de tortura a los que fueron sometidos los hombres detenidos en el módulo masculino, luego de que protestaran por la falta de claridad en sus procesos migratorios y de acceso al refugio, y por recibir comida en descomposición.
CATORCE HORAS BAJO EL SOL
Según los testimonios, fueron sacados al patio de la estación migratoria, algunos recibieron golpes y todos obligados a acostarse boca arriba con las manos en la nuca, posición en la que permanecieron 14 horas bajo el sol y la lluvia, con la prohibición de cerrar los ojos, bajo amenaza de ser golpeados si así lo hicieran.
En una de las imágenes, que dan cuenta de las agresiones físicas, se observa cómo una mujer originaria de Cuba presenta los pies hinchados y “úlceras” en ambas piernas. Incluso, se advierte que contrajo una “rara” enfermedad mientras estuvo en esa estación migratoria.
Problemas respiratorios, debilidad y dolores en el cuerpo e impactos psicológicos fueron algunas de las secuelas que sufrió la mayoría de migrantes torturados el pasado 15 de junio.
AMPARO Y QUEJA
Ante estos hechos, el Colectivo de Observación afirmó que ya se interpusieron un amparo con el número 254/2021 y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para solicitar una visita de inspección judicial y de la Comisión a la estación migratoria.
Además, solicitaron evitar la deportación o devolución de las personas alojadas en el módulo de hombres el día 15 de junio, “hasta en tanto se manifiesta su libre voluntad en este sentido”. Entre otras cuestiones, pidió remitir la lista de personas detenidas en dicho módulo y videograbaciones del día y horario indicados.
El comunicado, firmado por las organizaciones de la sociedad civil, reza que la respuesta del Poder Judicial solicitando a la organización promovente la identificación de las posibles víctimas y su presentación ante las autoridades, deslinda de responsabilidad al Estado en tanto que es el único ente en posesión de los datos.
A la par, impide el acceso a atención médica y psicológica de las mismas y deja de manifiesto la falta de mecanismos efectivos de acceso a la justicia para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en México.
Estos actos de violencia a manos de las autoridades migratorias mexicanas han sido denunciados en innumerables ocasiones tanto por defensores como por los propios migrantes y sus familiares, pero las prácticas continúan sin importar el llamado internacional a los derechos humanos
Dejó en claro que “la participación de la Guardia Nacional en tareas de control y verificación migratorio y la designación de autoridades con formación militar en cargos directivos o de representación en el INM, expone a las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas a múltiples abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos, como lo ha señalado incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Entrevistado por aparte, Luis García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana, externó que estas acciones se convierten en una arbitrariedad, “y se agrava más el problema porque se empiezan a vender documentos apócrifos, y en todos los casos están coludidos elementos del INM”.
“El artículo 52 de la Ley de Migración le permite al migrante tener un documento válido por un año en todo México; y por una decisión de escritorio, al margen de la ley, no se las quieren hacer válida”, lamentó el activista, quien también condenó el que se utilice la fuerza en contra de quienes solo buscan refugio ante la violencia o pobreza que viven en sus países.
La Silla Rota solicitó postura al INM, pero hasta el momento de esta publicación no la hubo.
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