TUXTLA GUTIÉRREZ.- En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación por la muerte de 21 pobladores, entre ellos nueve niños, quienes enfermaron por los lixiviados que emanan del basurero y que contaminan el agua que ellos consumen. A la fecha, el gobierno del estado aún no atiende el llamado.
Frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ángel Ancheyta Villafuerte, abogado de los pobladores del ejido Emiliano Zapata, en esta ciudad capital, afectados por la contaminación tanto del aire como del agua, lamentó que el Estado sea omiso para atender sus obligaciones en materias de salud y medio ambiente.
Foto Christian González
“Se ha presentado un patrón de fallecimientos de cáncer entre la población, y hasta el 2018, cuando presentamos la solicitud a la CIDH, había 21 fallecidos, y hasta la fecha se suman cuatro más, más otras seis personas que están enfermas de ese mal”, detalló.
Además, puntualizó, existen algunas sentencias favorables como la resolución de suspensión definitiva con efectos restitutorios, emitida como una medida cautelar, e “incluso hay una medida cautelar que proviene de la CEDH, pero tampoco han obtenido respuestas favorables”.
De acuerdo con los comuneros, los lixiviados (jugo de la basura) afectan a las cerca de 5 mil personas que habitan ese ejido. Entre otros detalles, revelaron que en estudios realizados con anterioridad por la propia Comisión Nacional del Agua, fueron hallados en las aguas subterráneas residuos de aluminio, cromo y otros metales pesados, así como coliformes y heces que impactan de forma directa en la localidad.
Ángel Ancheyta.
Aunque en los últimos años el control del relleno sanitario ha estado en manos de dos empresas: primero la española “Proactiva”, y en la actualidad la francesa “Veolia”, los problemas continúan para las familias cercanas a ese espacio donde son depositados las cerca de 5 mil toneladas de desperdicios generadas a diario en la capital chiapaneca.
Al respecto, Ángel Ancheyta reiteró que la atención de servicios médicos para los habitantes ha sido nula, es decir al menos que ésta sea accesible y de calidad. “No es posible que transcurra hasta una hora para que reciban la atención médica”, evidenció.
Como no han obtenido el respaldo del gobierno de la entidad, los inconformes advirtieron que seguirán la ruta de la CIDH y de otros organismos internacionales, para que presionen a las autoridades mexicanas para que se haga algo ante lo que atenta no solo contra el medio ambiente, sino contra la vida de los ejidatarios.
esc