TUXTLA GUTIÉRREZ.- La ambientalista, Nora López fue hallada muerta el 22 de agosto de 2019, en la habitación de un hostal de Palenque, donde trabajaba. Entre diciembre de 2018 y septiembre de este año, en Chiapas han asesinado a ocho activistas; una mujer y siete hombres.
De las ocho víctimas ni una ha obtenido justicia, según el reporte denominado “Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas” del gobierno federal.
En ese lapso, a nivel nacional se han cometido 47 homicidios contra periodistas y 94 de personas defensoras de derechos humanos; de estas últimas, ocho han ocurrido en Chiapas: un par de casos en Amatán, con Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez; dos más en Palenque (una de ellas Nora Patricia López León), uno en Arriaga (Sínar Corzo), otro más en Venustiano Carranza; Acteal, Chenalhó (Simón Pedro Pérez López ejecutado en Simojovel) y uno de Amatenango.
En este padrón, no se tomó en cuenta el crimen de Cruz Alfredo Salinas Barcelot, defensor de derechos de campesinos, quien fue ejecutado a balazos, en febrero pasado, por hombres que se trasladaban en una motocicleta en la ciudad de Tapachula, en la región Soconusco de Chiapas.
En general, la lista de defensores muertos la encabeza Guerrero con 21; le sigue Oaxaca con 14, y con ocho aparecen Chiapas y Chihuahua; mientras que con seis están Veracruz y Michoacán. De los 94 defensores o activistas asesinados, 71 eran hombres y 23 mujeres.
LENTITUD EN CASOS
De los 47 periodistas asesinados, solo se ha dictado sentencia en cinco casos, es decir que hay 89.37% de impunidad; mientras que el panorama para los defensores de derechos humanos es peor: de los 97 hechos, solo ha habido sentencia para un par, lo que equivale a una impunidad del 99%.
En el caso de Chiapas, de los ocho activistas acribillados, solo Noé Jiménez Pablo, integrante del Mocri-CNPA-MN, formaba parte del Mecanismo de Protección a nivel nacional; de hecho, su carpeta de investigación está vinculada a proceso, además se liberaron nueve órdenes de aprehensión, de las cuales solo se han ejecutado dos.
Noé y José Santiago fueron hallados muertos en enero de 2019 en un basurero de Amatán, en la región Norte de esa entidad, con huellas de tortura; las pesquisas judiciales de estos crímenes giran sobre el presunto grupo paramilitar que encabezan los caciques de apellido Carpio Mayorga, quienes presuntamente tienen vínculos con los senadores chiapanecos Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar, exgobernador y exsecretario general de Gobierno, respectivamente.
El último de los asesinatos fue el de Simón Pedro, asesinado junto a su hijo menor de edad cuando se dirigían al mercado público de Simojovel; de igual forma, un hombre, en motocicleta, le disparó en la frente.
Simón era integrante de la organización civil de Las Abejas de Acteal; sin embargo, su crimen está relacionado con el tema de Pantelhó, pues antes de las elecciones del pasado 6 de junio, él junto al padre Marcelo Pérez Pérez solicitaron que éstas no se celebraran debido al clima de narco-violencia que reinaba allí, lo que generó amenazas de muerte en su contra.
Otro caso que se mantiene en la etapa intermedia es el de Sínar Corzo Esquinca, acribillado, de igual forma por sujetos en moto, en enero del año 2019 en el municipio de Arriaga.
Al respecto, Lulú Corzo, su prima, lamenta que el asunto “esté empantanado, y lo peor es que ahora las personas o funcionarios que estuvieron a cargo de resolver el asunto y lo encarpetaron, hoy sean diputados o senadores”.
Por su lado, Luis Arvey Cruz, actual director de la organización defensora de derechos humanos “El Coloso de Piedra”, a la cual pertenecía Sínar, mencionó que apenas este miércoles se iniciaron procedimientos en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Chiapas, a raíz de una queja que interpusieron hace unas semanas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“En la primera porque hubo omisiones de algunos funcionarios, y en el segundo es en contra de un juez de Control que inició la causa penal, porque ha habido atrasos en el tema”
Para él, no es posible que el caso de Sínar no avance, a pesar de que ya se cuenten con las pruebas suficientes para sentenciar a los imputados, uno de ellos el exalcalde de Arriaga, David “N”.
Si el caso está detenido, supuso, fue por órdenes de Eduardo Ramírez Aguilar una vez que éste asumió la Mesa Directiva del Senado. “Pero esta es una teoría, aunque todo se acomoda por los tiempos en que se dieron ambos procesos”, argumentó.
MECANISMO DE PROTECCIÓN, ¿TIBIO?
De acuerdo con el reporte, durante esta administración federal morenista han ingresado al Mecanismo de Protección 708 personas, lo que significa un incremento del 88%, pues en éste ya había incluidos 798, correspondientes al gobierno peñanietista.
De los 1,506 ciudadanos empadronados, 495 se dedican al periodismo, de los cuales 136 son mujeres; el mayor número, es decir 1,011 son defensores de DH, en este caso el “grueso” son mujeres (543).
Asimismo, el 57% del total se concentra en seis entidades federativas: Ciudad de México (126), Oaxaca (123), Chiapas (93), Michoacán (92), Jalisco (79) y el Estado de México (70). Entre otros puntos, los derechos que más se defienden son: acceso a la justicia, verdad y reparación (67%), medio ambiente (26.2%), derechos sociales (22.8%) y defensa de migrantes (10.6%).
Para Luis Rey García Villagrán, defensor de derechos de migrantes en la entidad chiapaneca, el Mecanismo de Protección no garantiza en nada que pueden vivir tranquilos o seguros, “estoy inscrito en el mismo, y en la práctica no tiene funcionamiento; muy pocos tienen protección física, es decir con elementos policiacos”.
Ejemplificó el caso de Ramón Verdugo, también activista de Tapachula y quien ha denunciado abusos de todo tipo, incluidos casos de pederastia y trata de personas, a quien al principio le dotaban de un cuerpo de seguridad, pero luego se lo retiraron, “en mi caso, solo tengo un botón de pánico o emergencia, pero eso y nada, es lo mismo (sic) cuando te quieren matar”.
esc