TUXTLA GUTIÉRREZ.- El 19 de abril de 2019, al menos 60 agentes municipales y estatales irrumpieron en la vivienda de la familia Coutiño en la colonia San Pedro Buenavista, municipio de Villacorzo, en la región Frailesca de Chiapas. Sin una orden de aprehensión se llevaron a dos, antes golpearon a todos. Ante las protestas del por qué se los llevaban, fueron seis los detenidos.
Este jueves, Alondra Coutiño se plantó frente al Palacio de Gobierno del estado, para revelar las arbitrariedades que sufrieron sus padres, hermana, sobrino, además de su hijo y un amigo. Su padre aún sigue encarcelado, acusado de una serie de delitos que no cometió.
RELATO DE LOS HECHOS
De acuerdo con su versión, los ministeriales entraron a la casa de su papá y mamá de forma violenta, sustrajeron artículos, para luego sacar a golpes a su padre José Gregorio Coutiño Cruz, de 66 años y a su sobrino Óscar Alberto Coutiño Utrilla, de 20; los esposaron y los subieron en una camioneta. Mientras que a su madre, la empujaron hasta caer al suelo.
Como no les dijeron el porqué de la detención, ella y otros familiares siguieron a la decena de vehículos de la FGE, pero a la altura del ejido Revolución Mexicana, los agentes descendieron de los vehículos, los encañonaron con armas largas y se llevaron al resto de sus parientes, también de manera violenta.
Transcurrieron nueve días para verlos de nueva cuenta, lapso en el que los vendaron, los golpearon, les dieron choques eléctricos y les metieron la cabeza en una cubeta con agua para que firmaran una confesión auto inculpatoria, por un delito que no cometieron.
“A mi hijo lo pegaron al escape caliente de un vehículo y le provocaron quemaduras graves; ahí tiene las cicatrices. En la Fiscalía de Alto Impacto, una vez que supieron que ahí estaban, no les permitieron contactarlos, lo que sí fue posible hasta el 28 de abril de ese mismo año".
Para ella, la tortura en la FGE funciona como un mecanismo de fabricación de culpables, ante la falta de capacidad de investigar, o la voluntad de hacer bien su trabajo para llegar a la verdad de los hechos.
DE LA TORTURA FÍSICA, AL ENCIERRO INJUSTO
Robo ejecutado con violencia y agravado fueron los dos delitos por los que tenían que responder los imputados, quienes para el 29 de abril ya estaban en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, “El Amate”, municipio de Cintalapa de Figueroa. Un día después se celebró la primera audiencia.
De acuerdo con ella, el titular y el subdirector de la Fiscalía de Alto Impacto, Alfonso Enrique Méndez Rojas y Omar Alejandro Acero Arroyo, respectivamente, de inmediato informan, a través de un boletín, de la detención de seis personas por el asesinato del dueño del rancho “El Brasilito”, Santos Abdul Guízar Ruiz, a quienes –supuestamente- se les había decomisado una camioneta tipo Ford Ranger y un arsenal, exhibiéndolos en todos los medios de comunicación como delincuentes, “e iniciaron así un linchamiento mediático y violando el derecho a la presunción de inocencia”.
Dicho documento oficial fue publicado en todos los periódicos, en la página de la FGE y en la red social Facebook del entonces fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, “quien se negó a recibirnos en audiencia todas las veces que se lo solicitamos”.
PRECANDIDATO NEGLIGENTE
Alondra Coutiño advierte que “Llaven Abarca no debe ser candidato a diputado federal como pretende. Su paso por la Fiscalía y toda su carrera en la entonces Procuraduría, está manchada con casos de tortura desde que fue ministerio público, como quedó asentado en la recomendación número 26/2002 de la CNDH por actos de tortura del caso de Marqués de Comillas; así lo tiene documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de San Cristóbal”.
Para el 3 de mayo de 2019, se celebró la audiencia de vinculación a proceso en la que se expusieron las pruebas y evidencias de la detención arbitraria, la tortura y el cateo, sin ninguna orden de un juez.
Como respuesta, el juez dictó inmediata libertad, y dio vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los actos de tortura a la que fueron sometidos mis seis familiares, “pero hasta ahorita no sabemos si la Comisión abrió un expediente por la tortura”.
MÁS CARGOS SIN FUNDAMENTO
Alondra Coutiño detalla que en unas horas, la Fiscalía creó un nuevo montaje y libraron una orden de aprehensión en contra de su padre, al acusarlo ahora de tentativa de homicidio en agravio de la señora Genoveva Moreno Balbuena, en hechos ocurridos el 28 de marzo de 2019 en el restaurante “Boca del Río”, en la ribera de Cupía, municipio de Chiapa de Corzo, “sin que existiera una sola prueba en su contra, por lo que continuó en ‘El Amate’”.
Pero lo peor no fue eso. El 2 de mayo de 2019, la FGE da a conocer, a través de un boletín de prensa, la detención de cinco personas por los hechos donde resultó lesionada la señora Genoveva Moreno, “entonces si ya tienen a los verdaderos culpables, ¿por qué mantener a mi padre bajo proceso?”
“Mi padre es inocente de todo lo que se le ha acusado. La gente de San Pedro Buenavista donde ha vivido toda su vida lo puede atestiguar. Mi padre es un hombre de trabajo, nunca se ha metido en problemas, es un hombre dedicado a su hogar y a su trabajo en el campo”, manifestó.
En “El Amate”, dejó entrever, se agravaron los padecimientos que él presentaba y, como consecuencia, sufrió un infarto en la misma cárcel, “a nosotros como familia se nos negó que estuviéramos con él”.
Con todas las pruebas y peritajes en mano, el 9 de mayo del año pasado se efectuó la audiencia de vinculación a proceso, durante el cual también se presentaron declaraciones de su defensa y con hechos se comprobó dónde estuvo su padre el 28 de marzo de 2019.
A pesar de que la autoridad le concedió el arraigo domiciliario, el proceso no avanza, y debido al estado grave de salud de su progenitor, se ha solicitado a la Fiscalía de Alto Impacto se traslade a Tuxtla Gutiérrez para la debida atención de especialistas, pero se lo han negado.
Las puertas al parecer siguen cerradas para ellos, pues ni el actual fiscal general, Olaf Gómez Hernández, lo ha querido recibir, pese a que se le ha insistido. “Sentimos que es para proteger a Llaven Abarca y a todos los torturadores de la Fiscalía de Alto Impacto”.