La llamada Estafa Maestra sigue destapando involucrados, ahora fue el caso de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado del Estado de Morelos (UAEM), señalado del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes.
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De acuerdo con Reforma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad del exrector fincada en enero de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Empresa inexistente
Los desvío en la UAEM fueron de los primeros de la Estafa Maestra, cuando la universidad recibió el monto desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el 85 por ciento de esos recursos fueron enviados a la empresa Evyena Servicios y que no fueron localizados en domicilio fiscal que realizó la ASF.
De acuerdo con Zulema Mosri, magistrada y autora de la sentencia del TFJA, comentó que Sedesol dio por cumplidos desde el 15 de noviembre de 2013 los compromisos adquiridos por la UAEM, mediante un convenio firmado el 6 de mayo de ese año con Vera Jiménez.
Pero fue hasta diciembre cuando la UAEM licitó la contratación de los servicios de apoyo técnico para la Cruzada contra el Hambre, que adjudicó a la empresa Evyena y posteriormente se transfirieron los recursos.
La magistrada señala que el exrector incurrió en responsabilidad resarcitoria porque, en el convenio con la Sedesol, afirmó que la UAEM tenía capacidad técnica, material y humana para brindar los servicios, lo que no era cierto, ya que subcontrató una empresa privada.
Vera Jiménez fue rector de la UAEM de 2012 a 2018 y puede impugnar mediante amparo directo ante un tribunal colegiado, en caso de ser confirmada, la responsabilidad resarcitoria.
Así fue la Estafa Maestra
La Estafa Maestra una investigación periodística reveló en septiembre de 2017 una serie de desvío de recursos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
En esta red de desvíos de recursos públicos se involucra al menos a 11 dependencias entre ellas las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras, Petróleos Mexicanos e incluso universidades públicas y en donde participaron servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de más de 3 mil millones de pesos.
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