Main logo

Viacrucis de hondureño en Chiapas: lo detienen, torturan y encarcelan

Elementos policiacos de Ocosingo lo golpearon hasta el cansancio e, incluso, le desprendieron la mandíbula y le dañaron otras partes del cuerpo

Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Ángel Leonel Carvajal Mancilla emprendió hace dos décadas un viaje, casi sin retorno, de su natal Honduras a estas tierras chiapanecas, pero en enero de este 2020 nunca imaginó que el sueño de una mejor vida se convertiría en una pesadilla: elementos policiacos municipales de Ocosingo lo golpearon hasta el cansancio e, incluso, le desprendieron la mandíbula y le dañaron otras partes del cuerpo, por un delito que no cometería.

También lee: Cienfuegos, cuando la cocaína se convirtió en leche en polvo en Chiapas

Quien se desempeñaba como peón de albañil fue acusado, en primera instancia, del robo de una laptop y de una pantalla en detrimento de un militar, pero luego el fiscal del Ministerio Público de la región Selva de Chiapas, Víctor Hugo Nájera García, “torció” la carpeta de investigación (la cual se cerró apenas el pasado 12 de octubre): ahora lo acusaba de asalto a mano armada en el tramo carretero Ocosingo-San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la comunidad Jataté.

De acuerdo con Beatriz Adriana Cabrera Pérez, la detención está plagada de inconsistencias, debido a que a su esposo lo presentaron ante el MP hasta el 28 de enero de este año, cuando lo aprehendieron el 23 del mismo mes, lapso en el que lo torturaron; esta práctica incluyó la sumersión de su cabeza en agua de drenaje.

Fotos Christian González

La madre de 2 hijos, uno de ellos procreado con Gabriel, cuenta cómo el día del arresto se dirigió a los separos de la Policía Municipal para buscarlo, pero le negaron la existencia de su pareja; ante su insistencia, un día después le dicen que hay un hombre con las características de él, pero le dan otro nombre: Juan Alberto Gómez López.

BUSCA A UNA ONG

Como le negaban verlo, a Beatriz no le quedó de otra que solicitar el respaldo del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, de esa misma localidad, sin embargo este recurso utilizado por ella al parecer resultó contraproducente, pues el comandante Carlos Vandala, en contubernio con dicho MP, le exigió 30 mil pesos para supuestamente reparar el daño y dejarlo en libertad, y con la condicionante de que Gabriel ya no debería pisar Ocosingo, todo esto firmado en un documento. En ningún momento se presentaron el o los denunciantes, es decir la parte agraviada.

“Antes, el día 27, me permitió el acceso hasta donde estaba mi marido, e incluso que le llevara comida, pero sin duda le enojó mucho que yo acudiera a solicitar apoyo a ese Centro de Derechos Humanos, porque me dijo que esos papelitos no le hacían nada, ni le daba miedo”, relata en entrevista con La Silla Rota.

Aunque cuenta con todas las pruebas a su favor, como el que el asaltante es en realidad un salvadoreño que ya está identificado, Beatriz también escuchó cómo golpeaban a quien conoció hace un lustro y decidió vivir en unión libre: “Hablaba por teléfono con mi madre, y Gabriel empezó a pujar de los golpes que le daban; incluso un judicial me dijo: ‘¡Sácate a chingar a tu madre, qué haces aquí, a la verga!’ Varios policías lo golpearon, incluso el mismo comandante Vandala”.

VEJACIÓN TRAS VEJACIÓN

La tortura a la que fue sometido también derivó en que, por al menos 8 días, Gabriel portara la misma vestimenta desde el día de su detención: casi toda manchada producto de su trabajo en la albañilería, y sin recibir atención médica, sobre todo en la mandíbula y la columna. Tampoco le han brindado asistencia consular.

Gabriel estuvo encarcelado hasta mayo de este año en Ocosingo, pero para el 1 de junio lo trasladaron al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 16, en el municipio de Huixtla, de lo que Beatriz nunca se enteró e inclusive se le ha dificultado viajar hasta esa localidad de la zona del Soconusco porque no cuenta con dinero.

“Al parecer esto se lo hicieron porque no quise dar otros 10 mil pesos que me exigían para no cambiarlo de cárcel, y que no lo molestaran, pero no logré juntar esa cantidad, pues ¿de dónde la sacaba?”, confiesa.

La tortura también abarcó la parte psicológica: los uniformados tenían la encomienda de hostigar a Gabriel a cada instante, como decirle que si no aceptaba su culpabilidad, desaparecerían a Beatriz y a sus vástagos.

Durante estos meses, Beatriz prácticamente se olvidó de la pandemia y, en vez de preocuparse de contagiarse, comenzó a vender algunas de sus pertenencias como joyas, ropa, entre otras, para sobrevivir, mientras se define el futuro de su pareja, pues el defensor de oficio, de nombre Cecilio Filemón Gómez Gómez, le argumentó que el caso estaba “muy difícil”.

La última promesa que tiene es que Gabriel sea sometido a un procedimiento abreviado, es decir que acepte su culpa y, a cambio, lo sentenciarán por menos años. Otra anomalía en su proceso.

Todo esto “se haría efectivo” hasta que trascurra la pandemia por la covid-19, una “traba” más. Por un momento, Beatriz muestra su teléfono celular, y en él se observa la última fotografía que le tomó a su amado. Está desesperada, debido a que teme que sea sentenciado de forma injusta y que su bebé de 1 año y 2 meses se quede sin su padre.

FRAYBA ENTRA AL QUITE

Ante la desesperación de este caso de injusticia, la joven mamá acude en septiembre pretérito ante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal de Las Casas, cuyo abogado Gilberto Hernández también corroboró el cúmulo de irregularidades en la acusación por asalto a mano armada y pandillerismo.

Tras estudiar a fondo el caso, el litigante solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el de la Embajada de Honduras para que reconozca que Gabriel es ciudadano de su país y, asimismo, demandarle a la Fiscalía contra la Tortura que inicie una denuncia penal en contra de los policías torturadores y que le otorgaran la atención médica requerida.

De todas estas intervenciones solicitadas, lamenta, ha habido pocas respuestas, lo que lo orilló a presentar un amparo el 2 de octubre ante el Juzgado Primero de Tapachula, en contra de las instancias omisas para que se apresuren y los atiendan.

“Todo ha sido simulación porque, para empezar, no se reconoce que la mandíbula de Gabriel está mal, lastimada, y por eso insistimos que se haga algo más a detalle”, revela quien, en los últimos años, ha acompañado 4 casos similares en contra de migrantes, en los cuales se comprobó la inocencia de todos.

Con base en su experiencia, lo más viable es que la Fiscalía de Distrito Selva, a cargo de Alfonso Enrique Méndez, se desista de las acusaciones, y con ello Gabriel quede libre, sobre todo cuando se carecen de pruebas, y de hecho no es necesario ni siquiera aportar alguna.

TORTURA, UNA PRÁCTICA COMÚN EN CHIAPAS

De acuerdo con un informe del Frayba, mismo que abarca de julio de 2018 al mismo mes pero de 2019, se contabilizaron cerca de 45 casos de tortura en contra de personas de diferentes nacionalidades y grupos sociales: desde mestizos, indígenas, hasta migrantes, todos de bajos recursos; vulnerables.

“Al menos a esta gente (migrantes) la consideran como delincuente… ese es el concepto que les tienen las autoridades, y por eso los cazan y los meten a la cárcel; las autoridades distorsionan los expedientes, es una práctica común”, enfatiza Hernández, quien especifica que la tendencia de casos de tortura en la entidad se mantiene igual o peor hasta la fecha.

Mientras tanto Gabriel, quien aprendió a tejer hamacas en la prisión de Huixtla para solventar algunos gastos como las llamadas telefónicas a Beatriz, tendrá que esperar al menos que la contingencia sanitaria merme en gran medida, ya que el proceso judicial está detenido, lo que implica que, sin duda, todos los plazos también estén “congelados”.